Ciudad de México, 24 de octubre (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la función principal del Gobierno federal es defender los intereses públicos y de la nación, y no de las empresas privadas.
Durante una visita a la Central Carboelétrica “José López Portillo”, en Nava, Coahuila, el mandatario, criticó que empresas como Repsol hayan contratado a exfuncionarios para hacerlos parte de sus consejos de administración.
A la par, criticó que la empresa tenga en sus filas a exfuncionarios como Felipe Calderón Hinojosa.
“A mí no me paga Repsol, a mí me pagan los mexicanos para servirles, y por eso tengo que defender el interés público, no el de particulares. El caso de Repsol, que fue una de las empresas que abusó de de las políticas privatizadas, se llevó a la Secretaria de energía del pasado Gobierno, pero no sólo eso, se llevaron de consejero al expresidente Calderón de consejero, una vergüenza; todavía están inconformes cuando deberían estar ofreciendo disculpas, por el abuso, por las atrocidades que se cometiera en el periodo neoliberal”, detalló.
López Obrador recordó “a quienes defienden la política neoliberal”, que su administración no dará un paso atrás en el rescate de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y de Petróleos Mexicanos (Pemex).
“Decirles a quienes defienden la política neoliberal que no vamos a dar un paso atrás, que vamos a rescatar a la CFE y a Pemex. Leía yo que en su desplegado decían algo que debería de ser motivo de satisfacción, y que para mí es un timbre de orgullo, decían: el Gobierno de México está empeñado en proteger a la CFE; pues entonces, cuál es la función del Gobierno, proteger los intereses privados, no. Los únicos negocios que deben de importar a los funcionarios son los negocios públicos”, aseveró.
Ayer, un grupo de legisladores estadounidenses, demócratas y republicanos, enviaron una carta al Presidente Donald Trump en la que expresaron su preocupación por los cambios en materia energética que el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador ejecutó en los que propicia la participación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y de Petróleos Mexicano (Pemex) sobre la de privados. El grupo observó en estos cambios una posible afrenta a la ejecución del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
“Informes recientes indican que el Gobierno mexicano está brindando un trato regulatorio preferencial a Petróleos Mexicanos y retrasando o cancelando los permisos absolutos para las empresas energéticas estadounidenses”, acusó el grupo en el documento en el que recordaron que, tras las reformas constitucionales de 2014, México avaló la participación privada en el sector energético.
La política eléctrica actual del Gobierno mexicano limita la generación de energías renovables, de acuerdo con especialistas del sector consultados por la agencia EFE. Además los empresarios mexicanos denominaron como “electrolinazo” al cambio dictado por la Comisión Reguladora de Energía (CRE) en junio en la que se aumentó hasta 775 por ciento en las tarifas de porteo que deben pagar las centrales eléctricas, incluyendo renovables, a la CFE.
Las modificaciones no quedaron fuera del ojo de los Congresistas estadounidenses, encabezados por Vicente González, y de los Senadores John Cornyn, Bill Cassidy, Ted Cruz, James M. Inhofe, James Lankford y John Kennedy. La agrupación bipartidista y bicameral expresó al Presidente Trump que las acciones del Gobierno mexicano contribuyen a socavar T-MEC y con ello afectar la inversión en ambos lados de la frontera.
“Las acciones del Gobierno de México que amenazan la inversión y el acceso al mercado de las empresas energéticas estadounidenses y socavan el espíritu del Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (T-MEC)”, aseguraron en su mensaje los 43 políticos estadounidenses.
Recordaron que México es su primer socio para la exportación de productos petrolíferos y es considerado un mercado en crecimiento para las exportaciones de gas natural. “De hecho, las exportaciones estadounidenses de productos refinados a México se han triplicado durante la última década”, aseveró la misiva que destacó que el mercado energético en América del Norte beneficia tanto a los fabricantes de combustibles de EU, como a trabajadores y, “en última instancia, a los consumidores mexicanos”.
El grupo de legisladores consideró positivas las Reformas estructurales aprobadas por la Administración de Enrique Peña Nieto. Los cambios constitucionales de 2014 permitieron la participación de empresas privadas en el sector energético, con lo que llegaron miles de millones de dólares en inversión al país con el fin del desarrollo de infraestructura energética que fuera útil para la importación entre ambas naciones, desde las refinerías estadounidenses a los almacenes mexicanos.
“Estas inversiones resultaron en factores positivos, como el desarrollo de infraestructura y la generación de empleo en ambos lados de la frontera”, aseguraron los legisladores; sin embargo observan con preocupación el “trato regulatorio preferencial” a Pemex y CFE sobre todo debido a la filtración de un documento, supuestamente enviado por el mandatario mexicano a las autoridades de la materia en la que requirió emplear los recursos disponibles para la protección de estas empresas productivas del Estado mexicano.
“Estas experiencias anecdóticas han recibido crédito adicional recientemente por un memorando filtrado del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que ordena a las autoridades mexicanas utilizar todos los recursos disponibles dentro del marco regulatorio para proteger a Pemex y a la CFE”, citó el texto.
A esto agregaron que miembros del partido en el poder, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), han presentado iniciativas constitucionales que dan marcha atrás a la Reforma Energética de 2014 y, aseguraron los legisladores de EU, que también buscan “renunciar a todos los contratos actualmente vigentes”.
Estas modificaciones serían violatorios y contravendrían el “espíritu, si no la letra, del T-MEC”, que entre sus objetivos está la promoción del crecimiento entre firmantes. “Nos preocupa profundamente que estas acciones demuestren un patrón de obstrucción y lo instamos a encontrar una resolución con el Gobierno de México para mantener las condiciones de mercado actuales que brinda el marco regulatorio de la Reforma Energética, junto con certeza y equidad para las empresas estadounidenses que operan y compitiendo en México”, puntualizó el grupo legislativo.
El Presidente López Obrador se opone a la reforma energética y en mayo impulsó varios cambios normativos: primero, el acuerdo del Cenace y más tarde la modificación en la normativa de seguridad y calidad del suministro que ejecutó la Sener; por último, se incrementaron las tarifas de transporte de electricidad que reducen el margen de los parques eólicos de la compañía y plantas de autoabastecimiento, decisiones que también están en los tribunales.
