El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Alberto Pérez Dayán, aseguró que al Poder Judicial y a sus integrantes “nada los va a doblar” ya que “están fuertes” y convencidos en su defensa de la Constitución.
“Estamos fuertes, estamos convencidos de lo que hacemos. En ese sentido, nada nos va a doblar, nada nos va a doblar, se lo he dicho a todos, el día que la Constitución cambie y diga otras cosas, haremos que esas otras cosas se cumplan, pero mientras no estén, haremos que se cumplan las que están, a costa de lo que sea”, dijo.
Así lo expresó durante la presentación del libro “La Defensa y Remediación de los derechos sociales”, del magistrado Isidro Muñoz Acevedo, que forma parte del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito.
Pérez Dayán, quien elaboró el proyecto para anular la primera parte del llamado ‘Plan B’ electoral -aprobado por la SCJN el pasado 8 de mayo- consideró que es “ajena y anticlimática” la propuesta de que los integrantes del máximo tribunal sean electos por el voto popular, como impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador.
“El juez demócrata siempre me había resultado una idea exótica y bajo la perspectiva de lo que hoy se dice, pues parece difícil entender que, en un sistema en donde el derecho sea la constante de la convivencia y las normas, las reglas de su conducta, el juez pueda llegar a acceder a esos cargos a través de una elección popular”, mencionó.
Aunque no descartó que sea posible, consideró que actualmente es “verdaderamente difícil alcanzar los ideales, objetivos y funciones de la judicatura a través de un sistema electoral”.
Consideró que están bien definidas las facultades de los poderes y que, en ese sentido, si el Ejecutivo no las cumple existen medios que lo “obliguen a hacerlo”, como el judicial.
“Tenemos que ser sumamente cautelosos y prudentes, la política pública corre a cargo de quienes para eso llegaron a gobernar, esa es la administración, sus políticas públicas, pero si sus políticas públicas no son eficaces, si tenemos modo de apropiarnos de ellas y hacerlos que las cumplan, lo haremos”, enfatizó el ministro.
El pasado 8 de mayo, 9 de los 11 ministros del Pleno de la SCJN, decidieron invalidar la primera parte del llamado ‘Plan B’ electoral, consistente en reformas a las leyes de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas.
Lo anterior, por graves violaciones al procedimiento legislativo, particularmente, al principio de deliberación informada y democrática, así como los derechos que asisten a las minorías parlamentarias.
En particular, la Corte resolvió que, en el caso, se violó el procedimiento legislativo por varias razones como la falta de publicidad de las iniciativas; que no se observara el trámite parlamentario de las iniciativas ordinarias, entre otras.
Este lunes, por mayoría de seis votos contra cinco, el Pleno de la Corte invalidó en su totalidad el llamado ‘decretazo’ publicado por el presidente Andrés Manuel López Obrador con el cual blindaba la información pública de sus megaproyectos y las clasificaba como reservadas bajo el principio “interés público y seguridad nacional”.
A favor de invalidar el decreto votaron los ministros Juan Luis González Alcántara Carrancá, Luis María Aguilar Morales, Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, Ana Margarita Ríos Farjat y Norma Lucía Piña Hernández.
