CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A petición de la defensa, un juez federal aplazó hasta el 22 de enero del 2022 la audiencia de imputación contra el excandidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya, por lo que el político queretano podrá pasar las fiestas de fin de año sin contratiempos.
La resolución del Juez de Control adscrito al Reclusorio Norte, Marco Antonio Fuerte Tapia, se dio sin la oposición de la Fiscalía General de la República (FGR), ni tampoco de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la cuál actúa en carácter de parte ofendida.
-Anuncio-El argumento presentado por la defensa de Anaya que dirigen los abogados Eduardo Aguilar Sierra y Arturo Germán Rangel, es que necesitaban al menos 40 días para concluir la revisión de los registros contenidos en la carpeta.
Aguilar Sierra explicó que los registros de la carpeta de investigación abarcan 137 mil fojas, por lo que sería necesario un total de 284 días para leer el expediente completo dedicando 8 horas días al análisis de su contenido.
Cuestionados por el juez especializado en el sistema penal acusatorio, los representantes de la FGR en la audiencia señalaron de manera expresa que no se oponían a la petición de la defensa, por lo que respetarían la decisión del impartidor de justicia.
-Anuncio-En la misma tónica se expresaron los representantes legales de la UIF y de la Cámara de Diputados, la cual interviene en el carácter de ofendida por el presunto cohecho que habría recibido Ricardo Anaya.
La audiencia se celebró vía videoconferencia con todas las partes transmitiendo en lugares diferentes y la presencia de los medios de comunicación en la sala de audiencias.
Sin embargo, al emitir su fallo el juez de control advirtió que la próxima audiencia, a celebrarse el 22 de enero del 2022 a las 9 de la mañana, será presencial y con todas las partes presentes en la sala de audiencias, por lo que Anaya deberá acudir al Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte de forma personal.
-Anuncio-Anaya es señalado por los delitos de lavado de dinero, cohecho y asociación delictuosa por presuntamente recibir sobornos para impulsar y aprobar la reforma energética, la imputación en su contra se desprende de la denuncia que presentó el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, en contra de 17 exfuncionarios y exlegisladores en el marco del caso Odebrecht y de la fallida, hasta el momento, negociación para construir un criterio de oportunidad con la FGR.
