El Departamento de Justicia del Gobierno de los Estados Unidos investiga al gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, y a integrantes de su familia por presuntos lavado de dinero.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), las autoridades estadounidenses notificaron al gobierno mexicano de nuevas pruebas contra Cabeza de Vaca, Ismael ‘G’, José Manuel ‘G’, José Ramón ‘C’, así como contra “diversas empresas comerciales, desarrolladoras e industriales, vinculadas con irregularidades bancarias, transferencias monetarias ilegales y operaciones ilícitas”.
De acuerdo con la Fiscalía, esta nueva información se integrará a la carpeta de investigación correspondiente, y “se conformará con las diligencias que deban de hacer tanto la FGR, como las autoridades hacendarias respectivas, para establecer con toda precisión, las posibles responsabilidades penales que procedan en este caso”.
En México, Cabeza de Vaca es señalado por autoridades de la probable comisión de los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada.
La investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera y la FGR señala una presunta simulación de la venta de un departamento en Santa Fe, adquirido por prestanombres y pagado en tres partes: con recursos públicos federales, transferencias hechas por empresas presuntamente vinculadas al Cártel de Sinaloa y con pagos de una compañía que participó en el esquema de desvío de recursos de La Estafa Maestra.
La apertura de investigación en Estados Unidos se da a 10 días de que la Cámara de Diputados del Congreso aprobara el proceso de desafuero contra el mandatario.
Sin embargo, el Congreso de Tamaulipas rechazó el desafuero y lo declaró improcedente al considerar que se violaban las garantías individuales, así como el proceso y presunción de inocencia del gobernador.
Tres días después de ser avalado el desafuero en la Cámara de Diputados y rechazado por el Congreso de Tamaulipas, el presidente López Obrador dijo que la decisión quedaría en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
