El pasado 8 de febrero, el H. Congreso del Estado de Sonora presentó en el pleno la iniciativa con punto de acuerdo mediante el cual se convoca a la elección de un nuevo Titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en virtud de haber concluido el plazo para el cual fue designado el actual Presidente de dicho organismo, atendiendo lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley que crea la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Sonora.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 102, apartado B establece abrir, para este proceso, una consulta pública dirigida a las instituciones y organizaciones públicas, privadas, sociales, académicas, empresariales, gremiales, profesionales y demás organizaciones civiles, así como a las y los sonorenses en general, para recibir las opiniones y postulaciones respecto al procedimiento de designación del o la Titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
En este sentido, durante la sesión del 8 de febrero, se apertura el plazo del 11 al 21 de febrero del año en curso, para recibir en la Oficialía de Partes de la Oficialía Mayor del Poder Legislativo dichas opiniones. Tal pareciera que la convocatoria se realizó con la luz apagada, pues la difusión de este proceso abierto a la ciudadanía fue sumamente escasa.
Sin perspectiva de genero
Leer la convocatoria pública para la elección del o la Titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en un lenguaje excluyente, refleja poco compromiso del legislativo con un marco legal que establece garantizar la igualdad entre mujeres y hombres; y así mismo, señala la obligación para todo el sector público para el uso de un lenguaje no sexista, incluyente y libre de estereotipos de género.
Cabe aclarar que la redacción tal cual es una copia del artículo 127 Bis Constitucional donde se establecen los requisitos que debe cumplir la persona titular de dicho organismo autónomo, el cual no está armonizado ni redactado con un lenguaje inclusivo, por lo que discrimina e invisibiliza a las mujeres. Sin embargo, para la composición y proceso de la convocatoria, la legislatura dejó ir una gran oportunidad de incidir en un piso parejo para mujeres y hombres.
Debemos tener claro que esto no es solo un tema de forma. Los criterios para llevar a cabo este decreto tampoco procuraron favorecer el principio de paridad. Desde el máximo recinto legislativo se tuvo la oportunidad histórica de crear lineamientos que promovieran una elección paritaria, o gestionar una mayor incorporación de mujeres candidatas para llegar a este espacio, que solamente ha sido ocupado por hombres.
La llamada paridad en todo en Sonora, lograda a partir de la aprobación de un paquete de reformas de leyes aprobadas en 2020, cuyo objetivo fue el de garantizar paridad en los puestos de toma de decisión en los tres poderes de gobierno, requiere de un trabajo progresivo para su consolidación.
Abrir la puerta a las mujeres a espacios de poder, es un paso enorme para contribuir a cerrar las brechas de desigualdad. Sin embargo, no es suficiente dar la entrada en igualdad de oportunidades, sin garantizar el ejercicio del poder y la toma de decisiones en igualdad de condiciones.
Por ello, cuando actores/as públicos emplean argumentos como: “hubo pocas candidatas interesadas”, que ya se ha escuchado desde el poder legislativo, en referencia a esta convocatoria, debemos abocar a los años de resistencias que se han tenido que enfrentar a través de movimientos feministas, de la aplicación de acciones afirmativas en las leyes, y finalmente, de las reformas constitucionales para romper con las inercias culturales que han resultado de cerrar la puerta de lo público a las mujeres.
Algo así como lo escrito por la filósofa Simone de Beauvoir: “Le cortan sus alas y luego la culpan por no saber cómo volar”.
Durante mucho tiempo, se ha asumido que el mundo gira en masculino, que las decisiones las toman quienes “se animan”, quienes “están capacitados”, y quienes cumplen con el rol de liderazgo que corresponde a estereotipos asignados a los hombres. Las dinámicas sociales se han marcado por creencias, estereotipos y la regla de dichos roles.
Es por ello, que los gobiernos y las diferentes instituciones deben ejercer sus funciones desde una visión de género con un enfoque interseccional desde los derechos humanos y atendiendo mecanismos de acción a partir de medidas equitativas que permitan y transformando las dinámicas patriarcales.
En Sonora, la democracia paritaria sigue avanzando lento, y sin duda, es tarea del estado y sus tres poderes, abonar en materia de la incorporación política de las mujeres, y promover su lugar frente de las instituciones.
La paridad también requiere medidas extraordinarias para garantizar su principio y ejercicio. Es un asunto de legalidad y justicia social que debe priorizarse por las instituciones.
