La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas anunció que al menos 12 policías estatales participaron en la masacre del pasado 24 de enero en el que fueron asesinadas 19 personas, en Camargo, la mayoría de ellas migrantes guatemaltecos.
El fiscal Irving Barrios anunció que los agentes ya fueron detenidos y próximamente pasarán a disposición judicial.
“La Secretaría de Seguridad Pública del Estado aportó información que, sumada a los medios de prueba, científicos y tecnológicos, permitieron establecer que en los hechos del referido 22 de enero, participaron al menos 12 elementos de la Policía Estatal”, dijo el fiscal en conferencia de prensa.
Entre los delitos que se imputan a los policías están los de homicidio calificado, abuso de autoridad en el desempeño de funciones administrativas y falsedad en informes dados a una autoridad, ya que se presupone que alteraron pruebas de la escena del crimen.
El fiscal Barrios indicó que creen que los agentes alteraron la escena del crimen, ya que no había casquillos y municiones que concordaban con los disparos que recibió el pick up atacado. Además, se detectaron contradicciones entre el informe policial y las entrevistas con los agentes.
Sobre el móvil de la masacre, la Fiscalía considera que se enmarca dentro del conflicto entre grupos criminales locales que operan en la región y se disputan negocios ilícitos como el tráfico de migrantes, sin llegar a mencionar a ninguno.
La zona está disputada por dos grupos: el Cártel del Noreste, escisión de Los Zetas, y el Cártel del Golfo, que lleva años desplegado en Tamaulipas.
A su vez, el fiscal confirmó que habría otros vehículos con más migrantes de Guatemala y El Salvador que habrían salvado la vida, lo que confirma la versión que el alcalde de Comitancillo, Héctor López Ramírez, señaló a Animal Político. Comitancillo, un municipio de mayoría indígena mam en el departamento de San Marcos, es el lugar de procedencia de la mayoría de las víctimas, según sus propios familiares.
Por el momento han sido identificadas cuatro víctimas, dos de nacionalidad mexicana y otras dos guatemaltecas.
Entre los mexicanos están Jesús “M” de nacionalidad mexicana, quien era el dueño de la camioneta Toyota Sequoya que apareció en un operativo contra el tráfico de personas en el que fueron capturados 66 migrantes por parte de la Policía Municipal de Escobedo, en Nuevo León. También Daniel “P”, oriundo del Estado de San Luis Potosí, y a quien la Fiscalía vincula con el tráfico de migrantes.
Este último, de 22 años, era agricultor y había sido jugador del equipo Juventud Comiteca, de la tercera división de Guatemala. Su cuñado, Evaristo Agustín, explicó en entrevista con Animal Político después de conocerse los hechos que el joven decidió ir a Estados Unidos “porque era de escasos recursos”. Vivía solo con su madre en el Caserío Las Flores, en Comitancillo, departamento de San Marcos.
Todavía quedan 15 cuerpos por identificar, aunque el fiscal aseguró que los trabajos podrían completarse en las próximas semanas debido a que familiares de las posibles víctimas en Guatemala ya dieron sus muestras genéticas para la identificación.
El pasado 22 de enero fueron hallados 19 cuerpos calcinados en la comunidad de Santa Anita, municipio de Camargo, en Tamaulipas. Se presume que 13 de ellos son migrantes guatemaltecos, asesinados en un ataque en el que, según confirma la Fiscalía, participaron al menos doce policías estatales.
La masacre se produjo semanas después de que el presidente, Andrés Manuel López Obrador, asegurase que en México ya no se violan los derechos humanos de los migrantes.
La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, rechazó comparar el asesinato masivo con otras masacres como la perpetrada en 2010 en San Fernando, también en Tamaulipas, donde fueron asesinados 72 migrantes. Sánchez Cordero vaticinó que en este caso no habría impunidad. Por el momento, 12 agentes de la policía estatal han sido detenidos.
La detención se dio a conocer un día después de que el gobierno federal confirmó que investigaba si personal del Instituto Nacional de Migración de Escobedo, Nuevo León, retuvo una de las camionetas involucradas.
La secretaria Olga Sánchez Cordero señaló que tienen conocimiento sobre la retención de la camioneta y que indagarán cómo y por qué se hizo.
