Décadas han pasado, donde diversos expertos han debatido durante largo tiempo las razones a favor y en contra de la legalización de la marihuana con fines recreativos entre otras concesiones, que en otros países ya han implementado dicha medida.
En nuestro país la discusión entre diferentes posiciones y argumentos de los cuales se ha echado mano, radica en el supuesto de la potencial reducción que esta nueva ley recién aprobada por el senado de la republica la semana pasada tendría sobre el crimen organizado, fenómeno cuyo crecimiento y combate ha ocasionado un enorme costo social en nuestro territorio nacional.
La polémica también estriba por parte de especialistas en la salud mental ya que la medida traerá como consecuencia un incremento desmedido en su consumo, lo cual podría en principio ocasionar un grave problema de salud pública con sus respectivas consecuencias, del cual no estamos preparados para hacerle frente.
Para nadie es un secreto que, como resultado del combate al narcotráfico durante los últimos veinte años, (en especial sexenio de Calderón) el problema del crimen organizado es ahora mucho más complejo que únicamente la venta y distribución de marihuana a lo largo del territorio mexicano, ya que aparte de la gran cantidad de decesos como producto de este enfrentamiento gobierno-delincuencia organizada, han aparecido nuevas modalidades y estrategias que aseguran el funcionamiento del mercado. Por lo que, la justificación de la legalización de la marihuana con la finalidad de reducir el crimen es incompleta, o al menos el impacto social positivo que podría ocasionar en esta dimensión es muy limitado. Cabe aclarar que la argumentación central para legalizar el cultivo, distribución y consumo de marihuana seguramente impactará de manera significativa el desajuste social, político, económico y de salud en México.
Desde la óptica de la salud mental, la cual por cierto no es tratada con el nivel de responsabilidad que amerita en la ley recién aprobada, es muy importante aclarar que el hecho de estar enfocada al consumo adulto ésta no suprime los peligros que este tipo de decisiones acarrean para los menores de edad en un país como el nuestro, donde uno de cada diez niños dice haber probado la marihuana, y cuyo consumo infantil es uno los que más ha aumentado respecto a otras sustancias en los últimos años, según la encuesta nacional de adicciones, en el segmento escolar de educación básica, principalmente en educación secundaria, por lo que si analizamos en términos de costo-beneficio, seguramente el costo social y de salud es con mucho más alejado de cualquier beneficio que se pudiera obtener con esta ley sustentada en el argumento judicial.
Estoy consciente y es mi responsabilidad aclarar que la problemática del consumo y distribución de marihuana (en este caso) es un problema multifactorial, donde lamentablemente el atacar determinada variable, no nos garantiza evitar su impacto negativo en otras variables, que necesariamente forman parte de un todo o más bien como un sistema interdependiente y complementario (imposible pues).
A continuación, comparto con usted mi estimad@ lector, algunas observaciones que necesariamente deberán ser consideradas antes de poner en funcionamiento la recién ley de legalización de la marihuana en México.
• Como parte del proyecto de la legalización de la marihuana en México se tomó como referentes los casos de Holanda y Uruguay para presentarlos como ejemplo de progresismo parlamentario, sin dar a conocer que en ambos países la legalización de la marihuana recreativa no logró con el cometido de quitarle el negocio a las bandas criminales, ni tampoco derivó en una reducción de los índices de consumo ni de la criminalidad ligada a drogas.
• Por el contrario, tras legalizar la producción y el uso del cannabis en 2013, el Gobierno Uruguayo evidenció un aumento en la cantidad de personas que consumieron marihuana al menos una vez en ese país, pasando de 9.3% en 2014 a 14.6% en 2018, a lo cual se suma un crecimiento sostenido del consumo juvenil en los últimos años y que el mercado ilegal sigue atendiendo la mayor parte de los consumidores nacionales, mientras el Estado sólo domina un 25% de la oferta.
• Igualmente, Holanda también devela los problemas de la legalización; un país pionero en la despenalización de la marihuana que, según un informe entregado en 2016 por la Policía de la Unión Europea (Europol) y el Observatorio Europeo de Drogas y Toxicomanías, se convirtió en el principal núcleo del tráfico de estupefacientes en el antiguo continente
• La marihuana junto con el alcohol y la nicotina son la “puerta de entrada” para el consumo de otras sustancias.
• La regulación del comercio de cualquier sustancia adictiva facilitaría el acceso de los consumidores a ellas y por consiguiente se incrementaría el consumo.
• La legalización de la marihuana transmitiría a la población un mensaje de menor riesgo ante el consumo (relación inversamente proporcional entre el riesgo percibido hacia la marihuana y su uso).
• Pese a tener un relativamente bajo nivel de toxicidad, genera uso, abuso y dependencia psicológica, aunque las marihuanas injertadas si desarrolla adicción biológica en un porcentaje relevante de la población consumidora (alrededor de
7%). La Encuesta Nacional de Adicciones 2011 reporta un incremento estadísticamente significativo durante los últimos años en el consumo de marihuana en hombres de 1.7% a 2.2%; en la población general tiene
una prevalencia estable del 2008 al 2011 de 1.2%; colocándola como la sustancia ilícita de mayor consumo.
• Su uso constante produce efectos de variable magnitud en el sistema nervioso central generando alteración de la memoria a corto plazo, atención, juicio, planeación, toma de decisiones, abstracción, resolución de problemas; además de alteraciones psicomotoras y cardiovasculares, como transformación de algunos rasgos de la personalidad, donde prevalece el desánimo, la confusión y la percepción de no salir de su estado de confort.
Finalmente, una ley de consumo en esta droga debe acompañarse de un intenso programa de información sobre las consecuencias de su consumo, de lo contrario, la falta de ésta ocasionará conductas y rasgos específicos en quienes al experimentar con su consumo puedan dañar no sólo sus vidas, sino las de sus conciudadanos ajenos al consumo de esta droga.
En otras palabras, la idea de responsabilizar el consumo de una droga en quien decida hacerlo es fundamentalmente correcta si y solo si se cuenta con un aparato judicial, legal y de salud efectivo que proteja también la integridad de quien ha decido no hacerlo, reduciendo la incidencia de comportamientos nocivos o efectos indirectos en la sociedad.
