Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió por unanimidad que es inconstitucional criminalizar el aborto de manera absoluta, el gobierno de México ha identificado casos de personas procesadas o sentenciadas por interrupción del embarazo y trabaja en su liberación.
La Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia de la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), así como la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (Conatrib), los sistemas penitenciarios y las defensorías públicas de las 32 entidades federativas se coordinan para llevar los casos dentro del Sistema de Justicia Penal.
Dentro de las carpetas abiertas por este tipo de delito se identificaron casos de personas procesadas o sentenciadas por interrupción del embarazo, además de haber sido partícipes en el proceso. La Conavim tiene identificadas 432 carpetas de investigación abiertas en 27 estados por este delito a julio de este año.
Tres entidades concentran 49 por ciento de las carpetas abiertas en los primeros siete meses de 2021: en el Estado de México con 93 casos, Nuevo León con 67 y la Ciudad de México con 52. Le siguen Tamaulipas con 28, Querétaro con 22, Baja California y Guanajuato con 18, Hidalgo con 15, Veracruz con 14 y Michoacán con 133.
La dependencia federal ha hecho llamados a las autoridades correspondientes, en el ámbito de sus responsabilidades, hagan todo lo necesario para evitar la criminalización y revisar estas carpetas de investigación ya identificadas, ya que ninguna mujer o persona gestante en el país debe enfrentar un proceso penal por ejercer su derecho al aborto, y el Estado mexicano debe garantizar el acceso a la justicia para quienes hoy están en esa situación.
La resolución de la SCJN garantiza la ampliación del acceso a las mujeres y personas gestantes de todo el país a sus derechos sexuales y reproductivos, así como a su derecho a la salud y a la autonomía.
Además, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) tiene un acuerdo para que que el Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) brinde asesoría, representación y defensa a toda mujer que sea o haya sido sujeta a procedimiento en su contra por el delito de aborto. El Inmujeres también ha pedido a jueces y juezas federales y locales a aplicar la obligatoriedad de este criterio.
Por otra parte, la Segob tiene ubicados 4 mil 233 expedientes de personas sentenciadas o en prisión preventiva, víctimas de tortura, adultos mayores con un enfermedad crónico-degenerativa o en fase terminal, adultos mayores de 70 años, personas que tienen más de dos años y medio en prisión preventiva e indígenas sin defensa adecuada.
