El juicio contra la líder opositora de Myanmar y ganadora de las elecciones que propiciaron el golpe de Estado el pasado 1 de febrero, Aung San Suu Kyi, comenzó finamente este lunes después de que la junta militar lo aplazara hasta en tres ocasiones.
Suu Kyi, de 75 años, se encuentra bajo arresto domiciliario desde que fue arrestada tras el golpe de Estado y está acusada de cometer decenas de delitos, entre los que se encuentran incitación a la sublevación, violación de las restricciones impuestas por el coronavirus e infringir las leyes de comercio exterior, entre otros.
Sin embargo, disidentes y seguidores de la política, que ganó el premio Nobel de la Paz en 1991, han insistido en que el Ejército busca silenciarla a largo plazo, por lo que está previsto que se enfrente a duras sentencias.
La junta militar insiste en que las medidas tomadas tras el golpe tienen como objetivo proteger la democracia y han insistido en que se produjo un fraude electoral en noviembre. Myanmar se encuentra sumido en una grave crisis desde la asonada y, según datos de la Asociación de Ayuda a los Presos Políticos (AAPP), al menos 863 personas han muerto y más de 6.000 han sido arrestadas en el marco de las protestas que han seguido al golpe militar.
La ONG Human Rights Watch (HRW) alertó del arresto arbitrario llevado a cabo por las fuerzas militares, que están deteniendo a los familiares y amigos de activistas, manifestantes y miembros de la oposición, y pidió la “puesta en libertad inmediata de todos ellos por constituir una violación del Derecho Internacional”.
Así, denunció que desde el 1 de febrero, el Ejército ha detenido al menos a 76 personas, incluido un menor, en el marco de una serie de redadas que no resultaron en la detención, precisamente, de la personas buscadas.
En un comunicado, la organización señaló que “mantener a familiares y amigos como rehenes supone una práctica utilizada para aterrorizar a la población y presionar a los activistas para que se entreguen ellos mismos”, lamentó Phil Robertson, subdirector para Asia de la ONG.
“Las autoridades deben acabar con esta práctica de castigo colectivo y poner en libertad a todos los que han sido arrestados de forma ilegal”, recoge el texto, que incide en que la detención de personas “basada únicamente en su relación con otra” es una “violación del derecho a la libertad y la seguridad”, además del “derecho a un juicio justo”.
Robertson acusó a la junta militar de llevar estos arrestos a un “nuevo nivel” y enfatizó que los “gobierno es que estén preocupados deben actuar e imponer sanciones, además de un embargo de armas, para detener las acciones abusivas de la junta”.
Con información de Europa Press
