Los desvíos de recursos en la frontera norte del país a través de empresas fantasma se convirtieron en un sistema de ordeña del erario. El mecanismo buscó retirar dinero público por vías presuntamente legales, pero al paso de los meses y años se confirmó que se utilizó para la defraudación fiscal. No es un modelo de corrupción asociado a un solo partido político, tampoco a un gobierno. En este trabajo exponemos un fragmento del enorme fraude por el que atraviesan las finanzas nacionales: son los desvíos realizados durante las administraciones de ocho gobernadores y 28 alcaldes de la línea fronteriza.
Este reportaje forma parte del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for Journalists en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers.
Por Miriam Ramírez
Entre 2014 y 2019 gobiernos de estados y municipios fronterizos del norte de México facturaron al menos 2 mil 628 millones de pesos (unos 120 millones de dólares) con 536 empresas fantasma.
Estas administraciones estatales y en otros casos municipales de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas usaron como presuntos proveedores a personas físicas y morales que posteriormente fueron calificadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) como empresas de papel.
Los recursos fueron presuntamente desviados a través de 15 mil facturas con las que se justificó la prestación de servicios como diseños de revistas, construcción de pozos de agua en pequeños poblados, cuadernillos sobre violencia intrafamiliar, compra de cemento, compra de croquetas para perro, asesorías diversas, renta de sillas y sonido, recursos humanos, tapicerías, adquisición de computadoras, contratación de cursos para aprender a utilizar apps, remodelación de baños en escuelas públicas y compra de amortiguadores de vehículos, entre muchos otros.
Tras un proceso de revisión, el SAT determinó que estas empresas han emitido comprobantes fiscales sin tener el personal, la infraestructura, los activos o la capacidad para prestar los servicios, y fueron calificadas como EFOS: Empresa que Factura
Operaciones Simuladas.
La base de datos matriz fue proporcionada por la Administración General de Servicios al Contribuyente del SAT, a través de 13 solicitudes de acceso a la información pública. Para generar la información, la dependencia cruzó el listado de contribuyentes que emiten
operaciones simuladas y las claves del Registro Federal de Contribuyente (RFC) de siete entidades estatales, y 28 municipales.
Esta investigación busca, principalmente, exponer el sistema de desvío de recursos que sucede en los gobiernos de México, en particular en la frontera norte, y toma como base el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, el cual señala que al detectar a un contribuyente que emite facturas sin contar con activos, personal, infraestructura o capacidad material, o que no está localizable, se presumirá la inexistencia de las operaciones amparadas en dichas facturas.

 
Gobiernos de diversos partidos políticos han hecho uso de las empresas fantasma entre 2014 y 2019. Es probable que antes del 2014 se operara el mismo esquema, pero no está documentado por la autoridad hacendaria debido a que es a partir de ese año que se reforma el Código Fiscal de la Federación y se faculta al SAT para detectar, investigar y exhibir a los contribuyentes irregulares.
El uso de las empresas de papel se convirtió en una práctica común en este país. Los estados de la frontera no fueron la excepción. Los gobiernos comandados por los ex gobernadores Egidio Torre Cantú, de Tamaulipas (2011-2016); Marcos Alberto Covarrubias Villaseñor, de Baja California Sur (2011-2015); Rodrigo Medina de la Cruz, de Nuevo León (2009-2015), y Rubén Moreira Valdez, de Coahuila (2011-2017) acumularon cientos de millones de pesos pagados a empresas que ahora se hallan boletinadas por el SAT.
Una a una, como si de una carrera de relevos se tratara, las administraciones estatales continuaron la compra de facturas falsas en los actuales gobiernos de Carlos Mendoza Davis, en Baja California Sur; Francisco García Cabeza de Vaca, en Tamaulipas; Miguel Riquelme Solís, en Coahuila, y Jaime Rodríguez Calderón, en Nuevo León.
Sin embargo, desde que el actual gobierno federal intensificó la lucha legal contra las empresas con operaciones simuladas y se clasificó como delito grave, los montos desviados desde las entidades públicas disminuyeron sustancialmente, y en algunos casos llegaron a cero.

Un elemento que destaca de la matriz de información es la cantidad de facturas emitidas en el bloque del noreste conformado por Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.
Al menos 67 empresas fantasma de esta región operaron sin división política: lo mismo facturaron en municipios de Tamaulipas, como en Coahuila o Nuevo León. Las operaciones múltiples alcanzaron los 773 millones de pesos.
 

 
De acuerdo con la información proporcionada por el SAT, para el caso de los gobiernos de los estados de Baja California, Chihuahua y Sonora no se encontraron registros con la clave RFC de cada estado, sin embargo, esto no necesariamente significa que no se hayan registrado operaciones con empresas fantasma, sino que podrían haberse realizado con otra clave RFC de cada entidad.

