José Luis Bautista Carrillo, de 30 años, fue capturado por elementos de la Secretaría de Marina (Semar) el 16 de mayo de 2018. Se encontraba en una fiesta en un yonque acompañado de su esposa y otros amigos, vendedores de coches como él, cuando irrumpieron los uniformados y se lo llevaron. Nadie lo volvió a ver. Su caso no es único. Tres meses antes, el 19 de febrero, Julio César Viramontes Arredondo, de 23 años, también desapareció después de ser embestido por un vehículo de marinos con las placas modificadas.
Ahora, tres años después de aquellos hechos, 30 elementos de la Armada están en prisión a la espera de que un juez de Reynosa, Tamaulipas, los vincule a proceso por desaparición forzada, según confirmaron fuentes ministeriales a Animal Político.
La orden de aprehensión fue solicitada por la Fiscalía Especializada en Investigación de los delitos de Desaparición Forzada de la Fiscalía General de la República (FGR). Según un comunicado de la Semar, el 9 de abril fueron puestos a disposición de las autoridades, aunque la Armada aseguró erróneamente que se trataba de un caso de 2014.
Un día después, el 10, se celebraron las audiencias iniciales de formulación de imputación. En ellas, el personal de Marina y sus defensas solicitaron que su situación jurídica sea resuelta en el plazo constitucional de 144 horas.
Mientras el juez decide si los vincula a proceso, los 30 elementos navales fueron enviados a prisión preventiva hasta que su situación se aclare en la continuación de la audiencia, que será entre el miércoles y el jueves.
“Es una buena noticia, aunque hay que esperar por ver cómo se desarrolla el proceso”, dijo Raymundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, organización que acompaña a las familias de las víctimas. Fue Ramos quien confirmó que las detenciones están vinculadas a los casos de Bautista Carrillo (6 detenidos) y Viramontes Arredondo (11 detenidos). Por el momento los allegados de las víctimas declinaron realizar declaraciones para no interferir en la decisión del juez. No obstante, Ramos señaló su principal deseo: “que los detenidos colaboren y permitan conocer el paradero de los desaparecidos”.
Estamos ante una decisión histórica. Nunca antes 30 elementos de la Marina habían sido sentados ante un juez acusados de graves violaciones a los Derechos Humanos y menos enviados a la cárcel, aunque sea a la espera de si se los vincula a proceso. Y eso que, solo en este caso, la FGR tiene abiertas 34 carpetas de investigación sobre la desaparición de 47 personas en Nuevo Laredo entre febrero y junio de 2018.
Hasta ahora solo estaba judicializada la desaparición de Julio César Viramontes Arredondo. En julio de 2020 un juez de Reynosa acusó a nueve marinos de desaparición forzosa pero no ordenó su detención. Entre los señalados se encontraba Salvador Gerónimo Ramírez, oficial al mando del operativo del día en el que el joven fue desaparecido.
Las acusaciones más duras contra los marinos por sus acciones en Nuevo Laredo se plasmaron en la recomendación 36VG/2020 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en las que se señala directamente a la Armada de participar en la desaparición de 27 personas, de las que 12 fueron encontradas sin vida, por lo que hablaríamos también de ejecuciones extrajudiciales. En este documento se incluían los casos de Bautista Carrillo y Viramontes Arredondo. La Semar aseguró en un comunicado que aceptaba la recomendación y dijo colaborar en la búsqueda de las personas que, presuntamente, sus elementos habían desaparecido. Sin embargo, lo cierto es que no hay avances y ha transcurrido más de un año sin dar con el paradero de ninguno de los que faltan.
No se ha hecho pública la identidad de los detenidos ni su escalafón al interior de la Armada. Según publicó Animal Político, las responsabilidades por estos hechos llegarían hasta dos mandos clave: por un lado, el almirante Marco Antonio Ortega Siu, antiguo jefe del grupo de operaciones especiales y un mando al que se vincula a operativos como la recaptura de Joaquín “Chapo” Guzmán Loera, en 2016. Por otro, Alfredo Reyes Mondragón, quien estuvo al frente de la base de operaciones de la Marina en Nuevo Laredo hasta junio de 2018, cuando la institución se retiró del municipio tras las acusaciones de perpetrar desapariciones forzosas.
Este medio trató de conocer los expedientes de los mandos vinculados a los operativos de Nuevo Laredo en 2018 y si habían continuado en la institución a pesar de ser señalados por la recomendación de la CNDH, pero la Semar los clasificó alegando que la información pondría en peligro a los oficiales y sus familias.
“Lo que quiero es que se judicialice mi caso y que se dicten las órdenes de aprehensión”, dijo Ericka Janeth Castro Martínez, de 30 años, en entrevista con Animal Político mantenida en octubre de 2020.
Ella es la esposa de José Luis Bautista Carrillo y estaba con él cuando desapareció. Por eso sabe que fueron los marinos. Porque ella estaba ahí, en la fiesta en el yonque, cuando llegaron los marinos disparando. “Me siento cada día más desesperada y más decepcionada porque, en mi caso, hay demasiadas pruebas: hay videos, hay muchas fotos, mucha evidencia”, protestaba.
