El Instituto Nacional Electoral (INE) fue notificado este viernes por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de la resolución adoptada por la Primera Sala respecto a la controversia constitucional 203/2020 presentada por el Instituto a fin de contar con los recursos necesarios para llevar a cabo la Consulta Popular del primero de agosto.
Ante la determinación de la SCJN de declarar infundada dicha controversia constitucional, el INE es respetuoso de las decisiones tomadas por los órganos del estado mexicano y, desde luego, acata el sentido de las mismas.
Mediante un comunicado el Instituto señaló que hará la Consulta Popular con los recursos con que cuenta para el ejercicio fiscal 2021, originariamente destinados a otras tareas.
Para el Ejercicio Fiscal 2021, al INE se le asignaron 26 mil 819 millones 801 mil 594 pesos, después de un recorte de 870 millones de pesos al presupuesto originalmente presentado por la institución.
El el mismo documento la SCJN establece que el INE debió prever en la solicitud de presupuesto para 2021 recursos adicionales para la realización de la Consulta.
Sin embargo, el presupuesto del INE se elaboró y envió para su aprobación en agosto de 2020, mientras que la solicitud de Consulta Popular fue hecha por el Presidente de la República el 15 de septiembre de 2020 y el decreto para la convocatoria de la Consulta Popular se publicó el 28 de octubre.
Por tanto, era cronológicamente imposible prever en el anteproyecto de presupuesto recursos para la realización de una consulta cuya solicitud y convocatoria no habían sido emitidas.
La Corte establece que el INE debió controvertir el presupuesto finalmente asignado, a fin de que se contemplara la suficiencia presupuestal requerida para organizar y llevar a cabo la Consulta Popular.
