La Comisión de Economía, Comercio y Competitividad de la Cámara de Diputados aprobó este lunes una reforma a la Ley Federal del Derecho de Autor que establece nuevas obligaciones para los proveedores de servicios de internet frente a contenidos que presuntamente infrinjan derechos de autor, una propuesta que en redes sociales ha sido bautizada como la “Ley Antimemes”.
El dictamen, enviado originalmente por el Ejecutivo federal, plantea modificar el artículo 114 Octies y adicionar los artículos 114 Nonies y 232 Septies de la legislación. Entre sus principales disposiciones contempla que los proveedores deberán contar con mecanismos para actuar ante infracciones y retirar o inhabilitar contenidos cuando tengan conocimiento de una violación a derechos de autor en los supuestos previstos por la reforma.
La discusión ha puesto especial atención en memes, parodias y contenidos creados o modificados mediante inteligencia artificial, debido a que este tipo de publicaciones puede incorporar fotografías, ilustraciones, videos, música, voces, personajes u otras obras protegidas. Sin embargo, el proyecto no establece una prohibición general para crear o compartir memes; las obligaciones se relacionan con contenidos que incurran en infracciones a los derechos de autor.

Otro de los cambios planteados es establecer responsabilidades para los proveedores cuando, bajo determinadas circunstancias, contribuyan, induzcan o causen una conducta infractora con conocimiento de ella, tengan capacidad para controlarla y obtengan un beneficio económico directamente relacionado con esa actividad. También se contempla que cuenten con políticas para suspender o terminar el servicio a usuarios que incurran de manera reiterada en infracciones.
El proyecto contempla además sanciones de hasta 40 mil UMAs, equivalentes a aproximadamente 4.6 millones de pesos, para los proveedores que incumplan las obligaciones previstas en la reforma. Estas multas no significan que cualquier persona que publique un meme vaya a recibir automáticamente una sanción millonaria, pues las disposiciones están dirigidas principalmente a los intermediarios que incumplan las obligaciones establecidas.

La propuesta ha generado controversia entre quienes consideran que fortalecería la protección de los creadores frente al uso no autorizado de sus obras y quienes advierten sobre los posibles efectos de un mecanismo de retiro expedito sobre la libertad de expresión y el contenido digital. El debate deberá continuar en las siguientes etapas del proceso legislativo.
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Por ahora, la reforma todavía no es una ley vigente. La aprobación en comisión representa un avance dentro del proceso legislativo, pero el dictamen aún debe completar las etapas correspondientes antes de que sus disposiciones puedan entrar en vigor.



