La Fiscalía General de la República (FGR) decidió llegar a un acuerdo con la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, para no acusarla formalmente por el delito de uso indebido del servicio público, ante su presunta omisión del desvío de más de 5 mil millones de pesos del erario.
Durante una audiencia efectuada este miércoles en el Centro de Justicia Penal Federal, adscrito al Reclusorio Sur, en la que los fiscales podían presentar una acusación formal en su contra, se determinó que la exfuncionaria se podría apegar a un criterio de oportunidad, u optar por la figura de procedimiento abreviado.
Frente al juez de control, Ganther Alejandro Villar Ceballos, la agente del ministerio público, Mónica Martell Olguín, expresó que la FGR está dispuesta a aceptar alguno de los dos procedimientos de conclusión anticipados antes mencionados para dar por concluido su proceso.
El juez Villar exhortó a los abogados de Robles y a la Fiscalía a llegar a un acuerdo entre la FGR y Rosario Robles en un plazo no mayor a cinco días, e informarle la fecha de la reunión con la exfuncionaria federal en el Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Martha Acatitla, donde actualmente está recluida.
La audiencia se llevó a cabo vía teleconferencia. Tuvo una duración aproximada de una hora y no contó con la presencia de la exsecretaria de Desarrollo Social, debido a presuntos problemas de salud.
De optar por un procedimiento abreviado para el delito de desvío de fondos, aún existe una orden de aprehensión en su contra por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El juez determinó que la próxima audiencia debe celebrarse el próximo viernes 26 de febrero a las 10:00 horas, para reportar algún tipo de acuerdo alcanzado.
En noviembre de 2020 Robles presentó de manera formal la solicitud para obtener el criterio de oportunidad para aportar su testimonio sobre el esquema conocido como la “Estafa Maestra”, y convertirse en testigo colaboradora a través del criterio de oportunidad, una figura incluida en el artículo 256 del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP).
El criterio de oportunidad permite al Ministerio Público no ejercer la acción penal contra un acusado si es que considera que esto le reditúa un beneficio, como sería, en este caso, información que vincule a otros implicados en el caso y permita esclarecer cuál fue el destino final del dinero sustraído.
Al acogerse al criterio de oportunidad, robles aceptaría su culpa en el delito del cual se le acusa, aunque no será procesada ni sentenciado, a cambio de colaborar en las investigaciones del caso, según el acuerdo al que haya llegado con la Fiscalía.
Dicha petición contrasta con la postura manifestada por la exfuncionaria el 26 de octubre de 2020 a través de sus redes sociales, cuando manifestó que quería que “se abran estas pesadas puertas con la mentira y la falsa delación disfrazada de testigo colaborador”.
Al respecto, el abogado de robles, Epigmenio Mendieta Valdés, declaró en Aristegui en Vivo que la aparición de otra orden de aprehensión, esta vez por delincuencia organizada y lavado de dinero, fue lo que llevó a su clienta a tomar la decisión de colaborar con las pesquisas de la FGR.
Ahora Robles ofrece “proporcionar información cierta, verídica, confiable” para “aclarar las circunstancias y la participación de cada uno de los actores políticos”, dijo su abogado, quien reconoció que la colaboración de la ex secretaria “es resultado de su propia desesperación pero también por impotencia”, sostuvo.
