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lunes, marzo 1, 2021

El caso Cienfuegos, un recuento de hechos

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Existe una tendencia en constante crecimiento que invade, y no es nueva, todos los ámbitos de lo que llamamos cosa pública o mundo sociopolítico, consistente en que quienes tenemos el privilegio de ser “escuchados” en medios de comunicación, caemos en la soberbia de opinar sobre todo.

Es la época de oro para el profano autocomplaciente que se asume experto, pero aunque no se asumiera como tal, el solo hecho de aparecer en un medio público predispone al receptor a concedernos un buen grado de credibilidad.

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Un compañero de este mismo espacio se quejaba de esta situación; no obstante, se sustraía de la crítica, y aunque es una actitud válida, me gustaría defender la posición de aquellos que sin expertise nos atrevemos a opinar.

Pensar, reflexionar, razonar, es una actividad que nace del diálogo y el intercambio de opiniones, y la verdad es un constructo social que surge de un prisma multiparticipativo. Los acontecimientos “verdaderos” se conforman tanto por el fenómeno observado que pretendemos comprender, como por el entorno en el que se presenta y que demarca sus límites.

Por lo anterior, aceptando mi ignorancia respecto a tres factores esenciales para analizar y explicar el caso Cienfuegos -como lo son los usos y costumbres diplomáticos y castrenses, y la correlación de fuerzas y estrategia política de los bandos estadounidenses en disputa electoral-, haré una descripción de hechos más o menos sucinta y concisa, a fin de que el lector pueda formular su propio análisis.

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El general Salvador Cienfuegos se desempeñó como Secretario de la Defensa Nacional durante el gobierno de Enrique Peña Nieto y fue detenido en el aeropuerto de la ciudad de Los Ángeles el 15 de octubre de 2020, dos semanas previas a la celebración de las elecciones estadounidenses. Viajó al país vecino acompañado de su familia, al parecer, con fines vacacionales.

Horas después de ser detenido, el militar fue acusado de narcotráfico y lavado de dinero, y como resultado de la primera audiencia en la que fue presentado ante las autoridades judiciales estadounidenses, se le negó la fianza por $750,000 dólares para permanecer en libertad. Posteriormente fue trasladado a Nueva York, a fin de que allí se le procesara.

Según las acusaciones, los crímenes fueron cometidos entre 2015 y 2017, sin embargo, la carpeta de investigación fue iniciada por la DEA desde el año 2013, cuando en aquél país aún gobernaba Barack Obama.

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A Cienfuegos supuestamente se le apodaba “El Padrino” y la investigación arrojó que protegía a un grupo criminal menor, el “Cártel del H2”, que operaba principalmente en Nayarit. A esto se sumaron acusaciones por recibir sobornos e introducir -él mismo- diversos estupefacientes a territorio norteamericano.

Mientras tanto en México, el Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon, se reuniría el 21 de octubre en las oficinas de la cancillería con el Embajador estadounidense, para expresarle su molestia y descontento por haber actuado de manera unilateral sin informar o pedir la colaboración de las autoridades mexicanas.

El lunes 26 de octubre, tres días después del traslado del general a Nueva York, la Cancillería contactó al fiscal general de los Estados Unidos para reiterar el descontento del gobierno mexicano, señalando que en virtud de existir acuerdos de cooperación, resultaba incongruente actuar unilateralmente.

Dos días después, el Estado mexicano decide enviar una nota diplomática manifestando, una vez más, su “profundo extrañamiento”. Supuestamente se puso en la mesa la posibilidad de expulsar de territorio mexicano a los agentes de inteligencia que el vecino tiene desplegados en nuestro país.

El viernes 6 de noviembre, el canciller Marcelo Ebrard vuelve a contactar con William Barr para informarle que la Fiscalía General de la República ya tiene en su poder la documentación relacionada con la investigación criminal.

Finalmente, el miércoles 11 de noviembre el Estado mexicano recibe la totalidad de las pruebas incriminatorias y el martes 17 de noviembre, la Fiscalía estadounidense informa que retirará todos los cargos. El miércoles 18 el general Cienfuegos es entregado a las autoridades mexicanas, mismas que le informan que tiene abierta una investigación en su contra, pero permiten al militar retirarse a su casa.

De esta relatoría me surgen diversas preguntas: i) ¿Las autoridades estadounidenses supieron del arribo del general consultando la lista de pasajeros del vuelo o hasta el momento de llegada?, ii) ¿Cuál fue el destino de los familiares desde la captura hasta que el ex-secretario fue entregado a las autoridades mexicanas?, iii) ¿El general viajó a los EE.UU. alguna vez durante los 14 meses que van desde la emisión de la orden de captura hasta el inicio de la etapa de conclusión del periodo electoral?, iv) ¿Si el general trasegó estupefacientes, por qué nunca lo detuvieron in fraganti?, v) ¿El próximo gobierno norteamericano solicitará la extradición del supuesto delincuente?, vi) ¿Si existen pruebas fehacientes de las actividades criminales, no es más alto el costo de retirar los cargos?, vii) ¿No sería terriblemente costoso para el estado mexicano ser exhibido por la justicia estadounidense, en el sentido de que, si realmente “amenazamos” a ese gobierno, las pruebas incriminatorias serían suficientes para demostrar la corrupción existente en nuestro país?, viii) ¿Por qué aquél gobierno habría de querer seguir colaborando con México, si existen pruebas sólidas de que incluso los altos mandos están corrompidos?, ix) ¿Un funcionario público castrense tiene la capacidad para pagar una fianza de 15 millones de pesos?

No tengo una hipótesis que me permita atisbar las razones para que este hecho aconteciera, pero no me parece una cuestión relacionada directamente con un asunto criminal; en todo caso, parece un despliegue táctico para la construcción de un escenario de apalancamiento a futuro en el terreno de la seguridad y la salud pública.

Por lo pronto, desde la Cancillería el gobierno mexicano sigue insistiendo en la importancia de generar una política para el control de armas. Asimismo, el futuro presidente Joe Biden ha calificado la violencia con armas de fuego como una epidemia. Tal vez en este punto reside la importancia del toque de bola de sacrificio efectuado por el gobierno estadounidense.

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