Columna Desde la Polis
Para la columna de este domingo, me permito transcribir algunas ideas generales que surgieron a partir de una conversación que sostuve con el jurista Francisco Acuña Griego, sobre la que quizá sea la madre de las crisis en Sonora: la incertidumbre provocada por la injusticia.
El mayor compromiso de un estado democrático es servir en un Estado de Derecho. Para algunos la fórmula “Estado de Derecho” es una tautología porque estado y derecho se implican. No puede existir uno sin el otro. Sin quedarnos en ese extremo, no cabe duda que el Estado de Derecho es el simple cumplimiento de la ley. No existe en automático por la sola presencia de la ley, sino hasta que ésta se cumple. Es en esa última etapa de la producción normativa, en la aplicación de la norma al caso concreto, donde se acredita su existencia. Es en ese espacio integral del servicio público en donde se aplica la regla acordada. Pero para la sensibilidad y percepción social, esa aplicación es crucial en las zonas de conflicto donde interviene el Estado para procurar y administrar justicia. Aquí, en la frontera crítica del dolor y la angustia de los seres humanos, donde el Estado está presente para resolver los problemas humanos, (penales, civiles, mercantiles, laborales, etc.), es donde vive o muere, miles de veces, todos los días, el Estado de Derecho. Si falta una prudente y honrada aplicación de las normas jurídicas, la sociedad percibe que no hay Estado. Se pierde la confianza y se agota la legitimidad jurídica y política del gobierno. Sobreviene entonces el caos, la impunidad, la corrupción y la violencia.
Un escenario como el apenas descrito es el que se percibe en gran parte de México, y lo que más importa, especialmente en Sonora. Aquí se abandonaron esas áreas del servicio público, y en los tribunales y en las fiscalías, han crecido la corruptela, la ineptitud y la indolencia, como en otros campos del ejercicio público; porque en estos espacios de la procuración y de la administración de justicia se refleja, como en un espejo, todo un estilo de gobierno.
Los problemas actuales de la justicia merecen un trato prioritario dentro de cualquier propuesta de reforma del estado o de cambio de régimen. No mediante la simple expedición de leyes, sino a través de la construcción de un sistema de formación, profesionalización, selección y nombramiento de las personas que realizarán esa tarea esencial. El problema no está en las leyes, sino en las personas de carne y hueso que aplican esas leyes.
La Reforma Constitucional de 1994-1995 que reestructuró al Poder Judicial Federal, obligaba a los estados a diseñar algo semejante. Tras los cambios en la legislación sonorense, se habló de un Consejo de Poder Judicial como órgano de gobierno. De aquí dependería la llamada carrera judicial como sistema de selección, nombramiento, vigilancia, ascenso y sanciones de todos los miembros del poder judicial. Incorporada a este sistema de carrera judicial estaría la llamada escuela judicial para la formación, profesionalización, actualización, de quienes aspiraran a ingresar a la judicatura y/o de quienes ya estuvieran trabajando dentro del sistema. Nada de esto funciona. A estas alturas todo mundo sabe que los cambios fueron puro gatopardismo institucional para que todo siguiera siendo igual: una judicatura inepta, corrupta y socialmente desprestigiada. Urge tener un verdadero Consejo como órgano de gobierno del Poder Judicial del Estado.
Para realizar un cambio auténtico habría que convocar a las universidades, facultades y escuelas de derecho, colegios de abogados, y otros interesados en discutir y aportar ideas para impulsar la existencia y funcionamiento de estos órganos públicos en una verdadera reforma integral del poder judicial.
En el campo de procuración de justicia, los fiscales y los cuerpos de seguridad encargados de la investigación se anquilosaron y abandonaron su vocación natural de investigar y perseguir el delito. Se padece aquí la misma situación de burocratismo, ineptitud y corrupción que deteriora al poder judicial. Su desprestigio es mayor. En este campo habría que modificarse la forma de selección y nombramiento de los fiscales generales, de los vice-fiscales y de los ministerios públicos. Podría abrirse un auténtico proceso de selección y nombramiento mediante la participación de colegios y barras de abogados que aporten su opinión de los que aparezcan como candidatos, y que las comparecencias públicas en la cámara de diputados que reciba las propuestas del ejecutivo, se realice bajo protocolos de escrutinio que puedan mostrar en serio la aptitud, vocación e idoneidad de los candidatos.
El problema humano de la justicia, en todas sus vertientes, exige inversiones de tiempo y esfuerzo para consagrarlos a la creación de capital humano especializado e idóneo para la realización de la tarea más delicada y trascendente de un gobierno, porque el estado de derecho no solo es una estructura jurídica, es también un proyecto moral y humano que no se debe soslayar.
Jesús Manuel Acuña Méndez
@AcunaMendez
El autor es Presidente Fundador de CREAMOS México A.C. y especialista en políticas públicas por la Universidad de Harvard. jesus@creamosmexico.org