Su relato de los hechos es claro. Porque ella estaba ahí. “Llegaron tres patrullas de la Marina disparando, sometiéndonos, yo fui víctima también de sometimiento. Fue alrededor de una hora lo que estuvimos privados de la libertad. Y en cuestión de una hora comenzó a llegar multitud de gente, esposas de los señores que estaban ahí. Y fue de la manera en que se metieron y se hizo la revolución ahí, de la gente, empezó a buscar sus familiares” explicó.
Ahí se dio cuenta de que su marido ya no estaba. Los marinos se lo habían llevado en una de las tres camionetas en las que interrumpieron la fiesta. Ahí comenzó su pesadilla. Salió detrás de los militares, pero les perdió la pista. No volvió a ver a su esposo.
Como ella sabia quién se lo había llevado, cuenta Castro Martínez que acudió al cuartel a pedir explicaciones. “Siempre se burlaron de nosotros. Nos decían que ellos no llevaban a nadie, siendo que, en mi caso, como era un convivio grande de comerciantes, hubo hasta reporteros que llegaron. Hay fotos, hay videos de ese momento. Y en gran parte de las fotos y videos están los marinos. Ellos decían que no y que no, y ellos salen en las fotos, en los videos. Pero siempre hay una negativa de parte de ellos, dicen que ellos no fueron, pero yo fui testigo de cómo se lo llevaron”, afirma.
Durante las búsquedas por las quebradas cercanas a Nuevo Laredo, la mujer llegó a encontrar los restos de otros dos desaparecidos: Francisco Javier Alfaro Ortega, de 32 años, y Margarita Teresa Torres Reyes, de 23, a quienes sus familiares trataban de encontrar desde el 24 de abril de 2018.
“Mi esperanza sigue en pie. Yo pienso que un día lo voy a encontrar, vivo”, decía Castro Martínez sobre el hombre a quien conoció doce años atrás y con quien tuvo dos hijos, que ahora tienen diez y ocho años de edad.
A Ericka Arredondo, de 43 años, le avisaron que los marinos se habían llevado a su hijo, Julio César Viramontes Arredondo, tras un supuesto accidente el 19 de febrero de 2018. Ella estaba en Houston, Texas, Estados Unidos, pero regresó rápidamente a México para ver qué había ocurrido. Preguntó en el cuartel, en los hospitales y con la policía, pero nadie le dio una sola pista. La única certeza era la que le dieron los testigos del choque: “se lo llevaron los marinos”.
A partir de entonces comienza ese peregrinar maldito y sin resultados. Primero, buscando con su familia por los alrededores de Nuevo Laredo. Después, acompañada por el comité de Derechos Humanos.
“En vez de investigar a los marinos, que en este caso eran los culpables, nos empezaron a criminalizar a nosotros, a nuestros familiares, diciendo que eran del crimen organizado, que andaban mal y que algo hicieron”, dijo en entrevista con Animal Político celebrada en octubre de 2018.
Su preocupación principal es saber qué ocurrió con su hijo. “Yo sólo quiero saber, a veces ya no busco culpables, a veces sólo quiero que me digan dónde está, dónde lo dejaron, si le hicieron algo, si está vivo, si está muerto. Ellos tienen que saber dónde está, ellos… yo todo lo que quiero es que hablen, que me digan dónde está mi hijo”, aseguró.
El caso de su Viramontes Arredondo, que dejó dos hijos de 6 y 8 años, fue el primero que llevó a un juez a señalar a los marinos por desaparición forzosa. La carpeta de investigación FED/SDHPDSC/FEIDDF-TAMP/0000312/2018 apuntaba a la responsabilidad de nueve marinos por presunta desaparición forzosa, aunque ahora la acusación se ha ampliado a once.
En aquel momento, Arredondo no entendía por qué el juez dejó en libertad a los marinos y temía que pudiesen desaparecer. “Para mí hubiera sido mejor que estuvieran presos y así obligarlos a hablar. A mí lo que más me importa es saber dónde está mi hijo”, dijo.
Las 47 desapariciones forzosas de Nuevo Laredo son uno de los capítulos más oscuros de la historia reciente de la Marina.
En un primer momento las autoridades negaron la mayor, aunque para junio de 2018 el gobierno de Enrique Peña Nieto ya había anunciado que 265 elementos navales habían sido desplazados desde Tamaulipas hasta Ciudad de México. En este periodo se multiplicaron las voces que señalaban a la Armada: desde la ONU hasta la CNDH, pasando por Amnistía Internacional (AI).
Desde entonces, la sospecha acompañó a los integrantes de la Unidad de Operaciones Especiales (UOPES), la unidad de élite que se encarga de los grandes operativos contra el crimen organizado en México. El miedo de las familias de los desaparecidos siempre ha sido la impunidad. Ahora se abre una puerta para sus dos principales objetivos: conocer el paradero de sus seres queridos y que se castigue a aquellos que se los llevaron.
