Ciudad de México, 2 de mayo (SinEmbargo).- A 15 años de las violaciones de derechos que se cometieron durante el operativo de del 3 y 4 de mayo del 2006 en Texcoco y San Salvador Atenco, Estado de México, no existe ninguna sentencia condenatoria en el ámbito nacional.
Así lo dieron a conocer las víctimas de represión, detenciones arbitrarias, uso generalizado de la tortura, violación y criminalización por parte de fuerzas de seguridad municipales, estatales y federales. Las mujeres siguen clamando justicia ante la profunda preocupación por el Estado de incumplimiento que guardan las medidas del fallo interamericano.
La resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) fue notificada en diciembre de 2018 al Gobierno mexicano, para implementar nueve medidas a favor de las mujeres, cada una tenía que cumplirse en un plazo de dos años, sin embargo, solamente dos fueron cumplidas totalmente mientras que el resto quedaron en alarmante incumplimiento.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) sigue sin remitir la investigación abierta a la Fiscalía General de la República. Foto: Cuartoscuro
Entre ellas se destaca el fortalecimiento del Mecanismo de Seguimiento de Casos de Tortura Sexual contra Mujeres, coordinado por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), el cual se detuvo desde 2019 y hasta la fecha no existe una ruta institucionalizada para el funcionamiento, normatividad o garantía presupuestal.
En torno al Observatorio independiente de monitoreo del uso de la fuerza y rendición de cuentas de las fuerzas policiales a nivel federal (actualmente Guardia Nacional), el Estado mexicano dio a conocer a la CIDH su decisión de no cumplir con lo establecido en su ordenamiento, ya que según los órganos de control interno cumplen con ese propósito, lo cual resulta ser inexacto, ya que lo que la Corte busca es que se implemente un monitoreo externo con participación ciudadana.
Respecto a las averiguaciones, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) sigue sin remitir la investigación abierta a la Fiscalía General de la República, quien desde septiembre de 2019 ejerció la facultad de atracción con el objetivo de estudiar los hechos en conjunto, incluidos tres niveles de responsabilidad.
Esta decisión ocurrió a pesar de que un Juez de Amparo ordenó la revisión de la negativa en noviembre de 2020. A esto se le agrega que el actuar de la instancia de procuración de justicia fue evaluado por la CIDH como falto de diligencia, dejando obstaculizada la investigación y obstaculizando la averiguación de la cadena de mando.
Más de una década después, las mujeres exigen justicia frente a instituciones que no cumplen con lo establecido por la Corte IDH para dar fin a la falta de impunidad, pues durante cuatro gobiernos diferentes se ha hecho caso omiso a sus peticiones.
