En el estado de Sonora, como en gran parte de nuestro país y el mundo, subsisten grandes desigualdades por razón de género, que afectan desproporcionadamente a las mujeres y niñas, quienes además viven de manera cotidiana y sistemática violencias y discriminaciones de género, así mismo, las mujeres culturalmente son sujetas a desarrollarse bajo distintas condiciones que en muchos casos son desventajosas para su formación e integridad.
Si bien, en México y nuestro Estado, se han dado avances importantes en materia de paridad política, que de acuerdo a el Foro Económico Mundial ha mostrado un mejoramiento cuantitativo en cuanto a brechas de desigualdad, esto no necesariamente ha dado como resultado, avances cualitativos en el acceso a las mujeres la toma de decisiones, ni mucho menos, se ha reflejado en mejoras en la calidad de vida de la sociedad. Las cifras de violencia y desigualdad siguen avanzando en modalidades y rubros.
En este sentido, es trascendental el establecer las políticas y acciones que propicien y faciliten la plena incorporación de la mujer en la vida económica, política, cultural y social, como parte de una política estatal transversal que establezca facultades a instituciones y personas, con indicadores claros de cumplimiento a corto y mediano plazo, así como procesos de seguimiento para las comisiones que se conforman dentro de los Sistemas Estatales, e incluso, que conlleve sanciones a las entidades omisas.
La falta de una definición clara de las atribuciones que conllevan el ser funcionariado público y lo que la ley marca como obligación a las instituciones, sin duda, crea un ámbito de omisiones, corrupción e impunidad que repercuta en las desigualdades y violencias. Por otro lado, se sigue careciendo de clasificaciones presupuestales con perspectiva de género, e indicadores de seguimiento y cumplimiento de metas.
Está claro que sin presupuestos suficientes para enfrentar los graves problemas estructurales, es necesario redefinir desde el inicio de la fase de las políticas institucionales, el proceso de diagnósticos desde visiones de género, derechos humanos e interculturalidad, para que los planteamientos conlleven una redistribución de programas y acciones con presupuestación e indicadores de género, y las conducentes auditorias desde esa visión.
De acuro al Instituto Nacional de las mujeres (INMUJERES) “las Auditorías de Género son una herramienta y un proceso que permiten identificar con datos objetivos el nivel de implementación y avance de las acciones que una entidad o dependencia del gobierno tiene en materia de transversalidad e institucionalización de la perspectiva de género.”
En Sonora, las auditorias de género comenzaron a implementarse en 2019 para dar seguimiento al cumplimiento del marco normativo local y nacional, que demanda la incorporación de la perspectiva de género en los presupuestos públicos y en todo el ciclo de las políticas públicas. Al parecer, este mecanismo no ha seguido implementándose en la actual administración estatal.
Ante la necesidad de medir el avance real y concreto que se tiene hasta el momento en el proceso de transversalidad de la perspectiva de género, en la política estatal, es prioritario fortalecer desde la Contraloría General del Estado, la implementación de instrumentos de seguimiento y medición del cumplimiento de compromisos de toda institución pública, en materia de igualdad y erradicación de la violencia por razones de género.
Las auditorias desde un marco legal que atienda la perspectiva de género como parte integral de la política estatal, deben dar claridad a las instituciones para reconocer, planear, programar, presupuestar, ejecutar, medir y rendir cuentas sobre las acciones y programas que contribuyen, desde sus competencias temáticas, a garantizar un seguimiento objetivo y medible de los avances en materia de igualdad.
Dar impulso a ese instrumento de obligatoriedad, seguimiento y vigilancia, es una gran oportunidad de permear en el cumplimiento y ejercicio correcto de los recursos públicos en la materia, así mismo, de contribuir a derribar los muros culturales que no han permitido a las instituciones comprender que toda las acciones públicas van dirigidas a realidades distintas e impactan desproporcionadamente la vida de mujeres y hombres.
