Este viernes, la decisión de la alcaldía de la ciudad de Buenos Aires, Argentina, de prohibir el uso del lenguaje inclusivo en la enseñanza para reforzar el aprendizaje, desató las críticas de las autoridades nacionales y los sindicatos docentes, que están a favor de su uso.
La medida del gobierno capitalino, de signo opositor al del presidente Alberto Fernández, se contrapone a las políticas que fomentan el lenguaje inclusivo en distintas dependencias de la administración nacional.
El alcalde de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, dijo que a partir de la fecha “se regula la utilización de la e, x, @, etc por parte de los docentes en las escuelas” para facilitar el proceso de aprendizaje de los estudiantes, deteriorado durante la pandemia del nuevo coronavirus. “A partir de ahora, los docentes de la Ciudad de Buenos Aires tienen que respetar las reglas del idioma español”, subrayó.
La nueva norma se basa en la premisa de que las reglas de la lengua española brindan diversas opciones para comunicarse de manera inclusiva “sin necesidad de tergiversarla, ni de agregar mayor complejidad a la comprensión y fluidez lectora”, señaló el gobierno de la ciudad en su página oficial.
La medida abarca únicamente a los contenidos que dictan los docentes en clase, el material que se les entrega a los estudiantes y los documentos oficiales de los establecimientos educativos, según la nueva normativa.
Las críticas no demoraron. El ministro argentino de Educación, Jaime Perczyk, dijo que la mejora de la educación “no se hace prohibiendo” el lenguaje inclusivo. “Hay que pensar que si tantos chicos y chicas usan ese lenguaje refleja otra cosa, una situación de injusticia, de machismo, y que si lo usan es porque entienden que es una herramienta para que eso cambie”, agregó.
Por su parte, la Unión de los Trabajadores de la Educación afirmó que la medida “despliega nuevas formas de violencia hacia aquellas infancias y juventudes que no se reconocen en el masculino o el femenino como constitutivo de su identidad”.
Docentes se preguntaron si se ha demostrado que el uso del lenguaje inclusivo incida de alguna manera en la lectoescritura. “Pensar que es una traba respecto al aprendizaje es una mirada muy limitada”, afirmó Celeste Mac Dougall, especialista en Educación Sexual Integral y Educación Inclusiva.
Para argumentar su decisión, la alcaldía señaló que la Academia Argentina de Letras recomienda que “se preserve la enseñanza-aprendizaje de la lengua en todos los niveles educativos y laborales si deseamos que nuestros alumnos escriban con cierta fluidez y corrección y, sobre todo, comprendan lo que lean y escriban”.
Por otro lado, señaló, la Real Academia Española ha sostenido que “el uso de la ‘@’ o de las letras ‘e’ y ‘x’ como supuestas marcas de género inclusivo es ajeno a la morfología del español”.
“No estamos persiguiendo ni es una caza de brujas, queremos enseñar mejor”, sostuvo Soledad Acuña, ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires.
La semana pasada las autoridades capitalinas presentaron los resultados de las evaluaciones de las escuelas primarias y del tercer año de la secundaria que revelaron que el área más afectada fue la comprensión lectora, “en la que se obtuvo un resultado promedio que demuestra un retroceso de casi cuatro años”.
La alcaldía también mencionó que en Francia las autoridades “desaconsejaron el uso de la llamada escritura inclusiva” y que Uruguay dispuso que el uso del lenguaje inclusivo debía ajustarse a las reglas del idioma español.
En Argentina, donde organizaciones civiles son muy activas a favor de una comunicación con perspectiva de género, el Ministerio de la Mujeres, Género y Diversidad publicó una guía que, según dijo, “busca constituirse en una herramienta de consulta frecuente para cumplir con el objetivo de consolidar un gobierno nacional de, para y con todos, todas y todes”.
En mayo el Ministerio de Salud dictó una normativa para promover “el uso del lenguaje y la comunicación no sexista e inclusiva” en los documentos, registros y actos administrativos de esa cartera.
Al respecto, el ministerio argumentó que la ley dispone que las personas tienen derecho al reconocimiento y libre desarrollo conforme a su identidad de género. Esa norma, aprobada hace diez años, reconoce el derecho de las personas a ser inscriptas en su documento nacional de identidad acorde con su identidad de género.
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