La audiencia intermedia de este lunes contra Rosario Robles es clave, pues en ella tanto la Fiscalía General de la República (FGR) como los abogados de la inculpada deberán revelar mutuamente las pruebas con las que pretenden ir al juicio, y será el juez quien defina cuáles se quedan y cuáles se desechan. Se trata, además, de la última oportunidad que tendrá la extitular de Sedesol y Sedatu para negociar una salida alterna al juicio, de acuerdo con fuentes de la defensa.
Lo que se prevé es que Rosario Robles, encarcelada de manera preventiva desde hace más de un año por su probable responsabilidad en omisiones que habrían facilitado desvíos millonarios bajo el esquema de “La Estafa Maestra”, no se declarará culpable ni denunciará otros delitos a cambio de que la FGR retire los cargos o se le dicte una pena reducida, pero sí solicitará más tiempo al juez para preparar su defensa e incluso que el juicio se suspenda.
Esto en una audiencia programada para el día hoy a las 10 de la mañana ante el juez Ganter Villar Ceballos, en la sala 1 del Centro de Justicia Federal del Reclusorio Preventivo Sur, en la Ciudad de México.
Fuentes con conocimiento del caso indicaron a Animal Político que, una vez iniciada la sesión, los abogados de la exfuncionaria federal buscarán solicitar al juez federal dos cosas. Por un lado, que analice suspender de forma definitiva el eventual juicio, ya que bajo su perspectiva los hechos que imputa la Fiscalía no corresponden a un delito sino a un tema administrativo.
Y por el otro, que la audiencia intermedia se posponga con el argumento de que aun no cuentan con los resultados completos de dos peritajes que son claves en su estrategia: uno en materia de contabilidad, y otro en administración pública.
Aun cuando los fiscales de FGR podrían presentar algún argumento en contra de esta última petición, se esperaría que el juez conceda al menos la posposición, dado que la ley establece que se debe privilegiar el derecho a una defensa adecuada. Ello siempre y cuando la petición se justifique de manera correcta.
De ocurrir lo anterior, la audiencia se estaría suspendiendo en ese momento y se reprogramaría en otra fecha. Si el juez no lo concede, la audiencia continuaría conforme esta programado.
Independientemente de cuándo se complete, el objetivo de la audiencia intermedia es debatir y acordar qué pruebas se mantendrán por cada una de las partes. Al finalizar, y si no existe algún tipo de suspensión o amparo, el juez Villar Ceballos decretaría el denominado auto de apertura de juicio oral, que significa dejar listo el caso para el juicio ante un nuevo juzgado que no haya tenido contacto con el proceso.
De acuerdo con fuentes judiciales, el eventual juicio se estaría realizando por lo menos dos meses después de que concluya la audiencia intermedia, siempre que no haya algún recurso que impida su programación.
Sobre la posibilidad de que Robles acepte buscar una salida alterna a su proceso penal ya sea mediante un criterio de oportunidad (que implicará aportar información para denunciar un delito mas grave), o mediante un proceso abreviado (declararse culpable para obtener la pena mínima), algo que la FGR dijo este dispuesta a negociar, el equipo legal de la exfuncionaria negó de forma concluyente que sea una opción que estén valorando.
En la misiva de dos páginas Robles dice que la FGR intenta presionarla para que denuncie
a excolaboradores suyos como lo ha hecho con otros detenidos (en clara alusión al caso
de Emilio Lozoya) y recordó una declaración del fiscal Alejandro Gertz Manero en la que
este señaló que “no había querido colaborar”.
“Se que lo que pretenden para que yo obtenga mi libertad es señalar a excolegas míos de
mayor jerarquía en el gabinete del sexenio pasado, con el objetivo de dirigir ahí sus
baterías. Pero eso nada tiene que ver con la realidad. Yo no mentiré para obtener mi
libertad” señaló.
