Medir el gasto público ha sido un tema prioritario en los últimos años, desde una perspectiva de rendición de cuentas y combate a la corrupción. Por ello, las instituciones públicas se enfrentan cada vez a una mayor fiscalización y verificación sobre el gasto que ejercen, cómo lo ejercen y cuáles son sus procedimientos para gastar. Poco se ha avanzado en cuestionar para quiénes gastan, y qué impacto tiene el gasto en la calidad de vida de las personas.
El ciclo presupuestario es un proceso que toda institución pública en México debe contemplar en cumplimiento a diversas leyes y normas. Este permite organizar, ejercer, evaluar y transparentar el ejercicio y control de los recursos públicos, de manera anual, acorde al ejercicio fiscal. Para ello, el primer paso es analizar, diagnosticar y planear qué se quiere lograr con el presupuesto asignado.
El marco normativo mexicano exige garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres a través de diversas Leyes Generales y Federales, lo que atribuye como un obligatoriedad para las instituciones públicas, incorporar la perspectiva de género en todo el ciclo presupuestario, desde la planeación y hasta la rendición de cuentas, lo que significa medir, priorizar y ejecutar el gasto público a partir de las causas y del impacto diferenciado, que tienen las problemáticas publicas entre mujeres y hombres.
Es imposible poder analizar la realidad social, si no se observa desde una mirada de género, por tanto, no se pueden resolver los problemas públicos si no se consideran los distintos significados, contextos y características de vida, por los que atraviesan las personas. Esto es una obligación mayor que no debe ser desdeñada.
Como ejemplos podemos citar muchos: las cifras de violencia sexual, desigualdad salarial o el de embarazo adolecente, de las cuales México ocupan primeros lugares a nivel mundial. También considerar que el papel tradicional de las mujeres como cuidadoras de familia las expone con mayor frecuencia a la desigualdad laboral, económica y a la violencia familiar o de pareja; y que la falta de perspectiva de género en las políticas de salud, no consideran la inequidad en el acceso a los servicios de salud de las mujeres que trabajan en la informalidad, y en particular los relacionado con los aspectos de salud reproductiva que por tabúes culturales, alejan a gran proporción de mujeres al derecho a decidir sobre su cuerpo y su sexualidad.
México cuenta desde 2008 con el Anexo Transversal de Erogaciones para la Igualdad entre mujeres y hombres (Anexo 13), que se publica dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación, de manera anual desde la fecha de su conformación. En teoría, este contiene los programas y acciones estratégicas del gobierno federal que contribuyen a acelerar el paso hacia la igualdad sustantiva. Recursos destinados a proteger y garantizar los derechos de las mujeres.
¿Cómo se mide la protección y garantía de los derechos de las mujeres a partir de ese gasto programático?
Una crítica constante al Anexo 13 es que sus acciones y programas no necesariamente son generadores de igualdad de género; debido a que no hay un seguimiento institucionalizado y transparente del uso de esos recursos, ni del impacto de estos en la vida de las mujeres. Además, gran parte de los programas que se incluyen no tienen una clara relación sobre el objetivo de acabar con la desigualdad y la violencia por razones de género.
En este sentido, se puede observar que por cuarto año consecutivo, la Secretaría de Bienestar cuenta con la mayor asignación de recursos en el Anexo 13. En 2022, el 91% de los recursos asignado “para la igualdad”, se destinarán al Programa de Pensión para el Bienestar de las Personas Adultos Mayores, son considerar una evaluación de los impactos que puedan tener esas acciones para las mujeres en la edad adulta mayor, en todas sus diversidades.
Así mismo, se han presentado en los últimos años incrementos mínimos e incluso reducciones de recursos destinos a programas destinados para la igualdad y la erradicación de la violencia contra las mujeres, como son el caso del Programa para el Fortalecimiento de la Transversalidad de la Perspectiva de Género del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), el del Programa de Apoyo a las Instituciones de las Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF) o los apoyos destinados para proteger y garantizar Refugio a mujeres en situación de violencia, y en su caso, hijas e hijos.
En Sonora, el Anexo para la Igualdad entre Mujeres y Hombres que se publica anualmente desde diciembre de 2017, para el ejercicio fiscal de 2018, ha buscado incorporar los programas y acciones en esta materia, añadiendo claramente indicadores para su cumplimiento. Sin embargo, las inercias institucionales, la falta de capacitación, de control interno, de seguimiento y auditorias con perspectiva de género, no permiten consolidar esta política para la igualdad.
Es urgente avanzar tanto a nivel estatal como nacional, en un rigor de transparencia presupuestaria con perspectiva de género, que mida tanto lo cuantificable como lo cualitativo. Auditorias que exijan trasparentar el recurso público e indiquen si dichos recursos se están destinando a resolver los problemas de desigualdad y violencia que agravan la vida de las mujeres en todos los aspectos de la vida.
Solo analizando con perspectiva de género el origen de los problemas a resolver, desde sus causas e impactos diferenciados en mujeres y hombres, se podrán reconocer las graves omisiones y actos de corrupción e impunidad que suceden cotidianamente, de manera invisible, desde la cultura de género patriarcal, que normaliza la desigualdad y las violencias contra mujeres y niñas.
