Ciudad de México.- Cinco militares señalados por el asesinato de los estudiantes Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo del Tecnológico de Monterrey, en 2010, fueron sentenciados a 90 años de prisión.
El juez José Reynoso Castillo, titular del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el estado de Nuevo León, ejecutó la sentencia contra cinco de los seis agentes ligados en el caso, pues los halló culpables del delito de homicidio calificado con agravante de ventaja.
“Cuando te dan una noticia de que encarcelan, en lo personal, a mí me movió mucho.
Cuando oí 90 años, pues la verdad yo lo primero que pensé fue en las familias, pero también pensé que ellos cuando ejecutaron no pensaron en las familias de estos dos muchachos”, declaró Rosy Mercado, madre de Jorge Antonio.
El colectivo “Todxs somos Jorge y Javier” señaló que la sentencia significa un triunfo que, a través de instituciones civiles, se logre procesar violaciones graves a los derechos humanos cometidas por el Ejército.
“Intuimos que, conforme a sus derechos, los militares declarados culpables tratarán de apelar la sentencia.
Esperamos contar con toda su solidaridad como siempre para defenderla”, añadió.
Asimismo, aseguró que aún hay otros cinco delitos inscritos en el nuevo sistema de justicia y que aún no se procesan: robo de identidad, abuso de autoridad, exceso de fuerzas, entre otros.
De igual manera, la organización dedicó esta resolución a Haydeé Verdugo y Javier Arredondo, padres de Javier Francisco, quienes fallecieron sin conocer la sentencia.
En marzo de 2019, Olga Sánchez Cordero, entonces Secretaria de Gobernación, ofreció una disculpa pública a los padres de los jóvenes y reconoció que eran estudiantes de excelencia y no sicarios.
También destacó el compromiso del Gobierno federal de “implementar las medidas que aseguren la no repetición, para que los hechos no vuelvan a suceder a ninguna otra persona en nuestro país”.
“Señora Rosa, señor Joel; señora Aide y señor Aurelio Javier: a nombre del Estado Mexicano les ofrezco una disculpa pública por la violación a sus derechos en el marco del uso excesivo de la fuerza por el que fueron privados de la vida sus hijos Jorge Antonio y Javier Francisco por los elementos del Ejército Mexicano.
Por la violación de su derecho de acceso de justicia y de conocer la verdad sobre los hechos […]. Les ofrezco una disculpa por el daño a la imagen, el honor y la buena fama de Jorge Antonio y Javier Francisco, derivadas de las falsas acusaciones y la alteración de la escena de los hechos”, dijo Sánchez Cordero.
La titular de la Segob destacó que “Jorge Antonio y Javier Francisco eran estudiantes de excelencia del Tec de Monterrey, no sicarios”, como se les catalogó en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, cuando sucedieron los hechos.
¿QUÉ FUE LO QUE PASÓ?
Hace 13 años, la madrugada del 19 de marzo de 2010, Jorge Antonio Mercado Alonso, estudiante de la maestría en Ciencias, y Javier Francisco Arredondo Verdugo, quien cursaba el doctorado en Ciencias, fueron asesinados por el Ejército Mexicano durante un tiroteo.
Los militares intentaron hacerlos pasar por sicarios del crimen organizado y les “sembraron” armas, hasta que se descubrió la verdad.
El gobierno de Felipe Calderón identificó en esa ocasión a los jóvenes como sicarios. T
ras asesinarlos, el Ejército dijo que confundió a los estudiantes con criminales porque momentos antes de que ellos salieran del campus del ITESM, los soldados habían sostenido un enfrentamiento con presuntos delincuentes que trataron de darse a la fuga y supuestamente se habrían internado en el Tecnológico.
Esa noche de marzo del 2010, según versiones de algunos compañeros, los jóvenes se encontraban en el campus revisando sus tesis.
Tardaron varias horas en el campus y a su salida, durante la madrugada, fue cuando se encontraron con la balacera entre los elementos del Ejército y una presunta banda de delincuentes.
En agosto de ese año la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) confirmó que los soldados intentaron hacer pasar a los estudiantes como pistoleros, sembrando las armas, y los golpearon hasta matarlos.
También indicó que la entonces Procuraduría General de la República (PGR), la Procuraduría de Nuevo León y la Procuraduría de Justicia Militar obstaculizaron la investigación y no colaboraron en el caso.
