Ciudad de México, 23 de mayo (SinEmbargo).– El Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito negó un amparo a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, contra su inclusión en la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
En 2020, García Luna promovió un juicio de amparo ante el Juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México contra el acuerdo de la UIF 286/2019 que lo incluyó en la LPB a solicitud de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) por una investigación sobre lavado de activos.
El 16 de mayo de 2022, el Juez de Distrito emitió una sentencia en la cual señaló que México asumió el compromiso internacional de adoptar medidas de acción rápida y eficiente ante solicitudes extranjeras para congelar bienes relativos al lavado de activos, al financiamiento al terrorismo y al financiamiento de proliferación de armas de destrucción masiva. Con ello, se dio validez a la solicitud emitida por la DEA aportada por la UIF en el juicio de amparo.
En contra de dicha resolución, García Luna interpuso un recurso, el cual fue admitido por el Décimo Tribunal Colegiado en el amparo en revisión 288/2022, mientras que la UIF formuló agravios en adhesión para aportar elementos de convicción sobre la determinación emitida por el Juez de Distrito en el sentido de que existió un respeto a las garantías procesales del exsecretario.
La resolución de este proceso se dio el pasado 11 de mayo, donde el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito confirmó la decisión del Juez de Distrito y negó el amparo a Genaro García Luna al establecer en identidad de razonamiento que “la resolución fue apegada a derecho y en la secuela procesal la UIF demostró que el origen de la inclusión a la LPB fue en cumplimiento a una obligación de carácter internacional en términos de los criterios establecidos por la Segunda Sala de la SCJN”.
Apenas, ayer, la Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer que obtuvo un total de obtuvo 61 órdenes de aprehensión en contra de personas vinculadas a contratos formalizados para penales federales, ligados a la gestión del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.
Por medio de un comunicado de prensa, la Fiscalía nacional informó que las órdenes fueron expedidas por un Juez de Control federal, y que éstas se encabezan por García Luna, Jonathan Alexis ‘N’, Mauricio Samuel ‘N’.
“Hay y 58 individuos más, entre servidores públicos y particulares, vinculados con delitos de peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada”, se lee en el documento.
La FGR precisó que estas personas estarían coludidas con el entonces titular de la Secretaría de Seguridad Pública Federal (SSPF), Genaro García Luna, así como con sus socios, para saquear los recursos públicos del órgano administrativo desconcentrado prevención y readaptación social (cárceles federales), dependientes de dicha Secretaría.
La relación que mantenían las personas contra las que se libraron las órdenes de aprehensión tenía la finalidad de canalizar esos recursos ilícitos a empresas controladas por el extitular de Seguridad de Felipe Calderón, “a través de 10 contratos ilícitos”, por la suma de cinco mil 112 millones de pesos, que fueron sustraídos a través de diversas triangulaciones criminales a nivel internacional.
“Ya se ha solicitado la ficha roja para todos aquellos que se han fugado del país y se procederá a las solicitudes de asistencia jurídica internacional para obtener la devolución de los bienes saqueados de la nación”, recalca la comunicación de la FGR.
Sin embargo, aclaró que este procedimiento penal es independiente a la denuncia que ayer hizo pública la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), respecto a otro despojo multimillonario en contra de la policía federal, también vinculado con empresas de Genaro García Luna, sus socios y cómplices.
“Respecto a este nuevo procedimiento, ya se están recabando todas las pruebas necesarias para proceder a la vinculación penal correspondiente y a la recuperación de los bienes sustraídos”, finalizó.
