“Cuando despertó, el dinosaurio seguía allí” (Augusto Monterroso).
Como se sabe, ya tomaron posesión de sus curules los nuevos diputados, integrantes de la LXIII Legislatura estatal. Fue muy temprano, como queriendo evitar las inclemencias de la exposición solar porque, según se sabe, la luz puede afectar a las pieles sensibles.
Dura prueba para quienes acostumbran a vivir sin los rigores de una agenda, o sin la monserga de tener que estar a tiempo y sujetos al público escrutinio. Bueno, pues ahora son personas públicas, se subieron a un ladrillo que los hace algo visibles al ojo ciudadano.
Algunos seguramente entienden el papel del legislador, y por ello serán cautos en las propuestas y la aprobación de las leyes, cuidando la utilidad y la pertinencia de las normas; otros van de paseo, como turistas legislativos gracias a la beca que les concedió su partido, a esa oportunidad dorada de figurar y hacer historia sin casi despeinarse, sin más trabajo que repetir frases de cliché y bordar en los lugares comunes, o en el tema de tendencia que se pinta de progresista; otros están con el ánimo de pagar facturas, de operar consignas, de hacer activismo donde se debe hacer política.
Es probable que algunos hayan aprovechado algún cursillo referido a la función legislativa y reparen en el hecho de que las leyes deben estar al servicio del pueblo, para el mejoramiento de la sociedad y no para su sometimiento. Sin embargo, algunos pueden confundir esto con las agendas personales o de grupo.
En este mes de la Patria, se inaugura un nuevo gobierno, con una pesada herencia de corrupción, de manoseo del erario, de deuda que creció indebidamente, de rezagos en materia de seguridad pública, de asistencia y justicia social, de infraestructura, de empleo y distribución del ingreso.
Se puede suponer que el nuevo gobierno, más que tratar de reinventar el hilo negro, se dedicará a analizar el estado de cosas estatal y corregir lo urgente y necesario, bajo los principios de la austeridad, la transparencia y el combate a la corrupción sin excepciones.
Aquí es inevitable pensar en los sueldos de los altos funcionarios del gobierno y de los mismos diputados y burocracia que engorda en el Congreso, y sin duda resulta imperativo eliminar los candados puestos por el gobierno saliente respecto a las facultades del Congreso, echando para atrás la absurda “reforma constitucional” de Claudia Pavlovich para inhibir el trabajo legislativo.
Asimismo, se deberán analizar con cuidado los bienes y concesiones del Estado, el monto y valor de los recursos naturales, empezando con los mineros, el agua y la cuestión inmobiliaria dentro del ámbito de competencia de la entidad federativa y con la coordinación de la autoridad federal correspondiente.
Por otra parte, es de elemental justicia que se garantice el buen funcionamiento del Isssteson, que depende tanto de su correcta administración como de la oportunidad y honestidad con que se le entreguen los recursos que le corresponden por concepto de cuotas y aportaciones por parte de los organismos afiliados y sus derechohabientes.
Es urgente revisar la figura de las subrogaciones y evitar la dependencia externa del Isssteson para el cumplimiento de sus funciones, habida cuenta que un organismo público que cumple una función social esencial no debe ni tiene porqué privatizarse. Aquí llama la atención la existencia de los Seguros de Gastos Médicos Mayores, el gran negocio de las aseguradoras, siendo que el Isssteson debiera estar para atender integralmente la salud de sus derechohabientes.
En ese sentido, resulta absurdo plantear la posible creación de una “afore”, siendo que la realidad nacional e internacional demuestra que sólo sirven para el enriquecimiento de bancos y otras corporaciones con fines de lucro. La seguridad social es un derecho reconocido mundialmente y una obligación ineludible del Estado, por lo que las leyes deben estar en esa sintonía.
Cabe recordar que la reforma de 2005 a la Ley 38 orgánica del Isssteson, impulsada por el gobierno de Eduardo Bours, tuvo un fuerte carácter recaudatorio porque elevó las cuotas y aportaciones y la edad de retiro, con lo que es mayor el tiempo de cotización sin que operara un cambio en favor de la atención a los derechohabientes.
Por el contrario, se abrió la puerta al manejo privado y la subrogación de los servicios, donde se incluye la farmacia y otros de carácter operativo. La falta de control, la opacidad y las complicidades hicieron posible que el quebranto financiero de más de seis mil millones de pesos haya ocurrido y permanezca hasta la fecha impune.
Para concluir, es claro que la opacidad, el tortuguismo y la falta de honestidad en el manejo de los recursos son parte de una herencia que debe atacarse con firme determinación, por la salud de los trabajadores y sus familias.
En este contexto, el Estado debe mantener el carácter solidario y distributivo de la seguridad social y responder a las necesidades de los trabajadores y sus familias, sin caer en la estrechez del criterio actuarial ni las recetas del período neoliberal.
Si ya se subieron al ladrillo de la función pública, los diputados y el Ejecutivo deben actuar bajo los supuestos políticos que los llevaron al gobierno, sin mareos por la altura, sin pedantería y siempre escuchando al pueblo, porque sólo a él deben servir y representar con puntualidad y honestidad republicana. Ni más ni menos.
José Darío Arredondo López
