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lunes, agosto 2, 2021

Aumenta a 4 mil 900 pesos pago por "mordidas" para trámites estatales y municipales en Sonora

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Por Jesús Ibarra
En 4 mil 900 pesos por persona está calculado el costo de la corrupción en trámites realizados en Sonora.
La cifra representa la octava cantidad más alta registrada por el INEGI en la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG), publicada hace un mes y realizada durante todo el año 2019 analizando trámites en los tres niveles de gobierno.
Así, el costo de la corrupción en Sonora sólo es superado por el registrado en Yucatán ($44,800), Coahuila, ($17,900), Chiapas ($15,000), Querétaro ($8,600), Nayarit ($5,900), Puebla ($5,300) y Guerrero ($5,000).
En décimo lugar aparece el estado de Hidalgo con 4 mil 300 pesos.
Cuando se le compara al costo por acto de corrupción con la ENCIG de 2017 se observa para Sonora un aumento de 3 mil pesos, ya que en esa versión de la encuesta el resultado fue de mil 900 pesos.
A la par de esto, los tabulados estadísticos del INEGI indican que sólo el 5% de las personas que sufren un acto de corrupción en Sonora presentó una denuncia, el 78.5% decidió no hacerlo.

Para el especialista en materia anticorrupción Eduardo Bohórquez, el porcentaje tan bajo en denuncia es atribuible a que este delito tiene una naturaleza muy distinta a otros como el robo o la violación, ya que el denunciante tiene que reconocer ante la autoridad que participó e incurrió en una conducta delictiva.
“¿Por qué no se denuncia? porque te tienes que autoinculpar…. Si pagaste la mordida eres cómplice, entonces uno tendría que ir a decir que es culpable de un delito, por eso no se denuncia”.
“La denuncia en corrupción es muy distinto a otros delitos, eso explica el 5%”, recalcó el director ejecutivo de Transparencia Mexicana.
Agregó que la ENCIG mide la corrupción administrativa, es decir toda aquella que se da entre ciudadano y gobierno, la que tiene que ver con la corrupción de gran escala entre redes nacionales o internaciones de empresarios y funcionarios públicos no está valorada en este instrumento.

 
Rampante a nivel nacional
A nivel nacional, en 2019, el costo total a consecuencia de la corrupción en la realización de pagos, trámites o solicitudes de servicios públicos y otros contactos con autoridades fue de 12 mil 770 millones de pesos, un aumento del 64% comparado con la ENCIG presentada en 2018.
La cifra equivale a 3 mil 822 pesos promedio por persona afectada en México durante el año 2019, Sonora está arriba poco más de mil pesos de esa media.
El costo a consecuencia de la corrupción en el contacto con autoridades de seguridad pública fue 2 mil 244 millones de pesos, lo que representó mil 294 pesos en promedio por persona afectada en México.
Por otro lado, el costo por corrupción en la realización de trámites vehiculares fue 524 millones de pesos, lo que equivale a 766 pesos promedio por persona afectada.
Comparada con la ENCIG de 2017 se observa un aumento también en el costo de la corrupción, ya que en esa edición la cifra fue de 7 mil 218 millones de pesos y el costo promedio por persona fue de 2 mil 273 pesos.
Al respecto se buscó la opinión del Contralor estatal Miguel Ángel Aispuro Murillo durante una semana, pero no fue posible obtener su versión sobre los resultados más recientes de la ENCIG.
Su vocera, Ana Cecilia García, dijo que el tema había sido abordado en su momento y que por lo pronto no había más que agregar sobre el tema de la corrupción.

