Gerardo Lozano, director del área de Cumplimiento Financiero de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), ha renunciado a su cargo de manera “irrevocable”, por “el desacuerdo respecto al nuevo reglamento interior de la ASF”, según la carta de renuncia, de la que EL PAÍS tiene copia. La semana pasada, Lozano denunciaba la concentración de poder en el ente fiscalizador, ordenado por su titular, David Colmenares. Desde agosto, solo una de las patas de la ASF puede presentar denuncias por posibles malos manejos de dependencias públicas. Hasta entonces, cualquier área, caso de Cumplimiento Financiero, podía hacerlo.
Virtual número dos de la ASF, la salida de Lozano deja en un lugar delicado a Colmenares, muy criticado tras la entrega de resultados de febrero, la primera tanda de auditorías dedicadas al actual Gobierno, encabezado por Andrés Manuel López Obrador.
Entonces, la ASF presentó un informe sobre el costo de cancelar las obras del nuevo aeropuerto de la capital, impulsado por la administración anterior, abandonadas por la actual. El cálculo, elevado a 16.500 millones de dólares, resultó un fiasco. Las críticas del presidente, de la Secretaría de Hacienda y de organizaciones de la sociedad civil arrinconaron al auditor superior, que reconoció el descuido y señaló una “deficiencia metodológica”.
El documento fue firmado por Gerardo Lozano el pasado 11 de noviembre.
Fuera por el motivo que fuera, la polémica apuntaba en realidad a un problema de planeación de la ASF. En vez de encomendar el trabajo al área de Cumplimiento Financiero, especializada en análisis del gasto, Colmenares se lo había fiado a la de Desempeño, que analiza los vicios —o virtudes— de los programas de gobierno. En medio del escándalo, Colmenares suspendió al titular del área de Desempeño. Lozano recibió el encargo de revisar las cuentas, pero con el paso de los días la atención de los medios cambió de objeto y Colmenares evitó airear el resultado de los nuevos cálculos.
La doble desautorización molestó al auditor de Cumplimiento Financiero, que entonces prefirió callar. Ahora, el cambio en el reglamento le ha parecido demasiado.
En una carta enviada el 3 de noviembre a la Comisión de Vigilancia de la ASF en la Cámara de Diputados, Lozano señalaba que el ente fiscalizador había modificado las reglas en un momento de confusión, entre el final de la legislatura anterior y el principio de la actual, tratando de que los cambios pasan desapercibidos.
En la práctica, explicaba, la revisión del reglamento concentraba uno de los mayores poderes de la ASF, la capacidad de denunciar posibles corruptelas, en la Auditoría Especial de Seguimiento, controlada por Nemesio Arturo Ibáñez Aguirre, cercano a Colmenares.
En la misiva, Lozano escribía: “Delegar esta altísima responsabilidad de determinar lo que se denuncia y lo que no, exclusivamente en la Auditoría Especial de Seguimiento, sin ningún contrapeso institucional (…) me parece un gravísimo error que puede abrir un espacio de opacidad y arbitrariedad que debilita a la única institución en México que puede dar un combate frontal a la corrupción e impunidad”.
El auditor denunciaba además que el cambio había generado un atasco en su área, con 60 denuncias potenciales esperando el visto bueno de la Auditoría Especial de Seguimiento. El valor de los montos gastados irregularmente en esos casos ascendía a 1.000 millones de pesos, unos 50 millones de dólares.
En su carta de renuncia, Lozano señala que entre esas 60 denuncias potenciales, otras que siguen en trámite y las ya presentadas desde su llegada a la ASF, en mayo de 2018, su área acumula señalamientos de malos manejos en dependencias públicas por valor de 21.000 millones de pesos, algo más de 1000 millones de dólares.
El ya exauditor se despide cordialmente de Colmenares: “Le agradezco haberme dado la oportunidad de trabajar en esta institución y le deseo mucho éxito en el camino que le falta por recorrer al frente de la ASF”. Colmenares concluye su mandato en 2026.
Información tomada de www.elpais.com
