Algunas lecciones sobre el atentado

Durante la mañana del pasado viernes 27 de junio, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México fue víctima de un atentado malogrado en el que murieron dos de sus escoltas y una mujer que transitaba por la zona rumbo a su trabajo.
La información disponible al día de hoy apunta que en la organización del acto participaron aproximadamente 40 personas y alrededor de 12 perpetraron el ataque directamente; contaban con un arsenal que incluía 34 armas largas de distintos calibres, 5 fusiles Barret, 1 lanzagranadas, 7 granadas y 51 bombas molotov. Hasta ahora la autoridad ha detenido a 19 criminales.
El funcionario emboscado señaló como responsable del crimen al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG); dato corroborado posteriormente por las autoridades. Asimismo, las indagatorias arrojaron información en el sentido de que los cárteles capitalinos de Tláhuac, la Unión Tepito y los Acme colaboraron en la logística del ataque.
Conviene cuestionarse qué podemos colegir con esta información evitando recurrir a verdades de perogrullo y falacias, como las que emplean algunos analistas al calificar el acontecimiento de “inédito” o “sin precedentes”; desestimando casos como el homicidio del juez Uriel Villegas y su esposa, motivado por las mismas razones y que también representa un ataque directo a la “res pública”.
Es significativo que en ambos casos los delincuentes se acercaron a los domicilios de sus víctimas, de lo que se desprende la ausencia de cuadros de inteligencia en la estructura del crimen organizado. A diferencia del accidente en que perdieron la vida José Luis Santiago Vasconcelos y Juan Camilo Mouriño, donde pervive la hipótesis de que información del vuelo y pasajeros fue filtrada para facilitar su ejecución, el modus operandi actual sugiere que en el entorno cercano a los altos mandos no existen infiltrados que proporcionen datos comprometedores.
Considerando que la apuesta del Gobierno es extirpar a colaboradores criminales de la estructura del Estado, esto es en sí mismo una batalla ganada. En contraposición, algunas voces exigieron una respuesta contundente en contra del CJNG, como si la reacción fuese el rasgo determinante de un estratega.
En su famoso tratado sobre la guerra, Sun Tzu señaló que el objetivo de toda estrategia ofensiva debe ser “tomar intacto Todo-bajo-el-Cielo. De ese modo las tropas no quedarán consumidas y la ganancia será completa”, lo que explica el “Abrazos, no balazos” que el Presidente espeta ad nauseam. A riesgo de equivocarme interpretando al estratega chino, explicaré dónde veo la relación entre los consejos del filósofo y las declaraciones gubernamentales.
Es innegable que en este país los hechos violentos son tradición desde que Felipe Calderón, involucrado con la mafia y recordado por su problema de alcoholismo, declaró su famosa guerra contra el narco.
La historia permite constatar que los enfrentamientos entre las autoridades y las organizaciones criminales no dejaban intacto “Todo-bajo-el-Cielo”, incluso el otrora presidente acuñó la frase de “daños colaterales”, en las que incluía a inocentes con la mala fortuna de haberse atravesado en el camino de los encargados de procurar seguridad y justicia, como los jóvenes asesinados en Villas de Salvarcar, Ernestina Ascencio y los estudiantes del ITESM.
Se deduce que el Estado no tiene para si el monopolio de la violencia, toda vez que claramente un sinnúmero de organizaciones la disputan activamente; incluso en el colmo del (des)Imperio de la Ley, el gobierno de Peña Nieto concedió esa característica exclusivisima a las autodefensas michoacanas.
En sentido contrario, el actual gobierno tiene conciencia de su monopolio en otras áreas neurálgicas del Leviatán, como lo son la Hacienda Pública, el sistema financiero y judicial, la inteligencia policial y los archivos patrimoniales de la población entera. Esto permite que a través del Poder Judicial y de futuras reformas administrativas de las instituciones, actores que viven al margen de la ley puedan institucionalizarse propiciando la asimilación del Estado de “Todo-bajo-el-Cielo”; por eso es importante la legalización del consumo y venta de drogas.
Otra información referente a los detenidos es la de que fueron contratados 3 semanas antes de llevar a cabo el atentado, por lo que es adecuado preguntarnos si ¿Debutaban como sicarios o ya habían desempeñado esa tarea? ¿Fueron sustraídos de un entorno más o menos tranquilo y obligados a realizar el acto violento, o por el contrario, impelidos por su contexto violento aceptaron el encargo a voluntad propia?
Dar respuesta a esto puede orientarnos en la construcción de hipótesis que atiendan correctamente el problema de la seguridad pública. Si eran parte del mundo criminal, es cierto que ante la falta de oportunidades de subsistencia, los individuos se ven embelesados por un estilo de vida opulento y admirado por la cultura popular. Por el contrario, si fueron sustraídos de su entorno, entonces una política que prescinde de las demostraciones de fuerza por parte del Estado, como la de “Abrazos, no balazos”, concede oportunidades de reinserción social para los delincuentes inconformes.
Además, la probabilidad de que individuos obligados a hacer del crimen su vida prefieran desempeñar empleos dignos, así sean de paga paupérrima como “Sembrando vida” y “Jóvenes construyendo el futuro”, es mayor y mejor que solo aceptar que “ni estudien, ni trabajen”.
Para concluir apunto las siguientes observaciones: 1) Los criminales no estudiaron la geografía del lugar del ataque, o si lo hicieron, soslayaron su relevancia, lo que puede insinuar desesperación, puesto que fracasaron en la consecución del objetivo; 2) Considerando en conjunto el fracaso y la muy respetable cantidad de armamento que llevaban consigo, la derrota sugiere que la capacidad técnica y armamentística de estos grupos es muy inferior a la del Estado.