Ciudad de México, 17 de enero (SinEmbargo).– Gilda Austin, la mamá de Emilio Lozoya Austin, el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), pidió al Presidente Andrés Manuel López Obrador aceptar un acuerdo reparatorio al recordar este martes, durante la audiencia intermedia por el caso Odebrecht —la cual se difirió hasta el 10 de marzo—, que la denuncia presentada por su hijo en 2020 también abarca a altos funcionarios del Gobierno de Enrique Peña Nieto.
“Señor Juez al igual que los abogados siento que lo mejor es llegar a un acuerdo, es lo mejor para todas las partes. Mi hijo ha cumplido al denunciar a todos los funcionarios del sexenio pasado, incluido el de más alto rango, y ha ofrecido pagar lo que las autoridades le exigen poniendo en garantía mi casa donde he vivido 47 años y otras propiedades de mi familia que hemos adquirido a lo largo de varias generaciones, por lo que pido se tome una decisión al respecto ya que he estado en cinco prisiones alemanas y mil días de prisión domiciliaria sin ver a mi hijo y a mis nietos”, dijo Gilda Austin mediante una videollamada.
Gilda Austin dijo en la audiencia confiar en el “sentido humano y de justicia” del Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien en más de una ocasión ha dicho que la condición que pone su Gobierno para llegar a un convenio es la reparación del daño.
“[Ella] se dirigió al Juez, dijo que lo debido, lo que procede, es un acuerdo con las instituciones del Estado mexicano. Ella manifestó que su hijo Emilio está dispuesto a reparar totalmente el daño fijado por las instituciones del Estado y que ella confía, como también confiamos los defensores, en el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador”, expuso Miguel Ontiveros, abogado del exdirector de Pemex.
Lozoya Austin fue detenido en España en 2020 y extraditado a México en julio de ese año, desde entonces ha buscado un acuerdo reparatorio con autoridades federales para obtener su libertad a cambio de pagar el daño al erario que causaron los actos de corrupción bajo su gestión en Pemex y de brindar información que sirva para inculpar a otros políticos en la trama de corrupción.
En agosto de 2020 Lozoya presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) en la que acusó al exsecretario de Hacienda Luis Videgaray y al expresidente Enrique Peña Nieto de recibir dinero de la empresa brasileña Odebrecht durante su campaña de 2012 y, una vez en el poder, utilizar a la empresa petrolera para cumplir “compromisos” adquiridos.
“Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray Caso crearon un esquema de corrupción en el Gobierno federal, en el cual el común denominador era el siguiente: todas las personas que de cierto modo apoyaron a la campaña presidencial tenían que ser remuneradas o compensadas”, señaló Lozoya en referencia a contratos que recibirían del Gobierno.
La FGR le imputa a Lozoya los delitos de asociación delictuosa, cohecho y lavado de dinero, la dependencia busca sancionarlo con la pena máxima de cada uno de ellos, por lo que de ir a juicio y ser encontrado culpable podría pasar hasta 46 años y seis meses privado de la libertad y tendría que pagar una multa de 87 millones de pesos.
Además de Lozoya, Gilda Margarita Austin, su madre, también es acusada de asociación delictuosa pues, según la fiscalía, recibió en su cuenta bancaria parte del dinero obtenido por su hijo mediante sobornos, por lo que enfrenta su proceso penal en arraigo domiciliario. De ser hallada culpable, la mujer podría pasar más de 20 años privada de la libertad.
La FGR detalló en la acusación presentada ante un Juez en enero de 2022, y que fue citada por agencias y medios internacionales, que los sobornos pagados por la empresa brasileña Odebrecht fueron transferidos a Lozoya Austin través de empresas ligadas con su familia; el dinero lo habría sido usado, entre otras cosas, para comprar una propiedad en Ixtapa Zihuatanejo, Guerrero.
Manuel Granados Quiroz, representante de la FGR, se dirigió a Emilio Lozoya al plantearle que ni él ni el Estado mexicano merecen la “incertidumbre jurídica” que ha dejado aplazar las audiencias, también aseguró que la dependencia está en condiciones para llevar el caso a juicio.
Sin embargo, el abogado de Lozoya dijo que las audiencias se han aplazado porque son casi 200 medios de prueba que configuran tanto el caso Odebrecht como Agronitrogenados, y que poco a poco han obtenido diversos elementos que les faltaban, como traducciones.
La defensa de Lozoya aseguró que las conversaciones con la FGR, Pemex y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda continúan. “Eso toma su tiempo pero lo vamos a lograr, estamos seguros”, mencionó.
Ontiveros recordó que el monto de reparación del daño ya fue señalado por el Consejo de Administración de Pemex y la UIF
En abril del año pasado, medios nacionales informaron que la firma de un acuerdo estaba cerca, pero cuando se le cuestionó al Presidente López Obrador su opinión sobre el monto, pidió que se analizara de nuevo.
“El señor Presidente señaló que habría de determinar el monto de la reparación del daño, nosotros estamos abiertos a esos efectos. Él hizo referencia y coincidimos en la necesidad de fijar esos montos con peritajes que afortunadamente ya existen por parte de la FGR, están en la carpeta de investigación y nos vamos a someter a ellos”, expuso Ontiveros.
La cifra de la que se ha hablado rebasa los 7 millones de dólares. La defensa de Lozoya Austin explicó que los montos fueron propuestas de la FGR, de peritajes y de Pemex, como parte acusadora, esta última, según dijo, ya ha hecho algunas observaciones.
“Vamos a firmar un acuerdo reparatorio en el marco del caso Agronitrogenados y un convenio de reparación del daño en el caso Odebrecht”, concluyó al ser cuestionado por medios.
