Hermosillo, Sonora.- Para que informen si dieron cabal cumplimiento a las obligaciones que les impone la Ley de Responsabilidad Patrimonial para el Estado de Sonora y sus Municipios, el Congreso del Estado resolvió exhortar a los 72 ayuntamientos, específicamente para conocer si en sus presupuestos de egresos destinaron una partida para hacer frente a su responsabilidad patrimonial.
En el Acuerdo se establece saber si los gobiernos municipales realizaron los ajustes correspondientes en sus reglamentos, bandos y demás normas administrativas y, en caso negativo, hacerlo a la brevedad, propuso el diputado Sebastián Antonio Orduño Fragoza, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.
Expuso que la Ley de Responsabilidad Patrimonial para el Estado de Sonora y sus Municipios tiene por objeto fijar las bases, límites y procedimientos para reconocer el derecho a la indemnización a quienes, sin obligación jurídica de soportarlo, sufran daño o lesión en cualquiera de sus bienes, posesiones o derechos, como consecuencia de la actividad administrativa irregular de los entes públicos.
En el Acuerdo se incluye al Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización para que, en las subsecuentes auditorías que realicen a los ayuntamientos de la entidad, verifiquen el cumplimiento de la referida legislación.
“Un claro ejemplo de la actividad administrativa irregular podemos observarla todos los días, desde que salimos de nuestras viviendas y nos dirigimos a nuestro empleo, a la escuela, al hospital, a realizar las compras, es cuando observamos los grandes baches que tienen años y años en algunos de nuestros municipios”, expresó el legislador.
Esto deriva en la obligación de las autoridades municipales de dar el correcto mantenimiento a las calles, realizar obras de pavimentación, sin que se realicen las verificaciones y se cumpla con los estándares mínimos de calidad, dijo, pero al poco tiempo de inaugurada la obra, ya se encentra en las mismas condiciones en las que se encontraba antes de la pavimentación y, en muchos de los casos, en peores condiciones.
El diputado Orduño Fragoza indicó que el Artículo Tercero Transitorio de la Ley establece que es obligación de los ayuntamientos realizar los ajustes correspondientes en sus reglamentos, bandos y demás normas administrativas, en un plazo que no exceda de 180 días, pero este plazo hace más de dos meses que feneció y la mayoría de los municipios ha incumplido con la obligación impuesta.