Por habitantes
Las víctimas por corrupción por cada 100 mil habitantes disminuyeron en Sonora, al pasar de 15 mil 158 en la ENCIG 2017 a 12 mil 562, una reducción porcentual de 17.1%.
A nivel nacional este indicador de corrupción disminuyó 7.5%.
Los actos de corrupción por cada 100 mil habitantes fueron estimados por el INEGI en 24 mil 221 en esta versión de la ENCIG e incluye los trámites en tres niveles de Gobierno.
Hace dos años fueron 61 mil 652, sin embargo debido a la metodología el INEGI no calculó la tasa de variación para el caso de Sonora y no recomienda hacer análisis cuantitativos, sólo cualitativos.
Sobre la prevalencia de corrupción en los trámites realizados por cada 100 mil habitantes en Sonora destacan en primer lugar el contacto con autoridades de seguridad pública (54,458), permisos relacionados con la propiedad (35,876) y trámites para abrir una empresa (23,114). Los contactos, entre paréntesis, corresponden a autoridades de los tres niveles de Gobierno.
El porcentaje de personas que consideran que los actos de corrupción son frecuentes o muy frecuentes en Sonora disminuyó en 6.4%, al pasar de 91.5% en la ENCIG 2017 a 85.7% en la más reciente versión. Como referencia, la ENCIG de 2013 indicaba una percepción de 87%, así en un lapso de 6 años y dos sexenios diferentes la diferencia es de apenas 1.3 puntos porcentuales.
En general, a nivel nacional esta percepción disminuyó 4.5% en la más reciente ENCIG.
Para el doctor Aarón Grajeda Bustamante, exintegrante del Sistema Estatal Anticorrupción y ahora miembro del Monitor Nacional Anticorrupción el alza en costo de la ‘mordida’ está vinculada a las interacciones que se realizan en ventanilla y con la falta de una mejor vigilancia administrativa.
“Los costos que han venido incrementándose por la corrupción tienen que ver lógicamente con los trámites que los ciudadanos hacen en ventanilla y una parte es también el poco control que se tiene con entidades, muy particulares que son el trato que se lleva a cabo con autoridades de seguridad pública en lo estatal y por otro lado lo que se tiene con policías municipales”.
“Los trámites que están en ventanilla son los que están causando esos actos de corrupción, lo que coincide también con indicadores como el de Coparmex, donde en su base de datos también se ven reflejados”, consideró.
Grajeda Bustamante resaltó que a pesar de la integración y coordinación funcional del Sistema Estatal Anticorrupción, así como la participación de varias entidades como la Fiscalía Anticorrupción de Sonora, la Contraloría, el Tribunal de Justicia Administrativa y el Consejo Ciudadano Anticorrupción los esfuerzos no son suficientes con el paso de los años.
“Se necesita consolidar la política anticorrupción estatal y se necesita que sea transexenal, tener por primera vez una política que trascienda los sexenios y esta política pueda ser lógicamente consensuada con la sociedad civil y la academia, así como con ciudadanos que se puedan involucrar, el gran reto de todo Sistema Estatal es el hecho de que puedan obtenerse resultados e indicadores más positivos por el grado de inversión que requieren y de visibilidad ya que este es el segundo problema identificado por el propio Gobierno Federal como grave, después de la inseguridad, en ese sentido los logros tendrían que estarse viendo reflejados en indicadores y eso es lo que debe construirse”.
“Como se ve, y como lo muestra la ENCIG 2019, no es fácil la construcción de estos resultados”, subrayó.

