“El gobierno es un fideicomiso, y los oficiales del gobierno son fideicomisarios. Y el fideicomiso y los fideicomisarios se crean para el beneficio del pueblo” (Henry Clay).
El tema de moda, que viene cargado de emociones encontradas y de enormes despliegues mediáticos donde la saliva corre caudalosamente, es el de los fideicomisos.
El fideicomiso es un contrato en virtud del cual una o más personas (fideicomitentes o fiduciantes) transmiten bienes, cantidades de dinero o derechos, presentes o futuros, de su propiedad a otra persona (fiduciaria, que puede ser física o jurídica) para que administre o invierta los bienes en beneficio propio o de un tercero llamado beneficiario, y se transmita su propiedad al cumplimiento de un plazo o condición al fideicomisario, es decir cualquier persona que tenga autoridad para administrar los bienes de otra persona a quien se le permite hacer tareas sin lucrar de estas, y que puede ser el fiduciante, el beneficiario u otra persona.
Seguramente usted ya tiene una larga lista de adjetivos que aplicar a esta figura y muy probablemente le faltarán otros cuya contundencia hablará de su enojo, complacencia o indiferencia respecto a la desaparición de una figura legal de cuya existencia muchos no tienen idea.
El ciudadano de a pie generalmente no se entera de la existencia de bolsas o fondos cuya cuantía puede ser significativa, porque generalmente permanecen ocultos tras el velo de la supuesta respetabilidad de las instituciones involucradas, que pueden ser judiciales, deportivas, culturales, científicas, entre otras.
En cualquier caso, lo que está en juego es una cantidad de dinero que bien puede contarse por miles de millones de pesos, aunque de su administración no se sepa nada o casi nada.
Así pues, ahora nos enteramos que el cocinero Daniel Ovadia, primo de Salomón Chertorivsky exsecretario de Salud de Calderón, fue beneficiario de varios fideicomisos del CONACyT durante el gobierno de Peña Nieto; o que varios fideicomisos se crearon para proveer a las necesidades de los magistrados de la SCJN que van desde abultar sus pensiones, complementar su asistencia en materia de salud, o mejorar sus viviendas; habiendo otros de carácter cultural que apoyaron proyectos cinematográficos como las películas de Eugenio Derbez; o el fideicomiso que apoyaba a Sabritas para el desarrollo de nuevas frituras, entre muchos otros.
Son 109 fideicomisos los que desaparecen y cuyos fondos milmillonarios pasan a la administración directa de la Secretaría de Hacienda, lo cual alborota hasta la histeria a muchos de los, hasta el momento, beneficiarios de las bolsas siempre discretamente ocultas al escrutinio público.
La desaparición de los fideicomisos trae aparejada la revisión escrupulosa de su funcionamiento, lo cual significa que muchos administradores y beneficiarios van a salir raspados y prácticamente con boleto para montar algún espectáculo de tiendas de campaña, protestas en medios de comunicación, sainetes en los recintos legislativos, plantones y performances con el tema de la dictadura, el asalto y cancelación del derecho al bienestar personal, gracias al dinero público ordeñado en forma de apoyos y asignaciones a beneficiarios suertudos e impunes… hasta el momento.
Para no hacer muy largo el cuento, le comento que el monto total en la bolsa de los fideicomisos en México es de 835 mil 477 millones 800 mil pesos, lo que equivale al 15.82% de todo el presupuesto de 2018 y al 4.12 del PIB (Fundar, A.C., 2018).
Lo anterior seguramente explica por qué los panistas, priistas, perredistas y, de repente, los petistas aúllan desconsolados y se rasgan las vestiduras, mientras ven que no sólo vuelan las tiendas de campaña en el Zócalo de la CDMX, sino también las expectativas de engordar el cochinito personal a costa de dinero público.
La extinción de los fideicomisos sube la canasta y empuja al destete de la ubre que estaban alimentando a miles de parásitos presupuestales, becarios, traficantes de influencias, holgazanes empedernidos y farsantes de diversa ralea.
La extinción de los fideicomisos no significa la suspensión de los apoyos, sino la eliminación del manejo discrecional de los recursos.
Por eso el crujir de huesos y el rechinar de dientes en la Cámara de Diputados y en las cámaras empresariales. No es fácil ver cancelarse la puerta de acceso al botín de poco más de 800 mil millones de pesitos, aunque sean devaluados y que ahora pasan al control de la Secretaría de Hacienda. Por eso chillan como marranos.
