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viernes, noviembre 22, 2024

Pobreza Franciscana

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Columna Agenda Abierta

Lo que pudiese interpretarse como una declaración de buena voluntad, conlleva a una serie de consideraciones de carácter institucional y público alejadas, con rigor laico, del enfoque estrictamente religioso del recogimiento.

En principio, debido a que en la administración pública, a diferencia de lo que cada uno defina en su vida personal, el ejercicio de los recursos debe observar transparencia, eficiencia y eficacia, además del compromiso de atención a las demandas ciudadanas más sentidas.

Por ello, el 19 de noviembre del 2019 fue promulgada la Ley Federal de Austeridad Republicana, que estableció en su primer artículo el derrotero de “…regular y normar las medidas de austeridad…” del ejercicio del gasto público federal y coadyuvar a la administración de estos “…con eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez…”.

Sin embargo, los resultados del ejercicio del gasto no han observado los elementos contemplados por la Ley y como botón de muestra están algunos datos contenidos en el Informe del Gasto Público federal del primer semestre de 2022.

En principio, como una de las obras emblemáticas del actual sexenio, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) que ejerció 951 millones de pesos, cuando su presupuesto original era de 419.4 millones de pesos, es decir, se rebasó en 127% lo considerado originalmente.

Para darnos una idea de la magnitud de este sobre gasto, podemos señalar que este año el aumento de recursos dirigidos al AIFA representa más que el presupuesto asignado a algunos órganos autónomos como el Instituto Nacional de Transparencia y Protección de Datos (INAI).

La Refinería Olmeca ubicada en Dos Bocas, Tabasco, reportó por su parte que le fueron canalizados 92 mil 15 millones de pesos, lo que se traduce en 45 mil 953 millones adicionales a lo que se le había asignado originalmente, esto es un 100% de incremento.

Por su parte, el Tren Maya recibió 20 mil 901 millones de pesos adicionales a su presupuesto original, que era 31 mil 311 millones y pasó a 52 mil 212 millones de pesos, lo que en términos porcentuales es un aumento de 67%.

Una de las empresas públicas con mayor nivel de gasto, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), recibió 44 mil millones de pesos adicionales a lo programado, esto a pesar de que acumula cinco años consecutivos con pérdidas netas, y que en el caso del primer semestre de 2022 ascendió a 47.6 millones de pesos.

Cabe señalar que el saldo de la deuda de la CFE ascendió a 447 mil 600 millones de pesos, es decir, algo así como 22 mil 400 millones de dólares, al 30 de junio de 2022. Este saldo es 13.2% (52 mil 200 millones de pesos), mayor al reportado al 30 de junio de 2021, cuando ascendía a 395 mil 400 millones de pesos.

En varias ocasiones, diversos funcionarios de la administración pública han dicho que no se ha incrementado la deuda pública, sin embargo, en el Informe de Gasto Público del primer semestre de 2022 se admite que durante el periodo de abril a junio, ésta creció en alrededor de 125 mil millones de pesos, esto es un incremento de mil 389 millones por día.

Es decir, en comparación a diciembre de 2018, cuando arrancó este Gobierno federal, la deuda pública ha crecido en 2.7 billones de pesos, alrededor de 23%.

En contraste, el sector Salud dejó de recibir 16 mil 45 millones de pesos, lo que se reflejó en menos recursos para el programa de vacunación, algo que ha sido señalado como un atraso relevante de esta administración, y para el fortalecimiento de los servicios estatales de salud.

En el ejercicio del gasto se han observado importantes subejercicios como en el sector educativo, donde se ejercieron 24 mil 926 millones menos de los originalmente programados, lo que impacto en un menor gasto en programas como las Becas Benito Juárez y La Escuela es Nuestra.

De la misma manera, se observó en el rubro de seguridad pública una sensible reducción del gasto de 7 mil 66 mil millones de pesos, lo cual impacto de manera sensible rubros como infraestructura para la seguridad y la administración del sistema federal penitenciario.

Además, al primer trimestre de 2022 los programas dedicados particularmente a mujeres o con perspectiva de género, como el de apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas o el Seguro de Vida para Jefas de Familia, ambos de la Secretaría del Bienestar, registraban un presupuesto ejercido en ceros.

A 3 años de la promulgación de la Ley Federal de Auteridad Republicana y bajo la interpretación que le ha dado el actual Gobierno federal, seguramente en lo que resta del sexenio la Pobreza Franciscana se acentuará en varios rubros y temas sensibles para el país.

Por Moisés Gómez Reyna

@gomezreyna

Aviso

La opinión del autor(a) en esta columna no representa la postura, ideología, pensamiento ni valores de Proyecto Puente. Nuestros colaboradores son libres de escribir lo que deseen y está abierto el derecho de réplica a cualquier aclaración.

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