El Gobierno mexicano recurre ahora a la ONU para poder abastecerse de medicinas

El Gobierno de México ha firmado la mañana de este viernes un convenio con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), para que sea este organismo el que se encargue de licitar y gestionar las compras de medicamentos a nivel internacional, con lo que las autoridades mexicanas esperan solucionar el desabastecimiento de medicinas que golpea a varios hospitales del país.
La medida se da tras meses de una guerra abierta que la Administración mantiene con la industria farmacéutica, a la que acusa de monopolizar el sector, de corrupción y de distribuir fármacos caros y de mala calidad. La Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (Canifarma) reaccionó con mesura al acuerdo. Su director, Rafael Gual, ha dicho que espera que este nuevo proceso sea justo y permita a las farmacéuticas mexicanas participar en la compra de medicinas.
“Vamos a obtener todas las medicinas en los países del mundo, medicinas de buena calidad, a bajos precios y sin corrupción. Vamos a resolver el problema del abasto de medicamentos”, ha dicho el presidente tras firmar el convenio. “Estamos tratando de tener las medicinas lo más pronto posible, que se inicien los procesos de adquisición la semana próxima. Tenemos los recursos. Y como se trata de organizaciones de mucha confianza estamos dispuestos a entregar por adelantado el dinero que se requiera. Todo esto para ganar tiempo”, ha afirmado López Obrador. El acuerdo con UNOPS establece que el Gobierno mexicano transferirá los recursos a este organismo para que licite en el extranjero y gestione los contratos de compras de medicamentos. “Es fundamental maximizar la transparencia, la eficacia y la eficiencia, lo que será determinante para lograr una atención médica de calidad y un mayor valor por dinero para la población mexicana”, ha dicho Grete Faremo, directora ejecutiva de UNOPS. López Obrador ya había anunciado que su Gobierno espera invertir más de 60.000 millones de pesos en medicamentos y que el convenio con la ONU permitirá reducir la escasez en los hospitales el próximo año. El Gobierno mexicano gastó 58.000 millones de pesos en el sector salud en 2018.
La firma del convenio se da dos días después de que la Cámara de Diputados aprobara una reforma a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que le permite al Gobierno comprar medicamentos en el extranjero prescindiendo de las compañías distribuidoras nacionales, a las que acusa de controlar el mercado bajo la protección de gobiernos anteriores. La medida, sin embargo, fue criticada por expertos en comercio internacional, que consideraron costosa e inviable, porque muchos de los países productores no tienen un tratado de libre comercio con México. El Gobierno mexicano pasó de importar fármacos aprobados por Estados Unidos, Suiza, Australia, Canadá o la Unión Europea, a importar aquellos que sean aprobados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que incluye productos de India, China, Turquía, Argentina, entre otros. Juan Carlos Baker, consultor independiente y exsubsecretario de Comercio Exterior, explicó a EL PAÍS a mediados de julio que el plan de López Obrador le saldría caro a México, porque no cuenta un pacto comercial con los países de los que pretender importar medicamentos, lo que generaría un arancel de 15% a 20% sobre el precio de las medicinas.
La decisión del Ejecutivo alarmó a la industria, que consideró “desastrosa” la iniciativa y aseguró que el Gobierno no tiene capacidad para distribuir medicamentos, por lo que auguraban un desabasto mayor. “Las compras discrecionales en el extranjero no resuelven por sí mismas el problema de abasto y pueden provocar un daño grande”, afirmaron las empresas del sector en un comunicado publicado el 14 de julio. Tras estos obstáculos, el Gobierno de López Obrador tuvo que acudir a la ONU, que se encargará ahora de toda la gestión para la compra de medicamentos.
Tras conocer la firma del convenio esta mañana, Rafael Gual, director de Canifarma —cámara que aglutina a 180 empresas del sector— dijo que esperarán a conocer cómo será el proceso de licitación bajo el nuevo sistema y qué oportunidades tendrán las farmacéuticas locales de participar. “Asumen de alguna manera que la iniciativa anterior fue un fracaso. Estábamos en desacuerdo sobre cómo se dio la ley. Ahora, en principio, vamos a ver cómo se presenta este nuevo sistema, que puede ser una oportunidad para la industria. Exigimos transparencia y certidumbre”, ha dicho Gual.
Además de la firma del convenio, López Obrador ha informado de que el Gobierno creará una empresa pública que distribuya las medicinas por todo el país. El plan del presidente es que los medicamentos lleguen hasta las zonas más remotas como llegan, dijo, los refrescos, una de las principales causas de la obesidad en México, el segundo país con más población con sobrepeso. Cada año mueren 40.000 personas por enfermedades asociadas al consumo de bebidas azucaradas, según el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP). Las farmacéuticas, sin embargo, cuestionan la capacidad del Estado para almacenar y distribuir medicinas. “El Gobierno no tiene la capacidad de construir la infraestructura que se necesita: centros de distribución, cadenas de transporte, personal especializado para manejar los medicamentos. Es un reto enorme, monumental”, afirma Gual.
Información de El País