Por Ernesto Urbina Miranda
Recientemente, Alfonso Durazo y Antonio Astiazarán tomaron protesta a integrantes del Consejo Consultivo del Sistema de Planeación Democrática y del Comité de Planeación Municipal, respectivamente. Ambos son espacios de participación ciudadana para la definición de las acciones que se incluirán en sus planes de desarrollo, sin embargo, existen sectores que cuestionan su representatividad, la capacidad para caracterizar de manera amplia las demandas sociales o su posible uso como simples instrumentos de legitimación política. Sobre este tema, se comparten algunas reflexiones.
Desde hace décadas, con el avance de las ideas asociadas a la democracia liberal en América Latina y particularmente en México, la participación ciudadana en los procesos de planeación gubernamental se empezó a visualizar como un mecanismo para la concertación política, el cambio institucional, la transparencia, la rendición de cuentas y otros aspectos que contribuyen a la gobernabilidad y el fortalecimiento democrático.
Como reflejo de la instrumentación de este paradigma, los espacios de participación ciudadana para la definición de los planes de desarrollo estatal y municipal están integrados en la Ley de Planeación del Estado de Sonora y el Reglamento Interior del Comité de Planeación Municipal. A pesar de contar con un marco institucional maduro, el reto de integrar una participación ciudadana amplia, plural y representativa en los procesos de planeación, continúa vigente.
Para ilustrar la problemática, tomemos como referencia el modelo de la pirámide para la construcción de la paz de John Paul Lederach, que caracteriza tres niveles de interacción social: el nivel más alto (top) en donde se encuentran los gobiernos, los partidos políticos y otras élites; el nivel medio el cual se integra por organizaciones de la sociedad civil, academia, sindicatos y otros grupos de influencia; y en la base (grassroots) se ubican la ciudadanía, las familias, los grupos vecinales, los colectivos, activistas, la comunidad de fe, entre otros.
La crítica se concentra en que actualmente existe un alto nivel de interacción entre los niveles alto y medio a través de una diversidad de mecanismos formales de coordinación, particularmente los conocidos (y muchas veces cuestionados) comités y consejos ciudadanos, en donde se configuran acciones para la resolución de los problemas de arriba hacia abajo (“top-down”). Esto, al mismo tiempo que persiste una desconexión con la base de la pirámide y la posibilidad de construir políticas de abajo hacia arriba (“bottom-up”).
Es comprensible que esta desconexión genere conflictos ya que una posición más alta en la pirámide implica un mayor acceso a información, capacidad en la toma de decisiones, pero menos afectaciones por las consecuencias de dichas resoluciones. En caso contrario, las personas y grupos sociales ubicados en la base generalmente experimentan las consecuencias de las decisiones con un acceso nulo o limitado a la toma de decisiones. Es ahí cuando la consigna de “siempre los mismos” adquiere sentido.
Algunas de las limitaciones que se presentan en los gobiernos para habilitar una mejor integración con los agentes y grupos sociales ubicados en la base de la pirámide, se relacionan con el monitoreo e interpretación sobre su representatividad y capacidad de agencia, así como el grado de apertura para someter a debate su programa de gobierno.
Por el lado de base de la pirámide, las limitantes son de mayor complejidad. Para el caso de nuestro municipio, el 6.3% de los hermosillenses afirma haber participar en acciones de beneficio para la comunidad y solamente el 3% es integrante activo de alguna organización civil, social o política. Entre las principales limitaciones destacan la falta de tiempo para involucrarse y la ausencia de un convocante a la participación.
La primera barrera sugiere una relación entre las condiciones socioeconómicas de las personas con su propensión a involucrarse en asuntos públicos. En la medida que se logren resolver algunos problemas estructurales, pudiéramos observar una mayor participación. La segunda limitación nos conduce al acotado abanico de mecanismos instrumentados por los gobiernos para que la ciudadanía y grupos ubicados en la base sean convocados a participar en las decisiones de interés colectivo.
Especialistas exponen como un paso indispensable el promover el uso de los instrumentos vigentes como el plebiscito, el referéndum, la consulta vecinal, entre otros, para desarrollar el hábito de la participación democrática, pero también repensar los mecanismos tomando en consideración las rutinas, hábitos e incluso las formas de organización comunitaria que pudieran facilitar un mayor involucramiento de los diferentes grupos sociales desde la base.
En suma, los gobiernos recién llegados tienen el mandato de constituir sus planes de desarrollo con un conjunto de reglas del juego vigentes que no han logrado consolidar una conexión virtuosa entre los tres niveles de interacción social y los agentes que los componen, sin embargo, eso no excluye que tanto gobiernos como sociedad civil organizada tengamos la obligación de pensar e impulsar acciones que contribuyan a la construcción de políticas de abajo hacia arriba y con ello, avanzar hacia la reconciliación e integración de los diferentes grupos sociales para promover un impacto colectivo en beneficio de todos. Sensibles sobre ello, la participación de Hermosillo ¿Cómo Vamos? en dichos espacios buscará abonar al reconocimiento de las exigencias ciudadanas y la necesidad de una mayor representatividad.
Ernesto Urbina es director general de Hermosillo ¿Cómo Vamos? y profesor del Tec de Monterrey campus Sonora Norte.
