Columna Desde la Polis
En junio del 2019 escribí una columna (“Las lecciones de Medellín”) donde expliqué cómo es que en su desbordado delirio de poder, Pablo Escobar y compañía cometieron errores críticos que fueron evitados, posteriormente, por el Cartel de Sinaloa (ejemplo: usar el narcoterrorismo para negociar con el gobierno o buscar personalmente ser políticos). Transcribo el final de dicho texto: “Lo único que no ha sucedido en México a diferencia de Colombia, es que aquí no han comenzado a ejecutar ni a secuestrar a la élite… sólo a la raza, al pueblo bueno y sabio. Quizá cuando aquello suceda, llegue también un disruptivo que cambie el actual paradigma entre el Estado y el crimen.” Casi dos años después, al comenzar la reflexión de hoy, recordé esas palabras por el homicidio de Abel Murrieta Gutiérrez.
Hace más de 250 años, en Francia se escribió un librito titulado “El Contrato Social”. Ahí, su autor expuso -entre otras cosas- cómo es que se constituye un Estado y cuál es la relación entre éste y su población. Ahí explicó que la principal obligación del Estado es proporcionarle seguridad a sus ciudadanos, tanto de amenazas externas como domésticas. Se puede fallar en todas las demás, menos en esa. Por eso, en la actualidad, cuando vemos que en algún lugar impera la violencia y no existe una autoridad formal que la controle, se habla de estados fallidos. Consecuentemente, desde la era de Calderón, posturas políticas (como la de la entonces Secretaria de Estado de EEUU, Condoleeza Rice) afirman que México entra en esa categoría, mientras que otros -en discusiones académicas- rechazan ese status en tanto que sólo regiones del país (y no todo) es controlado por la criminalidad y no todo. El caso es que, como ya todos sabemos, México tiene un problema serio con el crimen organizado. El reduccionista y francamente absurdo discurso politiquero (que se agudiza en épocas electorales) presenta dos panoramas absurdos: unos quieren hacernos creer que esto se creó ayer y otros prometen que esto se resolverá mañana. Ni una, ni la otra.
El 18 de mayo del 2020, participé con el Lic. Murrieta en una mesa de análisis, tras un larguísimo episodio de balaceras en Magdalena. En esa ocasión, como en las demás, coincidimos en el monumental autoengaño de nuestras autoridades estatales y del magistral ejercicio de simulación que llevan a cabo para hacer como que investigan, como que persiguen, como que castigan. Mientras él resaltaba la ineptitud, la inoperancia y la falta de voluntad en las autoridades encargadas de la procuración de justicia, era yo quien hacía énfasis en la corrupción y en los nexos entre autoridades y crimen organizado. El ex-procurador se sentía más cómodo tocando aquellos temas y yo éstos otros.
Abel Murrieta se suma a la larga lista de víctimas de homicidio doloso en Sonora. Existe la pequeña posibilidad de que -a diferencia de la gran mayoría de ellas- en esta ocasión, nuestras autoridades sí puedan decirle a su familia qué provocó el delito. Por lo pronto, la Fiscalía estatal ha tomado dos líneas de investigación. La primera ronda a su condición de candidato a la alcaldía de Cajeme. Sus colaboradores afirman que “lo mataron porque iba a enfrentar a los criminales sin tregua”; sin embargo, la realidad política es muy distinta: el candidato Murrieta estaba en un lejano tercer lugar en las encuestas, con porcentajes oscilando en los 15 puntos. En ese escenario, ¿qué lo convertía a él, en lo personal, en una amenaza? La segunda línea de investigación gira en torno a su actividad como abogado. Esta pudiera tener más relevancia que la anterior y abre mucho más el abanico de posibilidades de encontrar la verdad. Por ejemplo, sabemos que era representante de los LeBarón y los asistió tras el multihomicidio en Bavispe. Sería interesante que el Gobierno Federal (que asumió control total de lo que pasó en Sonora, ha investigado y aprehendido a criminales vinculados con el caso) nos diga en qué contribuyó el abogado Murrieta a los avances que ha habido.
Con todo lo anterior, me preocupa mucho que se dejen otros cabos sueltos, pues quizá este hecho cobarde pudiera revelarnos una dinámica mayor y más compleja que ha imperado en Sonora desde hace un largo tiempo. O quizá pueda arrojar luz sobre amenazas futuras que buscan arribar a nuestra región. Pero difícilmente sabremos qué sucedió, con el actual gobierno. El Lic. Murrieta González jamás rehuyó un debate público y siempre mostró un espíritu entrón al participar en las conversaciones públicas. Me provoca escalofríos recordar ese último programa donde coincidimos al aire, cuando él declaró: “yo creo que con este gobierno el tiempo ya se perdió; tendremos que ver qué hace la siguiente administración.”
Por la configuración mexicana entre criminalidad y poder, los homicidios de políticos no son comunes. Sin embargo, como sucedió en Colombia, quizá cuando hay víctimas dentro de la élite, se acerque el punto de inflexión. Es imposible saber qué pasara después.
Que descanse en paz este sonorense y todos los demás, cuyas memorias siguen reclamando justicia.
Jesús Manuel Acuña Méndez
@AcunaMendez
El autor es Presidente Fundador de CREAMOS México A.C. y especialista en políticas públicas por la Universidad de Harvard. jesus@creamosmexico.org