 
No mide transparencia
La encuesta fue publicada el pasado 21 de mayo, sus resultados fueron opacados por la crisis que está provocando la pandemia de COVID-19 en todo el país y Sonora.
Ese mismo día, de manera imprecisa el Gobierno del Estado se refirió a esta ENCIG como una medición exitosa de transparencia gubernamental y de gasto federalizado eficiente, un par de indicadores que no están contemplados en la metodología del INEGI en ninguna pregunta o módulo que conforma esta encuesta bianual.
En su comunicado oficial el Gobierno de Sonora resaltó lo siguiente: “La tasa de usuarios que creen o han escuchado que existe corrupción en los trámites que realizaron, Sonora pasó del quinto peor lugar que ocupaba en 2015 al quinto lugar con mejor desempeño en 2019. En la tasa de usuarios que experimentaron algún acto de corrupción en al menos uno de los trámites que realizaron, la entidad mejoró 9 lugares; es decir, pasó de la décima posición en 2015 a la décimo novena en 2019”.
El propósito de la ENCIG es dar a conocer a la sociedad en general la información obtenida sobre la evaluación que la población de 18 años y más otorga a los trámites, pagos, servicios públicos y otros contactos con autoridades, de acuerdo con su experiencia y así aportar elementos que ayuden a la toma de decisiones de política pública en materia de calidad en los tres niveles de gobierno.
En Sonora la encuesta se aplicó a personas mayores de edad en aproximadamente 1,473 hogares de zonas urbanas.
Confianza a la baja
Ernesto Urbina Miranda, director de la asociación civil Hermosillo ¿Cómo Vamos? resaltó que los resultados de la ENCIG muestran la falta de confianza en las instituciones por parte de los ciudadanos y fallas de los mecanismos institucionales para denunciar actos de corrupción.
“En un primer momento te habla de los retos que tenemos en la entidad para construir una confianza hacia las entidades de Gobierno y sobre todo disminuir la percepción de corrupción que tiene el ciudadano en la construcción de relaciones que mantiene en el día a día con autoridades y entidades gubernamentales.
En un sentido más amplio, también nos invita a reflexionar sobre en qué tanto se ha avanzado en la construcción institucional que se ha generado en los últimos años para combatir justamente para la corrupción. Si bien esto puede tener avances puntuales o se pueden analizar en una arena de discusión el avance también se debería reflejar en la percepción de los ciudadanos en los temas de corrupción”, opinó.

Sobre el porcentaje tan bajo de denuncia de actos de corrupción en Sonora Urbina Miranda señaló que esto apunta a que las autoridades provocan un desencanto entre la ciudadanía debido a la persistencia de impunidad y el fracaso en la resolución de problemas sociales.
“Coincide con mediciones que nosotros hemos hecho con servicios públicos en términos de las fallas en el servicio de alumbrado, y en el tema de seguridad coincide en la falta de denuncia de los actos delictivos. Es como una cultura generalizada el no denunciar a las autoridades cualquier acto dentro de la ilegalidad, sea seguridad o sea algún servicio público”, resaltó.
Por último, Urbina Miranda explicó que el entramado institucional que se ha diseñado no motiva a la ciudadanía para se anime a denunciar y que culmine con la impartición.
La IP preocupada
Para el empresario Óscar Serrato Félix, miembro de la Confederación Patronal de la República Mexicana, la prevalencia de corrupción detectada por la ENCIG del INEGI en Sonora es consistente con los resultados de un instrumento de medición implementado por dicho organismo empresarial: #MxSinCorrupción
“Por la parte empresarial de acuerdo a la medición que hace Coparmex estamos en medio de la tabla nacional, exactamente en el promedio, donde el 33% de las empresas han sido víctimas de un acto de corrupción por parte de las autoridades, ¿Qué es lo que hace esto?, incrementa el costo asociado con las empresas, es un lastre en la productividad, es un lastre en la confianza para invertir, y por otro lado si vemos en la parte de la ciudadanía se da en cosas muy sensibles donde el tema de seguridad pues está asociado finalmente con la corrupción”, consideró.
El empresario y consultor financiero recalcó que la corrupción está vinculada al problema de seguridad y con actores del sistema de justicia, como son policías, jueces, ministerios públicos. Principalmente los agentes policiacos son los que consistentemente tienen la menor confianza por parte de la ciudadanía en Sonora y la frecuencia más alta de interacción.
“Tenemos una crisis grave de confianza en las instituciones y ahora que está de moda de que vamos a trabajar todos juntos y hacer pactos no podemos hacer pactos ni podemos transitar en una conversación conjunta si no confiamos entre nosotros la confianza, las instituciones siguen estando fincadas en familia, iglesias, escuelas, compañeros, el Ejército tiene de acuerdo a esta encuesta una percepción superior.
Pero por otro lado vemos quienes están en el fondo de la confianza: Gobiernos estatales, municipales, jueces, magistrados, sindicatos, policías diputados, senadores y partidos políticos, entonces en esa parte, en esta danza de la desconfianza y en esta parte, debo decir que no es gratuita, sino ganada por actos de corrupción”, dijo.

