Estados Unidos pidió al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que despeje los campamentos que albergan a miles de migrantes en las ciudades fronterizas mexicanas.
Lo anterior, debido a que suponen un riesgo para la seguridad porque atraen a bandas de narcotraficantes que desean captar a los inmigrantes a sus filas, aseguraron funcionarios allegados a la petición a la agencia Reuters.
Frente a las críticas internas por un alza en los cruces ilegales a través de la frontera común, el Gobierno de Estados Unidos está presionando a México para que frene el flujo de migrantes y ayudar a aliviar así tensiones en una frontera de casi 3 mil 200 kilómetros.
De acuerdo con funcionarios del Gobierno de EE UU, los campamentos mexicanos de migrantes se han convertido en un caldo de cultivo para que los miembros del narcotráfico intenten extorsionar a las personas que buscan llegar a territorio estadounidense.
Dos de los campamentos más grandes que han surgido en el norte de México se encuentran en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, al otro lado de la frontera con McAllen, Texas, y en Tijuana, frente a San Diego, California. Los funcionarios del Gobierno de Estados Unidos argumentan que el campamento de Reynosa es el hogar de al menos 2 mil 500 personas y ha atraído a miembros del crimen organizado.
El campamento de Tijuana alberga a una cifra similar de migrantes. La agencia Reuters precisa que tanto el Departamento de Estado de Estados Unidos, como la Cancillería de México, declinaron a hacer comentarios sobre esta información.
La petición para despejar los campamentos fronterizos abona a la tensión que existe entre ambos países ante un flujo migratorio que no da tregua. En julio, los cruces fronterizos rompieron un nuevo récord, con más de 212 mil encuentros informados por las autoridades estadounidenses. Es la cifra más alta en 20 años.
Además, esta semana, la Suprema Corte de Estados Unidos asestó un duro revés al Gobierno de Joe Biden. El Tribunal decidió reinstaurar el polémico programa Quédate en México, ideado por Donald Trump, con el que decenas de miles de solicitantes de asilo a Estados Unidos, debían aguardar sus procesos al sur del Río Bravo.
Tras conocer el fallo, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en México, respondió que la decisión judicial no obliga al país y que su política migratoria se diseña y ejecuta de manera soberana. “En consecuencia, el fallo de la Suprema Corte de los Estados Unidos no tiene una implicación directa en la gestión migratoria del Gobierno de México”, informó por escrito la dependencia federal.
Con información de El País.
