La consulta va. Para la oposición, será un juego de artificios en el marco de la elección del 21; para la 4T, el prometido juicio popular a expresidentes; para la ciudadanía, un costoso ejercicio que no necesariamente propiciará el anhelado ajuste de cuentas con el pasado.
La consulta popular promovida por el presidente de la República, con los cambios en la pregunta hechos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sido declarada legal por el Congreso de la Unión, y está a punto de ser convocada.
La consulta ocurrirá en el mismo año de las elecciones federales y locales del 6 de junio de 2021 –proceso al que el INE ha definido como “las elecciones más grandes y complejas de nuestra historia–, pero no se celebrará el mismo día.
Por un ajuste hecho en 2019 durante la discusión a las reformas al artículo 35 constitucional, este mecanismo de democracia directa quedó establecido como una posibilidad legal el primer domingo de agosto de cada año.
Es decir, el legislador estableció que los ciudadanos no tendrán que esperar tres años para promover una consulta cada que haya elecciones federales, como ocurría antes, pero la consulta no podrá estar vinculada a las elecciones.
De esta forma, el primer domingo de junio de 2021 la ciudadanía acudirá a las urnas a elegir una nueva Cámara de Diputados, 15 gubernaturas, 30 congresos estatales y casi dos mil ayuntamientos de 30 entidades.
Todo el país estará en precampañas desde diciembre de 2020, y en campaña a partir del 4 de abril de 2021, y muy probablemente las elecciones intermedias terminen siendo una especie de juicio electoral a la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Si él mismo ha dicho que esas elecciones serán un parámetro para definir si se está a favor o en contra de la “cuarta transformación”, es lógico pensar que los resultados de Morena y sus aliados serán la calificación que le ponga la sociedad al gobierno lopezobradorista.
La elección básicamente se tratará de eso. Cómo se juzga la gestión gubernamental de múltiples crisis: la sanitaria, la económica y la de inseguridad y violencia, por mencionar las tres más perceptibles para la sociedad.
Dos meses más tarde, las urnas volverán a instalarse, exactamente el domingo 1 de agosto de 2021, para que los electores respondan una compleja pregunta: “¿estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.
Ese trabalenguas fue resultado de las adecuaciones que hicieron los ministros para darle viabilidad constitucional a lo que el presidente y la 4T realmente querían consultar: “¿estás de acuerdo en que se enjuicie a los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto?”.
Eso es lo que realmente responderán quienes acudan a una consulta que, según algunos juristas y legisladores de oposición, es absurda, pues afirman que el Estado de derecho no se consulta sino se aplica, por lo que proceder legalmente contra los expresidentes es algo que podría ocurrir en cualquier momento, si el gobierno tuviera elementos legales para hacerlo.
En esa lógica, da la impresión de que López Obrador y los suyos no quieren realmente enderezar procesos legales contra sus odiados Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto, sino hacer de la consulta popular un juicio popular.
El propio presidente ha dicho que él votaría por el no, pues lo suyo “no es la venganza”. Sin embargo, sí quiere que la ciudadanía exprese con su voto en la consulta del 1 de agosto su sentir sobre las pasadas administraciones.
Un sí –millones de sí– a emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados. Un sí que los promotores de la consulta han definido ya bajo la etiqueta de #JuicioAExpresidentes.
Puede ser que ésa sea la bandera de Morena y del lopezobradorismo en las campañas del próximo año, para que el electorado juzgue en las urnas la corrupción de las administraciones pasadas, y no las pifias del gobierno presente.
Lo cierto es que, según la Constitución, el presidente no podrá hacer promoción de la consulta, ni durante las campañas electorales (enero-mayo), ni durante la campaña de la consulta (junio-julio), pues esa promoción la reserva la Constitución a las autoridades electorales.
En efecto, la fracción cuarta del artículo 35 constitucional establece:
“El Instituto Nacional Electoral tendrá a su cargo, en forma directa… la organización, difusión, desarrollo, cómputo y declaración de resultados. El Instituto promoverá la participación de los ciudadanos en las consultas populares y será la única instancia a cargo de la difusión de las mismas. La promoción deberá ser imparcial y de ninguna manera podrá estar dirigida a influir en las preferencias de la ciudadanía, sino que deberá enfocarse en promover la discusión informada y la reflexión de los ciudadanos. Ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en la opinión de los ciudadanos sobre las consultas populares.
“Durante el tiempo que comprende el proceso de consulta popular, desde la convocatoria y hasta la conclusión de la jornada, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación de toda propaganda gubernamental de cualquier orden de gobierno, salvo aquellas que tengan como fin difundir campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a los servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia”.
Esta reserva legal seguramente provocará polémicas llegado el momento. Por lo pronto, vale la pena hacer cuatro precisiones adicionales sobre la consulta:
1. Una vez que las dos Cámaras del Congreso han aprobado la legalidad de la consulta, el Instituto Nacional Electoral prevé aprobar este miércoles en Consejo General el acuerdo sobre su realización, que establecerá procesos, cronograma y previsiones presupuestales para convocarla y llevarla a cabo.
2. A diferencia de lo que se ha especulado sobre el costo de la consulta a partir de comparaciones con lo que cuesta llevar a cabo un proceso electoral federal de principio a fin, ésta no costará 8 mil millones de pesos, sino alrededor de mil 500 millones, pues muchas de las cosas que se hagan para las elecciones del 6 de junio servirán también para el 1 de agosto.
3. Aunque la consulta promovida por el presidente ya es un hecho, aún sigue en proceso de análisis una solicitud hecha por millones de ciudadanas y ciudadanos, quienes el pasado mes de septiembre entregaron al Senado 77 cajas con 2.5 millones de firmas, promoviendo una consulta con la pregunta originalmente planteada por AMLO para llevar a juicio a los últimos cinco presidentes. Las cajas fueron entregadas al Senado, que las remitió al INE para su cotejo y, en una primera revisión, fueron descartados cerca de 200 mil apoyos que iban en formatos inadecuados, carecían de datos o no especificaban qué se quería preguntar. El resto de las firmas están siendo revisadas por personal del INE, en un minucioso proceso que ha sido vigilado diariamente por promotores del juicio, como Epigmenio Ibarra. Se prevé que el 15 de noviembre concluya la compulsa y, en caso de haberse reunido el millón 800 mil firmas necesarias para promover la consulta, ésta pasará al Senado y de ahí a la Corte para una nueva validación. Lo obvio sería que los ministros vuelvan a declarar improcedente la pregunta como viene, se apeguen a la pregunta que ellos redactaron y ordenen llevar a cabo una sola consulta en los términos ya aprobados. Aun así, el INE debe concluir la compulsa de las firmas.
4. Para que la consulta sea vinculante, el 1 de agosto deberá votar el 40 por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, que para ese momento rondará los 95 millones de personas. Es decir, el #JuicioAExpresidentes deberá congregar a 38 millones de votantes, 8 millones más de los que en 2018 votaron por López Obrador.
La consulta va. Estrictamente hablando, no será para enjuiciar a los expresidentes, como prometió López Obrador siendo presidente electo; sino para “esclarecer las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos”.
Para la oposición, será un mero juego de artificios en el marco de las elecciones de medio sexenio; para el lopezobradorismo, será el prometido juicio popular a los expresidentes. Para la ciudadanía, un costoso ejercicio que no necesariamente propiciará el anhelado ajuste de cuentas con el pasado.
