Tijuana, Baja California.- Lucero Rubí Ojeda Huerta, de 26 años de edad, asesinada la mañana de este jueves, fue víctima de la violencia por parte de Pedro Martínez Castro, hasta el último día de su vida; la Fiscalía General del Estado de Baja California tiene constancia de las agresiones en denuncias interpuestas.
Este jueves, como cualquier otro, Rubí acudió a laborar al centro de salud, de la calle San Borja, en la delegación de Vicente Guerrero, en Ensenada, Baja California. A la clínica, disfrazado de enfermero, llegó Pedro, su ex pareja y padre de su hijo, quien al verla le disparó en el pecho y cabeza. Posteriormente, el agresor se atrincheró en el lugar y se suicidó.
El día hubiera sido distinto para Rubí, si autoridades de la Fiscalía General del Estado hubieran escuchado su grito desesperado a través de las 4 denuncias, sí, 4 denuncias interpuestas por Rubí durante este año en contra de Pedro; 2 por lesiones agravadas y 2 por privación ilegal de la libertad. La última denuncia la interpuso el pasado 10 de septiembre.
Compañeros de trabajo de Lucero Rubí indicaron que este miércoles acudió a la Fiscalía General del Estado en San Quintín para conocer el avance de la denuncia que había interpuesto contra su ex pareja, con quien tuvo un hijo de 7 años, por secuestro, golpes y amenazas, sin embargo, señalaron que no la atendieron argumentando la situación por covid.
Explicaron que Lucero Rubí sufrió violencia los casi 8 años que vivió con su ex pareja, de quien tenía ocho meses separada, por lo que interpuso denuncias en su contra por los delitos de secuestro, golpes y amenazas con una pistola, pero que a pesar de ello nunca le brindaron protección.
En días recientes, Pedro privó de la libertad a Rubí, la llevó a una playa del poblado donde la agredió físicamente, al tiempo que le apuntaba en la cabeza con una pistola. Policías municipales lo detuvieron, pero después fue liberado.
Rubí mantuvo una relación de pareja con Pedro durante 8 años. Tenían separados 8 meses a causa de la continua violencia de la que era víctima.
El día miércoles, Rubí había acudido a las oficinas de la FGE en San Quintín para preguntar avances sobre las denuncias interpuestas, pero nadie le dio respuestas, argumentando que el agente que lleva su caso está contagiado de COVID-19 y no está trabajando.
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