Serrato Félix puntualizó que es lamentable para la iniciativa privada y la sociedad civil organizada poder constatar al paso de 5 años y varios instrumentos de la ENCIG que no haya resultados palpables en combate a la corrupción, que resulta muy complicado poder entablar discusiones con actores y funcionarios de Gobierno debido a una disonancia entre lo que se pronuncia como discurso oficial y la calidad de las acciones para mitigar la corrupción, la cual agregó, afecta severamente la competitividad de Sonora y al resto de los estados.
IMCO analiza corrupción, competitividad
Apenas el 17 de junio el IMCO publicó su más reciente Índice de Competitividad Estatal 2020, en el cual Sonora no destacó en ninguno de los subíndices reconocidos con medallas y quedó relegado a un segundo grupo de 16 entidades federativas menos competitivas.
En esta evaluación destaca el efecto de la corrupción y el débil sistema político del estado, indicadores que afectan las condiciones a nivel nacional en un plano económico, en su ambiente de negocios y como imán para atraer inversiones.
Cabe resaltar que el IMCO utilizó indicadores de la ENCIG 2017 para evaluar a todos los estados y que en general el estudio abarca un periodo de tiempo de 2016 a 2018.
Sin embargo evaluó a todos los estados por igual y con el mismo tipo de datos.
La coordinación Ejecutiva de Comunicación Social del Gobierno del Estado de Sonora envió una tarjeta informativa donde enumeraba una serie de puntos, reiterando que los instrumentos de evaluación del IMCO corresponden a años anteriores y no están actualizados.
Particularmente, en la evaluación de su sistema político estable y funcional el IMCO resalta que Sonora fue el peor estado de todos en México, usando datos de la ENCIG anterior.
“El desempeño de esta entidad durante 2018 la ubicó en la última posición en este subíndice. En términos relativos, obtuvo el peor resultado en cuatro de los 10 indicadores que componen el subíndice. Fue el estado con la mayor incidencia en corrupción al reportar 61 mil 652 actos de corrupción por cada 100 mil habitantes (2.4 veces más que el promedio) y la menor participación ciudadana en las elecciones federales de 2018 con una votación del 52% de los ciudadanos registrados en la lista nominal”.
“Además, al igual que otras 23 entidades del país, no consideró la figura del matrimonio igualitario en su legislación local. Junto con otros 10 estados, impuso las mayores barreras a candidatos independientes al puesto de gobernador, al requerir para su registro un número de firmas equivalente al 3% de la lista nominal de la entidad”, resalta el IMCO en su informe.
Al respecto, Urbina Miranda, de Hermosillo ¿Cómo vamos?, comentó que Sonora tuvo malos resultados en este subíndice debido entre otras cosas a que se tomó en cuenta la percepción de corrupción de 2017 en la ENCIG, a las barreras existentes para candidatos independientes y a una baja participación de la ciudadanía en asuntos públicos.
“Si bien los datos de corrupción son de años anteriores, no hay que olvidar que el IMCO evalúa a todos los estados con la misma metodología en un tiempo determinado y esto es verdadero, es una metodología muy compleja”, externó.
A diferencia de los índices publicados previamente, el Índice de 2020 no cuenta con un ranking general a partir de las calificaciones ponderadas de los estados en cada uno de los subíndices analizados.
En su lugar, esta edición busca visibilizar las fortalezas y las debilidades relativas de las 32 entidades federativas y reconocer su desempeño mediante medallas de oro, plata y bronce, ganadas a partir de la posición que obtuvieron en las distintas dimensiones de competitividad analizadas.

1 COMENTARIO

  1. Nos debe mucho el gobierno. Tantas instancias que están destinadas a combatir la corrupción y los resultados dejan mucho que desear. El problema es que no hay un mecanismo de selección que garantice la verdadera representatividad ciudadana en estos organismos y además los instrumentos represores que utiliza el estado para desalentar la denuncia.

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