Los 15 gobernadores que dejarán sus cargos en los próximos meses no han esclarecido el destino o la utilización legal de casi 60 mil millones de pesos provenientes de fondos federales que fueron transferidos a sus estados, y que de acuerdo con auditorias oficiales podrían haber sido desviados o malversados de los objetivos para los que estaban etiquetados.
Todos los mandatarios salientes tienen observaciones por malos manejos de las partidas federales, aunque el gobernador de Michoacán Silvano Aureoles lidera, y por mucho, las irregularidades detectadas con más de 16 mil millones. En cambio, el gobernador de Querétaro Francisco Domínguez es el que presenta la menor cantidad de irregularidades con 179 millones.
Datos actualizados de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) revisados por Animal Político muestran que el monto de los posibles desvíos es resultado de 1 mil 688 irregularidades detectadas en el manejo de más de una decena de distintos fondos que hasta el cierre de junio no han sido esclarecidas.
Se trata de malos manejos que los gobernadores aun pueden solventar antes de dejar sus cargos comprobando de forma creíble en que se usó el dinero o devolviéndolo a Hacienda. De no hacerlo, corresponderá a sus sucesores esa responsabilidad. Y si ello no ocurre, la ASF podría presentar denuncias penales en contra de quien resulte responsable.
De los quince gobernadores salientes sobre los que pesan observaciones de los auditores, ocho son emanados del PRI, cuatro son del PAN, uno es de MORENA, otro del PRD y uno cuya candidatura fue independiente.
De acuerdo con los registros de la ASF, el monto exacto de recursos observados por posibles irregularidades en la administración de los mandatarios salientes asciende a los 59 mil 145 millones de pesos. Para ponerlo en proporción, este monto equivale al presupuesto de tres años completos de la Fiscalía General de la República.
Animal Político buscó a los tres mandatarios que acumulan la mayor cantidad de recursos no aclarados para conocer su posicionamiento.
Hasta la publicación de esta nota solo se recibió respuesta de la administración del gobernador de Chihuahua, Javier Corral, la cual confirmó que tienen varias observaciones de la ASF pendientes por atender, pero que esto se hará a la brevedad luego de que el proceso se retrasó por la pandemia sanitaria.
El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, es quien concentra hasta ahora la mayor cantidad de recursos mal manejados y que siguen sin aclararse con 16 mil 93 millones de pesos en total. Equivale a casi el 30 por ciento de todos los recursos sin aclarar de los quince mandatarios salientes.
A su vez, su gobierno concentra la mayor cantidad de malos manejos observados por los auditores que pueden representar un daño patrimonial con 226 hechos irregulares en total. Las anomalías detectadas en Michoacán están relacionadas con el manejo de más de 20 fondos y partidas distintas.
Hace dos semanas Silvano Aureoles declaró en una entrevista que los candidatos de MORENA, incluido su sucesor en el gobierno, habían obtenido la victoria electoral gracias al apoyo del crimen organizado. En respuesta el exgobernador del mismo estado, Leonel Godoy, señaló que el perredista intentaba desviar la atención de las indagatorias por corrupción que se iniciarán en contra de su gestión tan pronto deje el cargo.
El segundo mandatario saliente con el mayor monto observado por la ASF es Jaime Rodríguez Calderón mejor conocido como “El Bronco”, gobernador de Nuevo León. En total acumula irregularidades por 8 mil 721 millones de pesos, producto de 203 anomalías distintas.
En el caso de este estado la mitad de los recursos malversados están vinculados con transferencias realizadas bajo la denominada Ley de Disciplina Financiera de las Entidades y los Municipios.
En tercer sitio se ubica la administración del gobernador de Chihuahua, Javier Corral Hurtado, quien durante su gobierno ha impulsado una fuerte ofensiva legal en contra de la administración de su antecesor Cesar Duarte por presuntos actos de corrupción. De acuerdo con la ASF, en su gestión hay posibles irregularidades por 8 mil 144 millones de pesos.
Las auditorias practicadas a la entidad gobernada por el panista arrojaron hasta ahora un total de 108 irregularidades en el manejo de partidas como el Seguro Popular, el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública del Estado, el Fondo de Infraestructura Social para las Entidades, el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa, entre otros.
El cuarto mandatario saliente con la mayor cantidad de recursos posiblemente desviados es José Ignacio Peralta Sánchez, aun gobernador de Colima, con 4 mil 938 millones de pesos presuntamente malversados en 124 hechos distintos de posible corrupción. Un monto similar es el que deja el panista Antonio Echeverría González en Nayarit con 4 mil 711 millones de pesos observados por los auditores.