 

Sonora

El SAT asegura que el gobierno del Estado de Sonora no ha pagado servicios de empresas fantasma en el periodo revisado, pero sí lo han hecho cuatro municipios: Nogales, San Luis Río Colorado, Guaymas y Cajeme.
En 2014, 2015, 2016 y 2018 estos cuatro municipios recibieron facturas por 141 millones 402 mil pesos provenientes de 62 proveedores fantasma.  El gobierno de Nogales concentró un 70 por ciento de estos recursos.
Esta pequeña ciudad fronteriza es el segundo municipio con más recursos públicos entregados a contribuyentes incumplidos.
Fue durante el periodo del ex alcalde David Cuauhtémoc Galindo Delgado, entre 2015 y 2016, que en Nogales se gastaron más de 100 millones de pesos en servicios prestados por empresas que luego fueron boletinadas por el SAT. Al concluir esta administración, a partir de 2017, Nogales registra cero transacciones con empresas fantasma.
Guaymas es otro municipio que destaca en la lista en el periodo de 2014 y 2016: se facturaron unos 28 millones de pesos; casi 26 millones fueron ejercidos durante el periodo en que gobernó Lorenzo de Cima Dworak.


 
Nota metodológica:
Para documentar la postura de los gobiernos municipales y estatales aquí señalados se buscó a los titulares de comunicación social de 32 administraciones públicas (cuatro gobiernos estatales y 28 gobiernos municipales).
Del total, 18 casos respondieron a la solicitud de entrevista y requirieron mayor información, pero hasta el cierre de edición sólo el municipio de Apodaca, Nuevo León había emitido una respuesta.
Es destacable que los municipios de Chihuahua, Matamoros, Tamaulipas y San Luis Río Colorado en Sonora, respondieron que los datos correspondían a administraciones pasadas, sin embargo, accedieron a revisar la información.
Otros 14 funcionarios recibieron la solicitud de entrevista pero no dieron respuesta.
A cada titular se le envió un cuestionario en el que se le pidió responder lo siguiente:
¿Su administración había detectado la contratación de empresas facturadoras de operaciones simuladas en el periodo señalado?
¿En su administración se ha abierto alguna investigación relacionada con la contratación de empresas facturadoras de operaciones simuladas?
¿Tiene algún comentario respecto a la información que hemos documentado?
Para el caso de las empresas, se buscaron los contactos telefónicos y/o correos electrónicos de 80 empresas enlistadas en este reportaje. Sólo se logró ubicar información de 25 empresas. Sin embargo al realizar las llamadas telefónicas, las líneas marcaban números suspendidos, números inexistentes o daban tono de ocupado.
 
Nota del editor:
El Border Hub recibió este martes 7 de julio de 2020 un mensaje de Temo_galindo@hotmail.com titulado “Aclaración”, en el que hace referencia al reportaje “Frontera de papel: Desvíos de empresas fantasma en el norte de México”, escrito por Miriam Ramírez, reportera de investigación de la Iniciativa Sinaloa e integrante del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for Journalists en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers. Aunque el mensaje enviado no está firmado, suponemos que viene del Sr. David Cuauhtémoc Galindo Delgado, ex presidente municipal de Nogales, Sonora, entre 2015 y 2018, aludido en este reportaje. En aras del balance periodístico, el derecho de réplica, la libertad de expresión, y la necesidad de transparencia con las y los lectores, publicamos íntegro el mensaje recibido e, inmediatamente después, la réplica de la reportera Miriam Ramírez, enviada por correo electrónico a esta redacción.
Jorge Luis Sierra
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Mensaje de Temo Galindo:
“Sobre su publicación “Frontera de Papel” por Miriam Ramírez, con fecha de hoy 7 de julio de 2020, es importante precisar que la publicidad de un trabajo periodístico inconcluso como el que señalo, genera espacio para la especulación, calumnia y difamación.
Derivado de lo publicado en la investigación (que insisto es inconclusa) y compartido este mismo día en el espacio del periodista Juan Carlos Zúñiga, se da por hecho que en la administración encabezada por un servidor, se utilizaron “facturas apócrifas”, afirmación que resulta falsa de toda falsedad.
Les comparto que fue en nuestra administración donde se detectó el uso para cobro y pago, de estos documentos, por lo que procedimos a dejarlo asentado en actas de Sesiones de Cabildo, además de presentar denuncias ante el SAT, la FAS y la ASF, derivando hasta donde tengo entendió [sic] en algunas detenciones de parte de las autoridades, de todo ello también existen evidencias documentales de diversos medios de comunicación.
Las consecuencias de lo irresponsablemente publicado, redundan hoy en la réplica de varios medios y señalamientos infundados en redes sociales que lesionan la imagen pública y personal de su servidor y el equipo que me acompañó en la administración que tuve a bien la responsabilidad de encabezar.
Agradezco su atención.”
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Réplica de Miriam Ramírez:
“Respuesta de la reportera:
1.- Creemos que el señor Galindo tiene todo el derecho a expresarse, y exponer lo que él considere pertinente.
2.- En ninguna parte del reportaje se le califica.
3.- Lo que se hizo en esta investigación fue exponer los documentos entregados por una institución oficial, que es el Servicio de Administración Tributaria. No son datos que nosotros hayamos creado o cruzado.
4.- El trabajo fue sistémico, no se basó en una persona ni se le acusa de nada.
5.- Nos mostramos dispuestos a cotejar los documentos que el señor Galindo tiene en su poder con los que nos entregó el SAT, y hacerlo público.”