Un juez federal consideró que la reforma del presidente López Obrador “no justifica objetivamente” la reestructuración, pues sus motivos son “dogmáticos y genéricos”
Al conceder una suspensión provisional contra el Plan B electoral, un juez federal consideró que la reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador no “justifica objetivamente” la reestructuración en el Instituto Nacional Electoral (INE), además de que los motivos para desaparecer diversas unidades administrativas están basados en “razones dogmáticas y genéricas”.
El juzgador en Materia Administrativa otorgó la medida cautelar referida a la jefa del Departamento de Convenios y Contenidos Normativos de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales del INE, Marisol Duarte Martínez, quien interpuso un amparo para frenar los efectos y consecuencias de la aplicación del llamado plan B de la reforma electoral, suspendido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
En su resolución, el juez afirmó que “una de las pretendidas justificaciones para modificar el órgano electoral, y reestructurar al Instituto Nacional Electoral, acotando sus áreas de operación, lo es el abaratamiento de operación del instituto, así como la disminución de la burocratización y mala administración del mismo, pues se afirma que el instituto tiene duplicidad de funciones, áreas sin trabajo durante varios meses del año, el despilfarro de recursos públicos en su costo de operación, así como la deficiente operación de los procesos electorales.
“No obstante, de un análisis superficial que se efectúa a la norma controvertida, no se advierte que se realice un análisis que justifique objetivamente en específico la supresión de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, con las respectivas áreas que la conforman, estos es, que se trate de un área sin trabajo o con duplicidad de funciones, o que a través de su eliminación se cumpla con los objetivos que persigue la reforma, y que, en su caso, abone al fortalecimiento del sistema electoral”, señaló.
Con estos argumentos, el juez concedió a Duarte Martínez la suspensión provisional para que continúe con el cumplimiento de sus funciones en la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales del Instituto Nacional Electoral.
Por otro lado, jueces de Distrito concedieron las dos primeras suspensiones definitivas a trabajadores del organismo contra la segunda parte de la reforma electoral, particularmente lo relacionado con la reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Una de las medidas cautelares se le otorgó a Raquel Mondragón Correa, jefa de Departamento de Programación y Proyectos en la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, para el efecto de que se mantenga en el cargo que ostenta y reciba sus prestaciones en la forma en que lo hacía antes de la entrada en vigor de las normas impugnadas.
