Cientos de guatemaltecos volvieron a manifestarse este domingo para reclamar la renuncia del presidente conservador Alejandro Giammattei, a quien le reprochan no destinar suficientes recursos a combatir la pobreza y la desigualdad en su nuevo presupuesto.
Las calles del centro histórico de la ciudad de Guatemala se convirtieron en un campo de batalla entre policías antimotines y sociedad civil durante tres días de marchas consecutivas. Los manifestantes protestaban por la falta de respuestas del gobierno de Alejandro Giammattei luego de varios meses de confinamiento.
“Marchábamos tranquilamente y empezaron a lanzarnos gas lacrimógeno”, dice a RFI, la estudiante, Paola Solano, 19 años.
Las protestas del domingo transcurrían de forma pacífica, un día después de que un grupo de guatemaltecos quemara la sede del Congreso en protesta por la aprobación de un presupuesto que no contempla aumentos en las partidas sociales y prevé un fuerte endeudamiento público.
Giammattei emitió el domingo por la tarde un comunicado en el que reprochó las manifestaciones violentas al considerar que son grupos “minoritarios que buscan forzar un verdadero golpe de Estado“, y anunció que su gobierno ha invocado la Carta Democrática Interamericana de la OEA, un instrumento del organismo supranacional con capacidad para sancionar o tomar las medidas adecuadas para garantizar el respeto del orden constitucional de los países.
La indignación social de estos días responde también a la opacidad con la que se han manejado los recursos destinados a enfrentar la pandemia de coronavirus así como el rechazo que despierta la creación de un superministerio que encabezará un joven cercano al mandatario.
“Con lo de la pandemia se han robado millones, lucran con la salud del pueblo”, dice a RFI José Lemus, sastre de profesión y que se acercó a manifestar contra el gobierno.
El Congreso había aprobado préstamos por más de 3.800 millones de dólares para atender la pandemia, pero apenas un 15% de esos recursos llegó a los guatemaltecos.
El manejo de la crisis sanitaria por parte de Giammattei, un médico de 64 años, ha sido criticada por su vicepresidente, la oposición y sectores sociales, que denuncian carencias en los hospitales y deficiencias para atender a los grupos afectados por los confinamientos.
Según datos oficiales, el Covid-19 dejó casi 120.000 contagios y más de 4.000 muertos en este país de 17 millones de habitantes.
La Universidad de San Carlos, la única estatal del país, hizo un llamado para convocar un paro nacional el lunes y el Comité de Desarrollo Campesino (Codeca) anunció que ese día bloqueará carreteras importantes del país.
El vicepresidente del país, Guillermo Castillo, que el viernes ofreció a Giammattei dimitir juntos “por el bien del país”, pidió este domingo al Ministerio Público (MP, fiscalía) que investigue la quema de oficinas del Congreso pero también la represión policial.
Si llegaran a renunciar ambos gobernantes, el Congreso tendría que juramentar al canciller, Pedro Brolo.
El secretario general OEA, Luis Almagro, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos criticaron el presupuesto y la violencia contra los manifestantes, tras condenar los incidentes del Congreso.
El presupuesto
El Congreso, en su mayoría integrado por el oficialismo y partidos afines, aprobó esta semana un presupuesto para 2021 de casi 12.800 millones de dólares, un 25% más abultado que el de este año.
La mayoría de los fondos están dirigidos a infraestructuras con el sector privado y no prevé aumentos en las partidas de salud ni de educación, ni tampoco en las destinadas a combatir la pobreza y la desnutrición infantil.
El 59,3% de la población vive en la pobreza y la desnutrición infantil afecta a casi el 50% de los niños menores de cinco años.
