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martes, diciembre 7, 2021

Presupuesto 2022

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Columna Agenda Abierta

Con la crónica del mayoriteo anunciado se aprobó, en lo general, el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2022, con 274 votos a favor y 219 en contra que prevé un gasto de 7 billones 88 mil millones de pesos para el año que entra.

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Con señalamientos de falta de transparencia y ausencia de justificación de los recortes planteados, la oposición nuevamente cuestionó que el presupuesto autorizado no estimula la economía, castiga la educación y la salud, limita a los estados y municipios al tiempo que premia los proyectos del Tren Maya, el Aeropuerto de Santa Lucia y la Refinería de Dos Bocas.

No obstante que fue organizado en las semanas anteriores un Parlamento Abierto, con la participación de  ciudadanos, organizaciones, académicos, sectores productivos y universidades ninguna de las propuestas ahí presentadas y escuchadas por los diputados federales fueron consideradas. Tampoco en el dictamen aprobado se atendieron las observaciones de la Auditoria Superior de la Federación.

Uno de los elementos más representativos del presupuesto aprobado es que se reasignaron 8 mil millones de pesos, recortando principalmente al Instituto Nacional Electoral, al Consejo de la Judicatura Federal y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

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Dos elementos anecdotarios importantes se dan en este entorno. El primero, la comparecencia de Lorenzo Córdova de la semana pasada, donde infructuosamente trató de explicar, entre gritos, reclamos y sombrerazos, que los 5 mil 700 millones de pesos solicitados por el INE en el Presupuesto de Egresos de la Federación, respondían al mandato del propio Congreso de la Unión, para organizar consulta popular y revocación de mandato.

El segundo, las declaraciones del Ministro Arturo Zaldívar, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en las que aseguró que la mayoría de las personas que son sujetas a prisión preventiva oficiosa son de escasos recursos. En un mensaje en Twitter, señaló que “una condena sin sentencia, por regla general, castiga la pobreza”. Esta aseveración generó una andanada de críticas y protestas en redes, similares a la que Lorenzo Córdova recibió en el Salón del Recinto de San Lázaro.

No obstante lo anecdotario de los acontecimientos en el entorno de la discusión, el debate debiera centrarse en reconocer que México tiene 3 graves problemas y 3 grandes desequilibrios.

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Los Problemas. En primer lugar reconocer que el sistema nacional de salud requiere una alta inversión para incrementar su cobertura, calidad, eficiencia; con medicamentos y vacunas tradicionales; aunado al requerimiento extraordinario de vacunas para atender el covid y a los niños con cáncer.

En segundo lugar, el tema de la seguridad. Existe un alto requerimiento de inversión en equipamiento y formación de cuerpos policiacos, mejores sueldos, mayor capacitación, a la par de modernizar los sistemas de impartición y procuración de justicia, para reducir el alarmante nivel de violencia a nivel nacional.

En tercer lugar, es urgente y necesaria la generación de plataformas de inversión pública que reactiven la economía, que sigue sin salir definitivamente del bache generado por la pandemia, el freno experimentado en el tercer trimestre de este año nos indica que la circunstancia adversa no termina de superarse y que el próximo año debiera considerarse como un espacio de despegue.

De manera complementaria debemos atender tres importantes desigualdades: la referida a la brecha existente entre los hombres y las mujeres; las diferencias salariales, los desequilibrios en las oportunidades y la necesaria construcción de una cultura de equidad en el genero.

La segunda desigualdad es la inequitativa distribución del ingreso entre los que más ganan y los que menos tienen, el 10 por ciento de la población más rica capta cerca del 30% del ingreso, mientras que el 30 por ciento de la población con menos ingresos se distribuyen cerca del 8%.

El tercer desequilibrio es el referido al mayor desarrollo de las zonas urbanas que las rurales, lo cual limita las oportunidades de desarrollo integral en materia no solo de salud, educación y vivienda, sino en términos prácticos se reducen las oportunidades de más y mejores empleos.

Estos elementos solo podremos superarlos no solo con acciones de gobierno que sin duda son indispensables, sino con la asignación adecuada de recursos para articular programas que contribuyan a atender problemáticas y desequilibrios, y eso solo se puede ver reflejado en un Presupuesto de Egresos incluyente.

Por Moisés Gómez Reyna

@gomezreyna

Aviso

La opinión del autor(a) en esta columna no representa la postura, ideología, pensamiento ni valores de Proyecto Puente. Nuestros colaboradores son libres de escribir lo que deseen y está abierto el derecho de réplica a cualquier aclaración.

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