Por Marcos González Díaz
“Si hablamos de impartición de justicia tras un año, el avance es realmente nulo”. Cristopher Estupiñán, abogado de un grupo de víctimas del accidente del metro de Ciudad de México del que este martes se cumple un año, critica con dureza el casi inexistente progreso visto en tribunales para juzgar hasta ahora a los presuntos responsables de la tragedia.
En efecto, han pasado ya 12 meses desde que un tramo del suburbano colapsara y provocara la muerte de 26 personas y dejara decenas de heridos en una línea, la 12, que presentaba innumerables fallos en su funcionamiento desde su inauguración, menos de una década antes.
La fiscal de Justicia de la capital, Ernestina Godoy, confirmó este lunes que una exhaustiva investigación determinó que el accidente fue debido a “diversos errores en su construcción” y a que el diseño “presentaba deficiencias que ponían en riesgo la estabilidad estructural a largo plazo de la obra”.
Sin embargo, y pese a que la mayoría de las víctimas ha alcanzado un acuerdo de indemnización económica con una de las empresas constructoras, los avances para determinar posibles responsabilidades entre los funcionarios que dieron luz verde a aquella obra son casi inexistentes.
Esta es una de las varias preguntas que persisten un año después sobre este proceso en el que las víctimas no dejan de reclamar para que se haga justicia y que, tanto autoridades como el resto de las empresas implicadas en la construcción de la llamada ‘línea dorada’, asuman su responsabilidad.
¿Por qué aún no hay imputados oficialmente?
En octubre, la Fiscalía capitalina anunció la investigación abierta sobre ocho exfuncionarios relacionados con la obra del tramo siniestrado y sobre los representantes legales de dos empresas, entre ellos el exdirector del Proyecto Metro, Enrique Horcasitas.
Desde entonces, hasta en tres ocasiones se han programado audiencias para imputar a estas diez personas de manera formal por la probable comisión de los delitos de homicidio, lesiones y daño culposos. Sin embargo, ninguna se pudo llevar a cabo.
En una ocasión, porque representantes legales de las víctimas exigieron conocer el acuerdo reparatorio alcanzado entre gobierno y constructores del metro. Otras dos veces -la última, este mismo lunes- porque alguno de los investigados se reportó enfermo.
Según Estupiñán, abogado de 14 víctimas entre heridos y familiares de fallecidos, “el juez pudo haber resuelto [este lunes] que se celebrara la audiencia respecto al resto de investigados presentes, pero decidió diferirla”. “Es una burla. No hay ni un imputado formal tras un año. Las familias están totalmente decepcionadas, es una burla a su memoria y su tragedia”, critica en entrevista con BBC Mundo.
Gabriel Regino, quien representa a varios de los investigados, consideró que los aplazamientos en las audiencias se deben al “apresuramiento” con que la Fiscalía ha pretendido llevar a cabo las imputaciones y sostuvo que la falta de mantenimiento fue lo que causó el accidente, por lo que exigió que sean citados a comparecer los responsables del mantenimiento del metro desde su inauguración.
¿Qué responden las autoridades?
La fiscal Godoy defendió este lunes que “en ningún momento ha existido impunidad” hacia los presuntos responsables. “Tradicionalmente, se piensa que la justicia consiste únicamente en cárcel para quienes deben ser sancionados (…). Para que haya justicia se requieren sanciones, sí, pero sobre todo se requiere reparar el daño y ofrecerle verdad a la sociedad”, dijo en un mensaje divulgado en redes sociales.
Así, la funcionaria destacó en su lugar la firma de los acuerdos en forma de indemnizaciones alcanzados con una de las empresas constructoras. “La reparación del daño es sinónimo de justicia”, enfatizó. Si bien aclaró que “no hay monto que pueda reparar la pérdida de un ser querido”, calificó el acuerdo como algo “histórico” y sin precedentes para “atender integralmente a las víctimas y familiares y que puedan, dentro de lo posible y deseable, regresar a su vida cotidiana”.
La jefa de gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, defendió también la validez de estos acuerdos alcanzados con los constructores. “Sí es justicia. Es una justicia en donde no hay personas en la cárcel, no hay un proceso muy largo de amparos que puede llevar años, sino que lo que se establece es, si la víctima está de acuerdo con una justicia restaurativa, se procede hacia eso”, defendió este lunes.
¿A qué acuerdos de compensación económica se han llegado?
Los acuerdos reparatorios con los constructores de la línea 12 se alcanzaron hasta ahora entre el 90% de víctimas y Grupo Carso, propiedad del multimillonario Carlos Slim, a cambio de que los afectados desistan de futuros procesos legales en su contra.
El trato es confidencial. El abogado Estupiñán confirma que, tras semanas de negociaciones, las indemnizaciones logradas para sus clientes fueron hasta un 250% superiores a las inicialmente planteadas tras atender las características particulares de cada víctima.
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Con información de BBC Mundo y La Nación Argentina
