A pocos días de dar inicio a un nuevo gobierno estatal, en Sonora se comienzan a vislumbrar nuevos perfiles para dirigir las instituciones públicas, algunos de ellos con expertís académica, otros con probada experiencia en la toma de decisiones en diferentes espacios.
El gobernador entrante, el Doctor Alfonso Durazo Montaño, ha anunciado ya a una parte de quienes integrarán el gabinete por el periodo de 2021 a 2027. Un gran porcentaje de este, será ocupado por mujeres.
La llamada paridad en todo, lograda a partir del impulso, discusión y aprobación de un paquete de reformas de leyes aprobadas en 2020, cuyo objetivo fue el de garantizar paridad en los puestos de toma de decisión en los tres poderes de gobierno, sigue consolidándose a través de los mecanismos establecidos. La temporalidad contemplada en la Ley para garantizar este principio constitucional, se define de manera escalonada, de acuerdo a los tiempos que dicta la naturaleza de las diferentes instituciones. Al poder ejecutivo en Sonora, le corresponde hacerla efectiva a partir de este cambio de administración.
A pesar de que las grandes reformas en materia de paridad, violencia política y participación política de las mujeres, fueron en gran medida impulsadas y aprobadas en el sexenio que está por terminar, fue visible la falta de mujeres tomando decisiones públicas de primer nivel. De hecho, durante los seis años del gobierno actual, no hubo una sola secretaría liderada por una mujer, a pesar de tener a la primera gobernadora de estado, misma que promovió varias de las reformas en esta materia.
Abrir la puerta a las mujeres a espacios de poder, es un paso enorme para contribuir a cerrar las brechas de desigualdad. Sin embargo, no es suficiente dar la entrada en igualdad de oportunidades, sin garantizar el ejercicio del poder y la toma de decisiones en igualdad de condiciones. Así mismo, es trascendental impulsar desde el Plan de Desarrollo estatal, acciones públicas que busquen acabar con las desigualdades de género, de manera transversal.
Durante mucho tiempo, se ha asumido que las políticas públicas no excluyen o discriminan cuando se enfocan a resolver problemas para toda la población. Sin tomar en cuenta que en la realidad diaria la vida de hombres y mujeres se vive distinta, y los problemas públicos afectan de manera diferenciada a la población. Es por ello, que los gobiernos deben ejercer sus funciones desde una visión de género con un enfoque interseccional desde los derechos humanos.
México, desde 1974 viene construyendo un marco jurídico sólido en materia de derechos humanos de las mujeres. En 2011 esta construcción se fortaleció con las Reforma a la Constitución Política en materia de Derechos Humanos, que elevó a rango constitucional los convenios y tratados internacionales firmados por nuestro país.
Las posteriores reformas en 2012 a la Ley de Planeación y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) establecieron que, el proceso de la política pública nacional tenga incorporada la perspectiva de género
El marco normativo en Sonora, también obliga al Estado a incorporar desde a planeación y de manera transversal la perspectiva de género para resolver los problemas públicos.
La Ley de igualdad entre Mujeres y Hombres para el Estado de Sonora, indica que “Corresponde al Poder Ejecutivo del estado incorporar en los Proyectos de Presupuestos de Egresos del estado la asignación de recursos para el cumplimiento de las políticas públicas en materia de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres y para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres”.
Así mismo, La Ley de acceso de la Mujeres a una Vida libres de violencia estatal, indica en su artículo 2, que el “Estado y los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias tomarán las medidas administrativas y presupuestales para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, tales como procurar que el presupuesto, no sea menor que el año anterior, ni sea desviado a otra partida presupuestal.”
En Sonora, la democracia paritaria sigue avanzando, y sin duda, durante estos seis años atestiguaremos grandes avances en materia de la incorporación política de las mujeres, y un papel relevante al frente de las instituciones. No obstante, es necesario promover como parte de este avance, la obligatoriedad en el ejercicio de las funciones públicas de mujeres y hombres para contribuir a la igualdad y a una vida libre de violencia.
La transversalidad en la perspectiva de género también es un asunto de legalidad y justicia social que debe implementarse cuanto antes.
