El 1 de septiembre no solo marca el inicio del periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión; también es la fecha establecida para que el Poder Ejecutivo presente su Informe de Gobierno. Este martes, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, realizó la entrega formal del Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ante la Cámara de Diputados.
El acto fue estrictamente protocolario. Rosa Icela Rodríguez entregó el documento al presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, sin emitir un mensaje político ante los legisladores. El informe contiene el balance de los primeros 23 meses de la administración de Sheinbaum, con énfasis en la continuidad de la llamada Cuarta Transformación, la austeridad republicana y el concepto de “prosperidad compartida”.
Entre los principales resultados que reporta el documento se encuentra una reducción de 200 mil millones de pesos en gasto corriente respecto a 2024, además de ingresos federales por 6.046 billones de pesos durante 2025 y una recaudación adicional de 149 mil millones de pesos hasta agosto de 2026.
En materia de seguridad, el Gobierno federal reporta una disminución de 51% en el promedio diario de homicidios dolosos y más de 63 mil detenciones. En el terreno económico, destaca un salario mínimo de 9 mil 282 pesos, un crecimiento real de 154% desde 2018, inversión extranjera directa por 35 mil millones de dólares durante el primer semestre y una tasa de desempleo de 2.7%.
Los Programas para el Bienestar, según el informe, alcanzarían a 42.86 millones de derechohabientes, con una inversión de un billón de pesos. El documento también contempla proyectos como los 25 Polos de Desarrollo, la simplificación de trámites, iniciativas tecnológicas como el minivehículo Olinia y la supercomputadora Coatlicue, además de la propuesta de avanzar hacia una jornada laboral de 40 horas semanales.
Pero ¿por qué existe un Informe de Gobierno?
La obligación tiene raíces históricas que se remontan al siglo XIX. La tradición presidencial de informar al Congreso tiene antecedentes en la Constitución de Cádiz de 1812 y en la Constitución de 1824. Guadalupe Victoria presentó en 1825 el primer discurso presidencial de este tipo.
Posteriormente, la Constitución de 1857 estableció que el presidente debía informar sobre “el estado que guarda el país”. La Constitución de 1917 formalizó la presentación del informe por escrito el 1 de septiembre, fecha en que comenzaba el periodo ordinario de sesiones del Congreso. Venustiano Carranza inauguró esta práctica el 1 de septiembre de ese mismo año.
Con el paso de las décadas, el Informe de Gobierno se convirtió en uno de los principales acontecimientos políticos del año y dio origen a lo que llegó a conocerse como el “Día del Presidente”: grandes ceremonias, desfiles, invitados, transmisiones por radio y televisión y extensos discursos presidenciales.
Algunos informes se volvieron particularmente largos. Porfirio Díaz llegó a presentar 61 informes, mientras que el de Abelardo L. Rodríguez en 1934 duró más de siete horas. En 1936, durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, comenzaron además las transmisiones radiofónicas de estos mensajes.
La tradición empezó a cambiar de manera importante en el siglo XXI. En 2006, Vicente Fox no pudo pronunciar su mensaje desde la tribuna de la Cámara de Diputados debido a las protestas de legisladores de oposición y se limitó a entregar el documento por escrito.
Dos años después, una reforma al artículo 69 constitucional modificó el formato: el presidente dejó de estar obligado a acudir personalmente al Congreso para presentar el informe. Desde entonces, el Ejecutivo debe enviar el documento y las Cámaras tienen la facultad de analizarlo, formular preguntas y citar a los secretarios de Estado para ampliar la información.
Así, la entrega realizada este 1 de septiembre por Rosa Icela Rodríguez no representa simplemente un trámite administrativo. Es la parte institucional de un ejercicio de rendición de cuentas en el que el Poder Ejecutivo informa formalmente al Legislativo sobre el estado que guarda la administración pública.
El mensaje político puede ocurrir en otro escenario. La entrega al Congreso, en cambio, cumple con una obligación constitucional y mantiene abierto el mecanismo mediante el cual los legisladores pueden revisar, cuestionar y pedir explicaciones sobre las acciones y resultados reportados por el Gobierno federal.
