Por Claudia Luz Vergara Reyes
Los acontecimientos sucedidos durante el decenio de 1930, que culminaron en las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial (1939 a 1945), pusieron fin a la idea de que cada Estado por su cuenta tenía la última palabra en el trato que daba a su ciudadanía. El 10 de diciembre de 1948, todos los estados miembros de las Naciones Unidas firman la Declaración Universal de los Derechos Humanos, basado en el reconocimiento de la dignidad intrínseca de los derechos iguales e inalienables para los individuos.
Una violación de los derechos humanos tiene lugar cuando un Estado incumple sus obligaciones de garantizar que tales derechos se disfruten sin discriminación o su obligación de respetarlos, protegerlos y realizarlos. Es decir, el Estado es el obligado en garantizar y promover el ejercicio de los derechos humanos, es el principal responsable de adoptar las medidas necesarias para lograr el ejercicio real y efectivo de éstos por lo que debe de existir una instancia pública que tiene por competencia su promoción, respeto, protección y garantía. Algunos ejemplos de violaciones a los derechos humanos son cuando nos vulneran el derecho a la vida, a una vivienda adecuada, a la salud, a la alimentación nutritiva y de calidad, a la educación, a participar en la vida cultural, a la seguridad social, al agua, al trabajo.
La pobreza es un atentado a los derechos humanos, según datos de Coneval un 3.5% de la población vive en pobreza extrema, 29.9% en pobreza, 26.1% es vulnerable por carencias sociales, 10.2% vulnerable por ingresos. Las carencias sociales se incrementaron del 12.6% al 20.1% en los servicios de salud, hay un rezago educativo del 15.6% y 22.3% no tienen acceso a la alimentación nutritiva y de calidad.
En la medida en que la pobreza, y particularmente la extrema pobreza, afectan al desarrollo humano, afectan también “la satisfacción de los derechos humanos” conllevan un atentado a la dignidad, e implican vulnerar varios derechos. Petrella, politólogo y economista italiano, propone: “comencemos por declarar ilegal la pobreza, como en el siglo XIX se declaró ilegal la esclavitud: nadie podía ser esclavo ni nadie tenía derecho a tener un esclavo, eso permitió hacer muchos progresos, hacer muchas nuevas legislaciones, declarar la pobreza ilegal es el primer paso que debemos dar con todas las consecuencias que de ello deriven.
La condición de pobreza reduce las capacidades de las personas, la pobreza no solo se debe medir en condiciones económicas sino como afirma Amartya Sen en la privación de las capacidades porque esto limita sus libertades, coarta y obstaculiza su futuro y genera múltiples factores de vulnerabilidad que generan exclusión y discriminación.
Las políticas sociales para reducir la pobreza deberían estar más enfocadas en aumentar las capacidades y libertades de los individuos más que en apoyos económicos, deben de generar las condiciones para el acceso al desarrollo no al asistencialismo para construir sociedades resilientes y de la sostenibilidad.
Es directora del Instituto Francisco Javier Saeta, IAP y miembro de la Mesa sobre Desarrollo Humano de HCV.
