Columna Agenda Abierta
La manifestación popular a través del voto garantiza una parte importante de la vida democrática de un país, la otra es el legitimo desempeño de la autoridad en beneficio de los derecho humanos, incluidas las libertades, las garantías y el respeto a las personas.
Se suele decir cada tres años, lo cual se ha convertido en un lugar común, que los mexicanos tendremos las elecciones más importantes de nuestra historia, las más grandes y las más complejas. Y es relativamente cierto por la dimensión demográfica y por ende, la complejidad del ejercicio. La participación de poco más de 94 millones de mexicanos inscritos en el padrón electoral con edad para emitir su voto, lo hacen, sin duda, complejo.
La gran diferencia con otras elecciones es que hay una serie de factores inéditos, que representan seriedad y consideración.
Por vez primera en nuestra historia moderna, los mexicanos iremos a las urnas en medio de una pandemia y una emergencia sanitaria que aún está lejos de terminarse. Esto ha afectado la dinámica de las campañas y ha puesto en el centro de la elección, además de otros asuntos de interés público, el manejo que el gobierno ha efectuado de esta crisis.
Las medidas que ha tenido que considerar el INE han supuesto un enorme reto para proteger a la ciudadanía durante la votación, a fin de garantizar, como nunca, una importante participación y el exhorto para que acuda toda la población a votar, con precaución, pero con confianza.
Un segundo elemento lo representa la activa participación del gobierno federal cuestionando la actuación del órgano electoral y en el desarrollo de las elecciones; no podemos olvidar aquel episodio cuando el candidato López Obrador, en 2006, mandó callar al presidente Fox llamándolo chachalaca, lo que generó una serie de consideraciones que concluyeron con la reforma electoral del 2007, que prohíbe expresamente la intromisión de las autoridades en los procesos electorales.
Un tercer elemento complejo y preocupante lo representa el nivel de violencia en el proceso. Son ya más de 90 políticos asesinados en México y 34 de ellos candidatos a alcaldías, diputaciones, regidurías y sindicaturas. El 89% de ellos opositores a los gobiernos municipales que buscaban gobernar.
Nunca como ahora hemos visto asaltos, balaceras, emboscadas, atentados, secuestros, retenciones y amenazas a lo largo y ancho del país contra candidatas y candidatos a puestos de elección popular. Peor aún, el presidente ha minimizado esta tragedia calificando estos lamentables hechos como amarillismo periodístico. Al 26 de mayo pasado, se contabilizaban 724 crímenes con políticos, y especialmente candidatos, como víctimas principales.
Algo que marcará esta elección es la violencia y la inseguridad, la insuficiencia en la estrategia de protección a candidatos operada desde la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la expansión del crimen organizado que decide por encima de la ciudadanía y de las instituciones, quienes son elegibles y quienes no, y peor aún, la violencia política disfrazada de crimen organizado. Hay una incapacidad manifiesta para generar condiciones de paz y tranquilidad, que se suma a que prevalece una notoria impunidad. Únicamente ha habido un puñado de detenciones, alrededor de 12, y de éstas, sólo 5 personas han sido vinculadas a proceso hasta el último reporte conocido públicamente.
Por ultimo, hay que señalar que durante todo el proceso electoral ha estado latente y amenazante la sombra de eliminar al INE en una próxima reforma electoral. Sin duda, después de tantos años de una autoridad electoral ciudadana, no exenta de limitaciones y problemas, pero sólida, con credibilidad, con imparcialidad y con la ley en la mano, los ataques contra la institución no hacen sino recordar que hace algunos años, teníamos elecciones organizadas por el gobierno en las que un secretario de Gobernación como Manuel Bartlett fue abundantemente señalado en relación a un enorme fraude electoral, con la infame “caída del sistema”.
El INE es un órgano perfectible y se puede y deberíamos discutir cómo profesionalizarlo aún más, cómo fortalecerlo y cómo hacer que garantice cada vez elecciones más limpias, modernas y transparentes. Fue el INE, la institución que avaló el triunfo del propio López Obrador en la elección presidencial del 2018.
Hoy estamos ante una elección compleja y diferente a las anteriores, con la convicción de que elevando nuestra participación, también podremos garantizar una parte del ejercicio democrático al cual tenemos derecho y obligación plena a desarrollar. En este ejercicio podremos sin duda evaluar el desempeño que tienen nuestros gobernantes sobre el cumplimiento de sus funciones en beneficio de las personas, y ése será el complemento de la democracia plena.
Moisés Gómez Reyna
Twitter: @gomezreyna