Comparto una #CartaPública donde explico cómo es que la @FGRMexico me tiene como "rehén" y la forma en que intenta amedrentarme. #JusticiaSíVenganzaNo. Abro hilo con la transcripción. pic.twitter.com/4I4hlateyq
— Rosario Robles (@Rosario_Robles_) October 26, 2020
Robles también denunció que cuenta con información del interior de la propia FGR
respecto al hecho de que se han reunido con excolaboradores suyos (sin revelar sus
nombres) para “ofrecerles impunidad” a cambio de que declaren en su contra.
La exfuncionaria lamentó además que la audiencia que enfrentará hoy no pueda ser
presenciada por el público y los medios de comunicación, pero reiteró que continuará
defendiéndose pues es inocente de los cargos que le imputan.
Aunque en el papel la audiencia intermedia de Rosario Robles es de carácter público, como todas las del sistema penal acusatorio, en realidad se llevará a cabo a puerta cerrada sin que se permita el paso al público ni a periodistas. Ello por las medidas de contingencia sanitaria que han restringido el paso a las salas.
Estas restricciones al derecho a la publicidad se sustentan en un acuerdo emitido por el Consejo de la Judicatura Federal, y cuya vigencia se extiende hasta el próximo 30 de octubre.
El Poder Judicial no ha habilitado ninguna opción para que el público pueda seguir a distancia este tipo de audiencias. Solo en el caso de las audiencias iniciales relacionadas con el proceso penal en contra del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, se diseñó un mecanismo de seguimiento a través de mensajes por Whatsapp.
En cuanto a las partes que intervienen directamente en el proceso (juez, fiscalía, víctimas y defensa), estas tienen la posibilidad de comparecer a través de videoconferencia o de presentarse físicamente en la sala de audiencias.
En agosto Rosario Robles envió una petición formal al juez administrador del Centro de Justicia en el Reclusorio Sur para que se le permitiera comparecer de forma presencial, en la audiencia intermedia. El juez aceptó la petición, instruyendo que su traslado desde el penal femenil de Santa Martha (donde está presa) se lleve a cabo atendiendo los protocolos sanitarios correspondientes.
Tanto la FGR como la defensa han preparado su caso apoyándose principalmente en testimonios de funcionarios y exfuncionarios federales, y en menor medida en peritajes o en otro tipo de evidencias de carácter técnico.
Lo anterior obedece, en parte, a que a Robles no se le imputa un delito de alta complejidad como lavado de dinero o peculado, sino simplemente no haber hecho nada para impedir la firma de convenios que facilitaron el posible desvío de mas de cinco mil millones de pesos de la Sedesol y Sedatu, en el sexenio pasado. Pese a ello, los fiscales piden en su contra una sentencia de hasta 21 años de cárcel y que, además, repare el daño por el millonario monto presuntamente desviado.
Como Animal Político adelantó en esta nota, el caso de la FGR está sustentado en 288 pruebas de las cuales solo una es un peritaje en materia de contabilidad y el resto corresponden a declaraciones de exfuncionarios de las dependencias donde trabajó Robles, y del personal de la Auditoría superior de la Federación (ASF) que identificó las anomalías.
Entre los testigos que los fiscales han ofrecido destacan el que fuera titular de la ASF, Juan Manuel Portal, y la exdirectora de auditoría Forense Muna Dora Buchahin. Ello sumado a 18 exfuncionarios de Sedesol y Sedatu, citados para decir básicamente lo mismo: que no recibieron instrucción de Robles para frenar la firma de convenios.
Por el lado de la defensa, los abogados han propuesto una estrategia sustentada en 55 pruebas que tienen como objetivo confirmar que Robles sí atendió las observaciones de la ASF sobre los convenios sospechosos con universidades, y dio instrucciones a sus subordinados para que se resolvieran. La cancelación de dichos convenios, sostiene los litigantes, no era facultad de la exfuncionaria pues en ese momento no había confirmación de que fueran ilegales.
Entre las pruebas de la defensa se encuentran los dos peritajes en materia de contabilidad y administración pública que continúan en perfeccionamiento, y por los cuales se pedirá que la audiencia se difiera. También se han ofertado diversos documentos y, como testigos, los abogados han pedido citar al actual titular de la ASF, David Colmenares, y al exoficial Mayor de Sedesol y Sedatu Emilio Zebadúa.
