México.- La Fiscalía General de la República (FGR) logró que fuera confirmada la vinculación a proceso en contra de Judith Aracely Gómez Molano, ex Oficial Mayor de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) en el periodo que encabezó Jesús Murillo Karam, e implicada en el supuesto desvío de 852 millones de pesos.
Gómez Molano ya había sido vinculada el pasado 3 de junio, pero ahora se le ha confirmado el proceso por delitos de uso indebido de atribuciones y facultades, peculado, fraude equiparado y asociación delictuosa.
“Esta persona es probable responsable del desvío de una fuerte cantidad de dinero, asignada a una partida de gastos de seguridad pública y nacional, durante los ejercicios fiscales de 2013 y 2014″, destacó la FGR en un comunicado.
Cabe recordar que la ex funcionaria enfrenta las acusaciones en libertad, pues pagó un millón de pesos en garantía, se le prohibió salir sin autorización de la Ciudad de México y el estado de Hidalgo, así como el resto del territorio nacional. Igual le fue colocada una tobillera electrónica.
También debe acudir cada quince días ante la autoridad judicial y se le prohíbe convivir, acercarse o comunicarse a las instalaciones de la FGR, de la Policía Federal Ministerial (PFM), a sus coimputados, así como alguno de los agentes del Ministerio Público que tengan a su cargo el presente proceso.
De acuerdo con el reporte de la FGR, la confirmación de este 22 de octubre fue a través de la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos en el Sexto Tribunal Unitario del Primer Circuito. Previamente esta decisión fue establecida por el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Oriente.
Según las investigaciones, Gómez Molano está acusada junto con Vidal Díazleal Ochoa, ex director de la PFM, así como César Ramírez Torralba, contralmirante que se desempeñaba como director general Adjunto del Centro Técnico de Control de la actual Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada.
Presuntamente, los tres habrían participado en operaciones para adquirir 24 camionetas con espionaje mediante recursos desviados que sumaron hasta 852 millones de pesos. Los proveedores fueron Acumen Telecomunicaciones, así como Vans y Suvs de Lujo.
Aunque la FGR argumentó en junio pasado que los tres tenían amistades en la dependencia ministerial y contaban con dinero para sustraerse de la justicia, la jueza Beatriz Moguel Ancheyta rechazó mantenerlos en prisión preventiva.
Tomás Zerón también está acusado en el mismo caso y se espera que le sea cumplimentada una orden de arresto después de que sea extraditado de Israel, en donde actualmente se ha refugiado por investigaciones de tortura y obstrucción en las indagatorias del caso Ayotzinapa.
Judith Aracely Gómez Moleno ya enfrenta dos procesos relacionados con su cargo en el periodo de Jesús Murillo Karam, pues en febrero de 2020 fue vinculada a proceso por la compra inflada e injustificada de un avión, cuyo costo rondó los 20 millones de dólares. Desde entonces, la ex funcionaria ha sido ubicada como operadora financiera del entonces titular de la PGR.
Según la denuncia de la FGR, en agosto de 2013, Murillo Karam ordenó la compra de un avión Bombardier Challenger (CL 600) mediante un arrendamiento financiero con Banobras. En el juicio también se implicó a Víctor Rodrigo Curioca Ramírez, ex subdirector de Recursos Materiales de Banobras y actual subsecretario de Administración en el Estado de México.
Durante la audiencia de 10 horas, el fiscal Carlos Palafox afirmó que el avión tenía un valor real de 16.4 millones de dólares, pero se pagaron 19.6 millones a la empresa Aviation Enterprise. Incluso, señaló que un perito de la FGR valuó el avión en 14 millones de dólares.
Palafox indicó que la adquisición fue injustificada, pues no se requería un avión con capacidad de realizar vuelos trasatlánticos para que la PGR cumpliera sus funciones constitucionales de perseguir los delitos federales en territorio nacional.
En aquel entonces, la Fiscalía Especializada en Asuntos Internos de la FGR acusó a ambos ex funcionarios por el delito de ejercicio indebido de atribuciones y facultades, que implica una pena de hasta 12 años de cárcel.
La misma jueza Moguel Ancheyta rechazó la petición de la FGR de ordenar prisión preventiva justificada para los imputados, y en cambio les impuso el pago de una garantía de 100,000 pesos y una restricción migratoria para no abandonar el país.
La juzgadora afirmó que no se tomó en cuenta el impacto de costo-beneficio de la adquisición de la aeronave, y señaló que el arrendamiento financiero comprometió durante cinco años las finanzas de la PGR.
La defensa de los ex funcionarios explicó que ambos acusados sólo se limitaron a firmar los contratos, pero la compra fue avalada por otras dependencias, incluida Hacienda.
Alejandro Gertz Manero, actual titular de la FGR, señaló previamente que el costo de la aeronave se elevó hasta en 4 millones de dólares solo porque le cambiaron las vestiduras por unas de piel.
Con información de Infobae
