El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, aseguró este jueves que eliminar la prisión preventiva oficiosa, una posibilidad que contempla la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), representaría el fin de “toda la estrategia de seguridad” del gobierno federal.
“Si este proyecto llegara a declararse viable, pues estaría terminando con toda la estrategia de seguridad de este país y yo creo que eso no lo merecen los mexicanos”, dijo ante diputados de Morena.
Insistió en el llamado del gobierno a que los ministros mantengan la figura en la Constitución y adelantó que este mismo jueves se reuniría con ellos para expresar esta postura. La figura legal es criticada por organismos y organizaciones de derechos humanos que la consideran contraria a los derechos humanos.
Antes, el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía, defendió la medida de prisión preventiva oficiosa y aseguró que sin esta se abre paso a mayor corrupción.
“Aquí aprovechamos para comentar la importancia que tiene la prisión preventiva oficiosa que se da para ciertos delitos graves del orden común, como delincuencia organizada y delitos financieros, o llevados a cabo por servidores públicos, los llamados delitos de cuello blanco“, declaró Mejía.
Durante la presentación del informe de Cero Impunidad, el subsecretario destacó: “La prisión preventiva no está sujeta al arbitrio del juez, es decir, cuando se logra la vinculación por un delito como homicidio, feminicidio, violación, delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita, al momento que se acredita la vinculación, la prisión opera de manera automática“.
Desde Palacio Nacional, Mejía subrayó que eliminar la prisión preventiva puede dar lugar a múltiples casos de corrupción, a un “mercadeo” de abogados y jueces, y también incrementaría la peligrosidad para jueces, las víctimas que se atreven a denunciar, los testigos y la sociedad. “Estos individuos en libertad seguirían llevando a cabo sus actividades de carácter criminal”.
Defensa de la prisión preventiva
La jefa de gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, también dijo sentirse “preocupada” por la posible eliminación de la prisión preventiva oficiosa, bajo el argumento que eso complicaría el combate a la delincuencia y generaría “mayor impunidad”.
Además, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador también pidió a la SCJN mantener en la Constitución la medida, bajo el argumento que eliminarla sería una acción negativa para la seguridad en el país.
A través de un comunicado se menciona: “Pedimos al máximo tribunal del país que, al momento de resolver los asuntos mencionados, considere la seguridad pública del país, a las víctimas de los delitos, el combate a la impunidad y el enorme esfuerzo que implica la persecución criminal donde participan fuerzas federales y estatales”.