El actual presidente del PRI, Alejandro Moreno, es otro de los implicados en los malos manejos. Si bien se separó del cargo de gobernador de Campeche en 2019 tras cuatro años de gestión, su administración ha continuado bajo la dirección del mandatario suplente Carlos Aysa González. En total esta administración acumula irregularidades por tres mil 918 millones de pesos producto de 103 hechos irregulares que dañaron el erario.
Luego sigue el priista Héctor Astudillo Flores del estado de Guerrero. Las auditorias practicadas identifican 3 mil 528 millones de pesos cuyo destino aun no ha sido aclarado producto de 116 irregularidades detectadas en la administración de este gobernador.
Después se ubica la gestión del gobernador de Zacatecas Alejandro Tello Cristerna, quien acumula irregularidades por 2 mil 413 millones. Le sigue otro mandatario del PRI, Juan Manuel Carrera López de San Luis Potosí, con 2 mil 337 millones de pesos resultado de 148 acciones anómalas en el ejercicio de los recursos.
El aún gobernador de Baja California Sur, el panista Carlos Mendoza Davis, heredará a su sucesor un faltante en el erario estatal de 1 mil 802 millones de pesos.
Los otros cinco gobernadores salientes registran observaciones por debajo de los mil millones de pesos. Entre ellos destaca el caso del gobernador de Baja California, el morenista Jaime Bonilla, quien en apenas un periodo de dos años de su gestión ya suma 809 millones de pesos observados.
Le siguen Marco Antonio Mena Rodríguez de Tlaxcala con 708 millones de pesos desviados; Claudia Pavlovich en Sonora con irregularidades por 536 millones de pesos; y Quirino Ordaz Coppel, gobernador de Sinaloa, con cerca de 304 millones de pesos observados.
El gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servín, es el mandatario saliente con la menor cantidad de recursos desviados en su gestión con 179 millones de pesos. Aun así, el panista ya se encuentra bajo investigación por el caso de los supuestos sobornos repartidos con dinero de Odebrecht cuando él era senador.
La administración del gobernador, Javier Corral, explicó a Animal Político que la pandemia sanitaria es uno de los factores que, al menos en el caso de Chihuahua, ha complicado el esclarecimiento de las observaciones de la Auditoría.
En entrevista con este medio la secretaria de la Función Pública de dicha entidad, Mónica Vargas, señaló que apenas en abril pasado se pudieron retomar las reuniones presenciales con los auditores para trabajar en el esclarecimiento de las observaciones reportadas en los fondos.
“Sí tenemos estos montos pendientes, pero se está trabajando para aclararlos. Estamos en un contacto muy cercano con el auditor especial de seguimiento Nemesio Ibáñez y con su equipo para ello. Ya tenemos claro que información requieren. A principios de mes el gobernador también se reunió con el Auditor General (David Colmenares) y hay una gran disposición de colaborar” señaló.
La funcionaria detalló que en dos semanas aproximadamente entregarán documentos relacionados con observaciones de los ejercicios 2017 a 2019, con lo que esperan solventar al menos la mitad del monto que aun falta por aclarar en la entidad.
Animal Político también buscó desde el jueves pasado a los gobernadores de Michoacán y Nuevo León para conocer su punto de vista. A través de sus voceros ambos indicaron que se revisaría el tema pero hasta la publicación de esta nota no se ha recibido respuesta.
Aunque la ASF ha reportado año con año que los fondos federales son manejados de manera irregular en los estados, hasta ahora ningún mandatario estatal ha enfrentado consecuencias legales por estos hechos. Las indagatorias, a lo sumo, se han enfocado en funcionarios de menor rango sin que existan sentencias condenatorias.
En el caso de los quince gobernadores salientes, por ejemplo, pese a que los auditores han documentado (en algunos casos desde 2015) la existencia de más de 1 mil 600 irregularidades, hasta ahora solo se ha presentado una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República.
Lo anterior obedece a que por procedimiento la ASF concede un plazo discrecional para que los distintos gobiernos traten de justificar el destino o utilización que tuvieron los recursos mal manejados, o en su caso los devuelvan.
No obstante, la presentación de denuncias tampoco ha garantizado hasta ahora la devolución de los recursos mal manejados. Prueba de ello es el caso del gobierno de Javier Duarte en Veracruz sobre el cual pesan 62 denuncias penales por la desaparición de casi 61 mil millones de pesos, dinero que hasta la fecha sigue sin ser repuesto por los exfuncionarios denunciados.
Aunque Duarte es el gobernante en cuya administración se ha desviado la mayor cantidad de recursos públicos, él no se encuentra procesado por delitos de corrupción. La sentencia que lo mantiene hasta ahora en prisión fue por lavado de dinero y asociación delictuosa.
