La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de Sonora emitió de forma simultánea un conjunto de 15 recomendaciones por 15 casos diferentes de desaparición de personas dirigidas a la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE).
Las recomendaciones acreditan violaciones graves a los derechos a la vida, a la integridad personal, a la libertad personal y al reconocimiento de la personalidad jurídica en perjuicio de 23 personas desaparecidas, así como violaciones a los derechos de acceso a la justicia, a la verdad y a la integridad personal de 27 familiares.
Mediante un comunicado señalan que en total, se trata de 50 víctimas directas e indirectas de casos ocurridos entre 2016 y 2021 en 8 distintos municipios (Hermosillo [6], Nogales [3], Empalme, [1], Agua Prieta [1], Sáric [1], Huatabampo [1], Ímuris [1] y Benjamin Hill-Magdalena [1]).
Tras el estudio íntegro y minucioso de los expedientes de queja de los 15 casos, la CEDH advirtió graves periodos de dilación injustificados en todas las investigaciones, donde el caso más grave registra un período de inactividad ministerial que alcanza los 2 años, 4 meses.
En los expedientes se identificó la omisión grave de actuaciones imprescindibles para la localización de las personas desaparecidas.
Además, en la gran mayoría de los casos, la FGJE no realizó ni una sola de las diligencias a las que estaba obligada a hacer en las primeras 24 horas, de acuerdo al Protocolo Homologado para Búsqueda de Personas Desaparecidas.
Estos 15 casos representan el total de expedientes por desaparición de personas que se encontraban en esta Comisión, algunos de ellos desde el 2018, sin que se les haya dado trámite alguno.
En el mismo documento la CEDH Sonora recomienda a la Claudia Indira Contreras como titular de FGJE y última responsable de reparar estas violaciones de derechos, dar cumplimiento de la siguiente manera:
Continuar con la búsqueda y localizar a las víctimas desaparecidas.
Identificar, imputar, acusar y concretar sanciones contra las personas responsables de estas desapariciones.
Fincar responsabilidades penales y administrativas en contra de las autoridades ministeriales por los actos omisivos en perjuicio de las víctimas.
Llevar a cabo un acto de disculpa pública a más tardar en 1 año, en el que se garantice verdad, justicia y reparación a las víctimas.
Impulsar la creación de una fiscalía especializada para la investigación y persecución de delitos de desapariciones de personas, como garantía de no repetición.
Solicitar la inscripción de las víctimas en el Fondo Estatal de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, y, en el ámbito de sus competencias, impulsar que puedan acceder a la reparación económica.
Total recomendaciones: 15
Total víctimas directas: 23
Total víctimas indirectas: 27
Total municipios: 8
Años de las desapariciones: entre 2016 y 2021
Años de recepción de quejas: entre 2018 y 2022
Caso más prolongado de inactividad ministerial: 2 años, 4 meses
