Columna Agenda Abierta
No son nuevas las manifestaciones de preocupación, que se han convertido en inconformidades, del gobierno, congreso y empresarios norteamericanos sobre el potencial impacto negativo de las modificaciones legales sobre el sector energético nacional y su impacto en la inversión estadounidense en el país.
Desde la visita de la Secretaria de Energía de los Estados Unidos, Jennifer Granholm, en enero anterior, pasando por los frecuentes saludos al presidente López Obrador por parte de John Kerry y hasta las visitas y llamadas de Kamala Harris, ha habido un común denominador: el llamado a mantener mercados energéticos abiertos y competitivos para beneficiar a los tres países del bloque del T-MEC
También ha sido recurrente la ratificación de la posición del gobierno mexicano, en el sentido de privilegiar tres ejes de acción en materia energética: el primero, la soberanía de la industria eléctrica, entendida ésta, como la necesidad de que la CFE mantenga el monopolio de la generación.
En segundo lugar, el aprovechamiento de la infraestructura existente de la propia empresa, para generar energía y tercero, el establecer límites a la participación del sector privado.
Por su parte, los empresarios del ramo, nacionales y extranjeros, han demandado respeto a las reglas establecidas y piso parejo en el otorgamiento de permisos de generación de energías limpias.
Lo cierto es que la mayoría de la población demanda generación de energías limpias, el establecimiento de tarifas baratas y una plataforma de certidumbre a las inversiones.
Cada uno, en su segmento de interés, también hay que señalarlo.
Sin embargo, un nuevo capítulo se escribe en la historia, ya que Estados Unidos ha anunciado que solicitará consultas de resolución de disputas por políticas discriminatorias a favor de empresas estatales CFE y PEMEX.
El gobierno americano ha señalado que existen inconsistencias entre la legislación nacional -la Ley de Industria Eléctrica, entre otras- y demás ordenamientos en materia de energía, con las obligaciones que fueron aceptadas por las tres partes en la firma del T-MEC.
De manera adicional, el gobierno de Canadá anunció que se unirá a la controversia interpuesta por Estados Unidos en contra de México, al considerar que la política energética es violatoria del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá.
Señalo el ministerio de Canadá de Comercio Internacional, Promoción de Exportaciones y Pequeñas Empresas que ese país lanzará sus propias consultas, pero está de acuerdo con Estados Unidos de que los cambios en política energética van en contra del T-MEC.
Verémos pues, que si despues de 30 días para iniciar consultas y 75 más para llegar a un acuerdo, que defina si hay discriminaciones o no, y en su caso resolver; si México está preparado para salir avante en un panel de solución de diferencias para decidir si hay alguna violación al TMEC.
Se ha comentado, por diversos analistas sobre los resultados de este proceso y la eventual sanción por daños, por un monto equivalente a 30 mil millones de dolares, según las primeras estimaciones.
A la vista hay una consideración inicial, basada en que estos elementos de disputa con nuestros principales socios comerciales son derivados de determinaciones ajenas a toda lógica económica, comercial y de sustentabilidad.
Esa posición define que no se trata de establecer un monopolio de la industria privada, y acabar con la pública; como tampoco se trata de establecer un monopolio de la industria pública y reducir sensiblemente la privada.
Los nuevos tiempos en el mundo exigen la convivencia armónica entre las inversiones públicas y privadas, basadas en la certidumbre, la confianza y el respeto del marco legal.
Por Moisés Gómez Reyna
@gomezreyna
